La conferencia de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) de ayer se centró, básicamente, en dos temas. Por un lado, la presentación del informe sobre condiciones edilicias realizado por el sindicato, y por otro, un acuerdo con el Consejo de Educación Secundaria (CES) sobre líneas de acción ante los casos de violencia contra los profesores. Este “informe de condiciones y medioambiente de trabajo” es el cuarto, y se suma a los tres publicados el año anterior. Este, en particular, relevó 11 liceos en Colonia, Canelones, Montevideo y Soriano, y en total suma, junto a los informes anteriores, unos 60 liceos en todo el país.

El secretario general de Fenapes, José Olivera, dijo que “en todos los puntos del país es un reclamo constante de estudiantes, padres y trabajadores el estado de los edificios educativos”. En ese sentido, afirmó que las distintas administraciones “se han preocupado por construir nuevos edificios, no la cantidad que requiere el sistema educativo, porque sigue habiendo carencias de edificios” y, sin embargo, “no hay una línea presupuestal concreta en el mantenimiento correctivo y preventivo de las plantas ya existentes”. Criticó además la construcción de nuevos edificios bajo la modalidad público-privada, “no porque no sea necesaria la obra, sino por lo que esto implica”.

Hay otras situaciones que preocupan a la federación: “Si juntáramos las aulas que están por todo el país tendríamos una verdadera playa de contenedores, y hay situaciones que son insostenibles”. Olivera expresó además que “hay compromisos que se asumieron por parte de la administración que no se han cumplido”, y un ejemplo es el caso de Dolores, “donde los dos centros educativos que fueron destruidos por el tornado no han sido recuperados como se había comprometido la administración”. “En términos estructurales la situación permanece incambiada”, enfatizó el dirigente sindical.

Encuentros

Emiliano Mandacen, presidente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), dijo que este material “se le entregó a todas las jerarquías de la educación”, y agregó que están dispuestos “a dar cualquier debate y en cualquier espacio con cualquiera de las jerarquías de la educación para debatir los puntos neurálgicos de la educación”. Actualmente, dijo, lo que se hace es “desvirtuar el debate” y “no dar las discusiones de fondo que hay que dar”. El CES y Fenapes llegaron a un acuerdo respecto de “líneas de acción y pautas a seguir frente a hechos de violencia que afectan a los trabajadores en los centros de educación secundaria”.

De afuera

El acuerdo incluye cláusulas como que “en ningún caso los involucrados o testigos serán objeto de sanción o represalias por parte de ningún actor de la comunidad educativa”. También, en caso de que el hecho de violencia sea ocasionado por adultos que no sean estudiantes de la institución, el CES, en conjunto con el trabajador, “podrá efectuar la denuncia penal correspondiente”. Olivera dijo que este punto es especialmente importante, porque “muchas veces el trabajador se enfrentaba solo a esta situación, y hoy se plantea como una medida que la propia administración acompañe al trabajador en la denuncia”. Las pautas prevén también una licencia el día que ocurren los hechos, que se podrá extender hasta 48 horas, plazo al que podrán agregarse 24 horas más con justificación médica. Además, se insta a “agotar todos los recursos existentes para proporcionar una asistencia psicológica a los trabajadores afectados”.

Contra el modelo

“Hoy, el 6% del PIB [Producto Interno Bruto] es un piso; las necesidades están por encima”, dijo Olivera. Agregó que “el debate educativo no es patrimonio pura y exclusivamente de los partidos políticos ni de las autoridades de turno, es del conjunto de la sociedad, porque involucra un proyecto de país y un proyecto de sociedad a futuro”. Dar ese debate, sigue, “implica discutir las políticas educativas y el sentido de la educación, algo que hoy no se quiere discutir por parte de algunos actores, que se presentan desde una posición carente de ideología, o de posiciones políticas”, y que “buscan hacer de la educación un negocio, convertirla en una mercancía con la cual lucrar, una tendencia muy fuerte a nivel mundial y regional que hay que combatir”.