El asunto no terminó bien en 2016 y ahora se realizan nuevos contactos para mejorar la relación entre el Fondo de Solidaridad y la Universidad de la República (Udelar). En su última sesión del año, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar rechazó por unanimidad una resolución que había tomado en octubre la Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad, en la que se establecía que a partir de enero de 2017 se pasaba a cobrar 4% de la recaudación nominal del tributo adicional por gastos de administración y funcionamiento. En aquella oportunidad, los miembros del CDC concluyeron que el incremento del importe a descontar a la Udelar perjudicaba directamente el plan de obras de la Udelar y por ese motivo pedían la revisión de dicha resolución; además, consideraron que los estados contables del Fondo de Solidaridad ya exhibían “montos muy importantes” destinados a su administración y funcionamiento. Luego de esta reunión del CDC hubo novedades: puntualmente, el 10 de enero se aprobó un decreto reglamentario que, entre otras cosas, establece que la periodicidad de los pagos al Fondo de Solidaridad pase a ser mensual. Con este telón de fondo, y en medio de críticas a dicho decreto de Presidencia por parte de profesionales y algunos políticos (entre ellos la diputada frenteamplista suplente Susana Andrade), se reunieron ayer el rector interino de la Udelar, Juan Cristina, y el presidente del Fondo de Solidaridad, Marcos Supervielle. Según Crisitina, que es además decano de la Facultad de Ciencias, se trató de una reunión “informativa y cordial”, en la que las autoridades del Fondo de Solidaridad explicaron el alcance de las últimas modificaciones y también su estructura de gastos administrativos. “El decreto del 10 de enero cambia varias cosas y ellos nos pusieron al tanto de qué implican esos cambios. Nosotros vamos a armar un memo para dejarle al rector [Roberto Markarian] y el tema lo seguiremos discutiendo en el primer CDC del año, que va a ser en febrero. Los fines del Fondo de Solidaridad siguen siendo buenos, el tema es que la situación impositiva del país cambió desde el momento de su creación. En lo personal, y quiero ser enfático en no comprometer la opinión de la Universidad, creo que sería bueno sumar a los legisladores a esta discusión y analizar con ellos si es viable pensar en cambios legislativos”, declaró Cristina, quien admitió, siempre a título personal, que preferiría una carga impositiva “proporcional a los ingresos reales de las personas”.

Supervielle se focalizó en los beneficiarios del Fondo de Solidaridad. Según dijo, anualmente se destinan unos 17 millones de dólares que benefician a unos 8.000 becarios; además, según estimó, 18% de los egresados universitarios de los últimos años fueron becarios del Fondo. “En la Regional Norte, el año pasado se destinaron 1,7 millones de dólares para becas. En Salto, 50% de los estudiantes son becarios del Fondo, es algo que dinamiza la economía local. En Paysandú casi lo mismo, 1,4 millones de dólares anuales en beca. En el eje Rivera-Tacuarembó destinamos 450.000 dólares anuales y prevemos que este año crezca en Rivera, con la apertura de nuevas carreras. Mucha gente puede seguir estudiando gracias a la beca, porque no podría venir a Montevideo. El impacto a nivel local es importante”, planteó. En cuanto al decreto reglamentario, Supervielle señaló que “lo único realmente novedoso” es el aporte del pago mensual “que nosotros defendemos, porque creemos que es mejor para el que paga y también para la administración de los recursos”. Supervielle aportó otros datos: los profesionales que más pagan al Fondo llegan a los 8.000 dólares, en un período de 35 años. “Hay un grupo de profesionales que trata de hacer carrera con esto, porque sabe que es fácil hacer carrera despotricando contra los impuestos. En lugar de la contribución de un grupo específico, preferirían un impuesto generalizado. Por suerte es un grupo minoritario, de no más de 300 o 400 sobre un total de 120.000 profesionales que aportan al Fondo. Yo acepto todas las opiniones contrarias al Fondo, pero lo que deberían hacer, en realidad, es ir al Parlamento y pedir cambios en la ley”, opinó. Supervielle también se refirió a las críticas que surgieron desde el CDC, vinculadas al funcionamiento administrativo del Fondo: “Sólo el año pasado hicimos 600 juicios a morosos, lo cual implica, sí, un aumento de gastos; por otra parte, tenemos auditorías del Tribunal de Cuentas y de un organismo internacional que nunca observaron un gasto realizado por el Fondo”.