Ayer, 2 de enero, comenzó la fiscalización de vehículos en las zonas costeras, con el objetivo de preservar las playas y dunas. La medida, impulsada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y Prefectura Nacional Naval, en articulación con las intendencias, implica, en palabras del titular de la Dinama, Alejandro Nario, que se controle de una forma “muy contundente” y se apliquen multas “severas”. Cuando se constaten irregularidades, la multa será de 25 UR (23.246 pesos uruguayos), con base en la Ley 16.736, de 1996, que en su artículo 452 establece: “Las acciones de particulares que mediante la utilización de vehículos de cualquier naturaleza impliquen la invasión de zonas de playa o anteplaya están prohibidas, pudiendo ser sancionados los propietarios de los vehículos infractores”.
En un video del canal oficial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Nario explica que se implementó “un plan de inspección para tener presencia en todo el territorio, en coordinación con Prefectura y los guardavidas”, acción que permitirá “un monitoreo continuo”. Explicó que “la carga de vehículos es tan alta que, además de generar un problema de seguridad, porque puede haber niños jugando en las dunas y que aparezca un vehículo, esa cantidad de vehículos termina afectando la vegetación y la biodiversidad”.
En referencia al balneario rochense Aguas Dulces dijo que “las dunas cumplen un rol de disipador de energía”, y si uno pone “estructuras rígidas” para “salir y tener el agua en los pies”, después “termina pagándolo muy caro, porque no hay ninguna barrera natural” que cuide “esas infraestructuras; por más piedras que uno ponga para tratar de protegerla, la próxima tormenta terminará derribando esa casa”.