El viernes, al cierre del año, el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo (IM), Eduardo Brenta, firmó una resolución que dispone el inicio de un sumario administrativo a 14 funcionarios de la división de Tránsito, que en setiembre del año pasado habían sido denunciados por estacionar sus vehículos particulares sin pagar el costo correspondiente por ese servicio. En aquella ocasión, además de la sanción monetaria, se ordenó una investigación administrativa, a partir de una recomendación del director de Tránsito de la comuna, Pablo Ferrer, que personalmente había detectado la irregularidad en las inmediaciones de la IM.

La semana pasada, y tras interrogar a los 14 inspectores de tránsito, a Ferrer y al director de la Unidad Inspectiva, el instructor designado por la Asesoría Jurídica concluyó que existen “elementos de convicción suficiente” como para sostener que los funcionarios involucrados en la denuncia incurrieron en una “conducta tipificada como falta administrativa” y, por lo tanto, recomendó el inicio de un sumario administrativo, algo que en los hechos se concretó con la firma que estampó Brenta el viernes.

En concreto, el funcionario de Jurídica cita el literal C del artículo 423.4 del digesto municipal, en el que se considera que “servirse de la función o del cargo en beneficio privado ilegítimo” es considerado una falta gravísima, que se penaliza con un mínimo de tres meses de suspensión y que podría llegar incluso hasta la destitución del cargo (en ese caso, se necesitaría la firma del intendente y el aval de la Junta, que debería aprobar la resolución con una mayoría simple).

El documento de la investigación administrativa, al que accedió la diaria, relata que el 14 de setiembre de 2016, alrededor de las 11.00, el director de Tránsito de la IM constató personalmente que había 14 vehículos pertenecientes a inspectores estacionados sin pagar tarifado en las calles San José y Soriano, entre Javier Barrios Amorín y Santiago de Chile. También agrega otro dato que ya se conocía: varios de estos vehículos tenían pegados en sus parabrisas adhesivos con una letra Z, algo que presumiblemente serviría para identificar cuáles son los vehículos propiedad de los “zorros”, que de esa forma sorteaban los controles que hacen otros integrantes de la división. Consultados al respecto, los inspectores respondieron que la letra Z correspondería en realidad “al logo del equipo de fútbol masculino de funcionarios de tránsito que originalmente se llamaba Los Zorros Grises”. “Según declaran, [el adhesivo] fue confeccionado para su venta entre funcionarios, con el fin de recaudar fondos para la compra de los equipos deportivos”, puede leerse en la investigación administrativa.

Sin embargo, y contradiciendo la respuesta de los funcionarios, el director de Tránsito, Pablo Ferrer, declaró: “No me consta que exista un cuadro masculino de fútbol” integrado por inspectores de tránsito; el director de la Unidad Inspectiva dijo que estos funcionarios “siempre han integrado equipos de fútbol”, aunque no conoce su nombre, y tampoco le consta que “se hubieran vendido adhesivos con su logo”.

Por otra parte, el documento señala que el 14 de setiembre se registró en Montevideo una emergencia climática por vientos fuertes (al punto de que ese día Meteorología declaró la alerta naranja) y que por ese motivo se requirió la presencia de inspectores de tránsito en varios puntos de la capital para atender situaciones de emergencia, como calles cortadas por la caída de los árboles o semáforos que dejaron de funcionar. Debido a esto, ningún inspector de tránsito fue designado para controlar el pago del estacionamiento tarifado en la zona donde se encontraban los 14 vehículos multados. “Si bien esta información no es comunicada a todos los inspectores, tampoco se trata de información reservada, de forma tal que los inspectores conversando entre ellos pueden saber si existe o no control de estacionamiento en una determinada zona”, escribió el instructor de Jurídica. Más adelante, concluye que resulta “absolutamente inverosímil” que los 14 inspectores hayan estacionado uno al lado del otro “y que ni uno solo de ellos hubiera recordado pagar el estacionamiento tarifado, justo el día en que no habría control”. Y luego agrega: “Claramente estos hechos resultan concordantes y convergentes con la existencia de un acuerdo previo y expreso entre todos ellos para estacionar donde lo hicieron sin pagar el ticket correspondiente, aprovechándose del conocimiento de que en ese lugar no habría control”. Ese conocimiento, según Jurídica, podría tipificarse como aquello que el digesto municipal denomina “beneficio propio ilegítimo”, algo que le provoca a la IM un doble prejuicio: el económico, por el estacionamiento tarifado que no cobró, y el daño a la imagen institucional, derivado por toda la situación.