Fue una movida sin antecedentes a nivel departamental y de una impronta genuinamente popular. Una muchacha con su beba en brazos le preguntó a una doña que tomaba mate en la vereda si había firmado contra el Impuesto al Alumbrado Público. “Sí, m’hijita, ya firmé en la peluquería”, contestó la doña. En el hospital de Colonia, una funcionaria aprovechó la afluencia de convalecientes para informar e invitar a adherirse a la iniciativa: “El que quiera firmar contra el impuesto puede pasar por acá”. Y así, en almacenes, ferias y boliches de todo el departamento, se repartieron las papeletas con las cuales se recolectaron las casi 30.000 firmas que fueron entregadas el viernes en la Intendencia de Colonia (IC), a la atención del intendente Carlos Moreira (Partido Nacional, PN), para “interponer el recurso de Referéndum contra la totalidad del Decreto Departamental No. 034/ 2016” que creó el mencionado impuesto. El “impuestazo”, como lo llamaron sus opositores, dividió a los colonienses en tres franjas cuyos integrantes vienen pagando desde enero, junto a la tarifa de UTE, montos de 100, 200 o 300 pesos para refinanciar una deuda de 240 millones de pesos contraída por la comuna con el ente energético durante la administración del ex intendente Walter Zimmer.

Votado por la totalidad de la bancada de ediles del PN y ocho de los 12 ediles del Frente Amplio (FA), el nuevo impuesto generó una importante indignación popular, que llevó a que en menos de un mes casi 30.000 colonienses estamparan sus firmas para convocar a dirimir el asunto en las urnas, superando ampliamente el quinto exigido del padrón electoral, equivalente a 21.400 firmas.

El jueves, integrantes de la Comisión pro Referéndum y funcionarios de la IC mantuvieron una reunión para instrumentar la entrega de las firmas. La idea de los organizadores era entregárselas al intendente Moreira, algo que finalmente no sucedió.

Sobre las 16.30 del viernes, un centenar de colonienses se congregaron en la explanada de la IC, algunos con carteles y otros con sobres de papel manila en los que se podía leer cuántas firmas se habían juntado en cada pueblo. “Juan Lacaze 4.332”, “Nueva Helvecia 3.900”, y así. “Quedó mucha gente sin firmar, porque como todos los uruguayos, dejaron para último momento. Hay gente que tiene cuatro hijos, ¿cuántos litros de leche menos son? No tienen perdón de Dios, y todavía salió el intendente a querer asustar”, dijo a la diaria Ruth, una docente jubilada que sostenía un sobre en el que se leía la cantidad de firmas recolectadas en Rosario, Valdense y La Paz. “Con esos números hicimos una tombolita”, confesó, entre risas.

Al rato, los ediles frenteamplistas Daniel Almada y Rodolfo Montaña, con un enorme paquete con la totalidad de las firmas, junto a los manifestantes y en un clima de total algarabía, se dirigieron al hall de la IC, en donde las entregaron a la secretaria general, Soraya Bertín. Eran 3.411 fojas con 29.366 firmas.

Si bien la idea de los organizadores era entregar las firmas al intendente Moreira (que unas horas antes, al mediodía, había participado en un banquete en el cual se nombró Vecino Ilustre del Departamento al humorista argentino Luis Landriscina en el marco del lanzamiento de la Fiesta de la Patria Gaucha), este no se hizo presente, lo que fue tomado como una mala señal.

“En los últimos 25 años Moreira fue honrado legítimamente por el pueblo de Colonia, fue electo tres veces intendente y dos veces senador, es muy antidemocrático negarse a recibir las firmas una vez que el pueblo le pide algo”, dijo a la diaria el edil Hébert Márquez (FA). “Son 30.000 firmas recolectadas en menos de un mes, en pleno verano y de manera voluntaria, más que los votos que sacó él en elecciones obligatorias”, agregó.

Márquez, Almada y Montaña participaron activamente en la recolección de firmas contra un decreto que fue votado por la mayoría del propio FA en la Junta Departamental. Asimismo, con relación al referéndum, el FA dejó en libertad de acción a sus adherentes.

Luego de la entrega de las firmas, en la explanada de la IC, distintos actores políticos involucrados hicieron uso de la palabra. La sensación general era de profunda alegría, porque se trató de un hecho histórico. Los organizadores aseguran que si hubieran tenido una semana más de plazo, las firmas se habrían duplicado. La pelota ahora está en la cancha de la IC. El artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal establece que “quedarán suspendidos los efectos del acto del cual se recurre al referéndum, hasta que se produzca éste”, y el 76, que corresponde al intendente, “por medio de la Junta Electoral, disponer todo lo necesario para que el referéndum se efectúe”. Por lo que debería dejar de cobrarse el impuesto hasta que, una vez validadas las firmas por la Corte Electoral, estos vayan a las urnas para decidir, algo que debería ocurrir en un plazo de entre 30 y 60 días.