“No sé si denominarlo colador o sarampión”, estableció la dirigente acerca de los errores parciales en liquidaciones de salarios que afectan a Montevideo y a otros puntos del país. “O el país está filtrado, o se presenta como una erupción en distintos lugares”, agregó.
Algunos de los casos denunciados son: errores en la liquidación por presentismo en Montevideo, Artigas y Cerro Largo; omisiones de pagos a escuelas por horas en salas docentes donde se tratan temas vinculados al funcionamiento institucional en Montevideo, Canelones, Tacuarembó, Colonia y Rocha; falta de pago a tribunales de concurso por Montevideo, Maldonado, Canelones, Rivera y Tacuarembó, y también por el proyecto Red Global de Aprendizajes en Treinta y Tres, Durazno y Canelones.
Además, se constataron omisiones puntuales a una maestra rural de Paysandú por actividades complementarias; a maestras de Montevideo por su trabajo en mesas electorales de las últimas elecciones departamentales; a una de Treinta y Tres que afirma que le deben todo diciembre y parte del aguinaldo; a otra de Montevideo a la que se le deben diez días de setiembre; y maestros de las escuelas Aprender de Pando, a los que se les adeuda las salas de junio.
Iglesias dijo que estos reclamos fueron planteados a las autoridades, pero que la respuesta que se obtuvo fue que “se cerraron las ventanillas”. “Estamos cansados de gente peregrinando por oficinas para entregar notas de reclamo por problemas de liquidación”, agregó. Dijo que hay que considerar que no se está pidiendo “algo de más, algo que queramos, sino lo que es justo y nos pertenece por derecho y compromiso administrativo”.
Cortocircuito
Otro problema refiere a errores de discrepancia entre el grado que corresponde y el que figura en el sistema informático AS400, que administra el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) y provee de información para los concursos, ordenando a los maestros efectivos que aspiran a elegir cargos en escuelas en listas por antigüedad y calificación.
A raíz de una denuncia puntual y azarosa de una maestra que se percató de que el sistema le asignaba un grado 4.4, equivalente a 16 años de actividad, mientras que contaba con 18 años y tres meses de servicio [grado 5.2] probados en la Foja de Servicio, fue que Ademu se enteró de la situación y detectó otros 280 casos que están en la misma situación.
Según Iglesias, se trata de una situación que genera “inseguridad”, ya que los resultados de las juntas calificadoras podrían estar mal hechas “entre 40% y hasta 60%” de los casos.
Ademu transmitió el reclamo de la maestra a la Federación Uruguaya de Magisterio, “puesto que el problema no era sólo montevideano”, y representantes de ambas instituciones tuvieron una entrevista con el consejero del CEIP Héctor Florit, quien reconoció el error en sólo 200 casos a nivel nacional y “expresó su voluntad de solucionar el problema, a la vez que solicitó tiempo para resolverlo”. Más allá de esto, Iglesias sostuvo que se minimizó el problema diciendo que los afectados eran “sólo 280 de 8.000” maestros y que no era “una cifra importante”, pero consideró que “lo cuantitativo no puede tapar el sol de un error grave”.
Finalmente, el CEIP resolvió dar diez días hábiles a los funcionarios que se sientan afectados por el problema para presentarse en las ventanillas con su Foja de Servicio, ante lo cual Iglesias observó que “los días de licencia en primaria son en enero” y que por este motivo es posible que “muchos estén gozando del período ganado”.
“Hemos llegado a un momento en que los maestros y funcionarios pierden la noción de lo que ganan y de la antigüedad que tienen. En la era de la informática, de la sociedad de la comunicación y el conocimiento, no podemos llegar a un absurdo de decir ‘si lo hago a mano seguro queda bien’”, agregó.
“Terminen con las contradicciones”
El tercer reclamo de Ademu refiere a la decisión del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública de tomar parte de un dinero que generalmente se destinaba a una partida a cobrar en febrero para cubrir los recortes introducidos en el último Presupuesto nacional. De 3.000 pesos, los maestros pasarán a cobrar 1.800.
“Cuando vemos que hay recortes pero hay otros gastos en el país, no podemos más que decir: ‘Terminen con las contradicciones’ y hagamos todos el trabajo que tenemos que hacer y bien, porque mal hecho da más trabajo todavía”, dijo Iglesias, quien consideró que los errores mencionados generan pérdida de confianza en la administración, algo que “es muy difícil de recuperar una vez que se pierde”.
Ante esto, los maestros reclaman por “solvencia administrativa, funcionamiento adecuado de la informática, que los programas se ajusten, se asuman las deudas y se abra una instancia de pago complementario inmediato para los cientos que presentaron reclamos en todas las ventanillas de primaria en todo el país”. Asimismo, solicitan que en 2017 no haya problemas de pagos parciales: “Que la gente cobre lo que la autoridad le debe pagar”, reclamó la secretaria general de Ademu.