El ex titular del Ejército argentino César Milani fue detenido el viernes en la provincia de La Rioja como sospechoso de allanamiento ilegal, imposición de torturas y privación ilegítima de la libertad de Pedro Olivera, Ramón Olivera y Verónica Matta en 1977, durante la última dictadura argentina.

Milani se presentó ante la Justicia el viernes de mañana para declarar por el caso. Después de cuatro horas, el juez federal a cargo, Daniel Herrera Piedrabuena, finalmente ordenó su “detención con prisión preventiva” para evitar una posible obstaculización en la investigación.

El hombre que lideró el Ejército argentino de 2013 a 2015 fue imputado por crímenes que tuvieron como víctimas a tres riojanos. El primero se cometió el 12 de marzo de 1977, cuando un grupo de militares comandado por Milani entró a la casa de Pedro Olivera y lo detuvo “para verificar sus antecedentes”, según se puede leer en la resolución judicial citada por la agencia de noticias Télam. Olivera fue “trasladado al entonces Instituto de Rehabilitación Social [IRS] donde fue víctima de torturas que consistieron en golpizas estando encapuchado, lo que le produjo la parálisis de medio cuerpo”, de acuerdo con el documento.

Dos días más tarde, se detuvo a Ramón Olivera, hijo de Pedro, a quien se acusó de pertenecer a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo. La resolución establece que Ramón también fue trasladado al IRS, en donde “sufrió amenazas, torturas y tormentos, quedando alojado en un calabozo”. Allí, el hijo de Pedro “fue vendado en los ojos, le ataron las manos por la espalda, fue subido a un vehículo en donde le insinuaban que iban a matarlo, lo bajaron y comenzaron los castigos” mientras lo interrogaban. Cuatro años más tarde, Ramón quedó en libertad y a disposición del juez federal Roberto Catalán, que también está involucrado en esta causa, según el documento judicial. Ramón Olivera denunció a Milani ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos en 1979 y 1984, pero la causa no avanzó por insuficiencia de pruebas.

El tercer hecho tiene que ver con Verónica Matta, que aseguró que Milani comandó el operativo de su “detención ilegal” en julio de 1976, cuando ella tenía 17 años. En su declaración, Matta dijo que fue detenida por ser delegada en el Colegio Nacional Joaquín V González de La Rioja, donde estudiaba y donde además conoció a Alberto Ledo, un soldado riojano desaparecido en Tucumán, caso en el que también está implicado Milani. Denunció haber sido obligada a declarar “bajo tortura”, mientras le preguntaban por Ledo y por los profesores de su colegio. Milani negó cualquier vínculo con estas acusaciones y su defensa argumentó el jueves que se debe cerrar la causa. Sin embargo, el juez rechazó ese pedido argumentando que “no estaban dadas las condiciones para plantear ese recurso” y Milani quedó detenido el día después.

La abogada de Milani, Mariana Barbitta, dijo a una radio que la prisión preventiva dictada contra el ex militar es “absolutamente arbitraria e indignante”, ya que “no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento” de la investigación. El sábado, la defensa pidió al juez Herrera Piedrabuena que revoque la decisión de mantenerlo preso mientras avanza el juicio.

Mientras se analiza este pedido, Milani está recluido en el servicio penitenciario provincial de La Rioja. Ayer, la abogada denunció que su cliente está detenido en condiciones “paupérrimas” y “alarmantes” y no descartó la posibilidad de presentar un recurso de hábeas corpus si “se agrava” la situación. Agregó que Milani fue encarcelado en un momento “conveniente” para el gobierno del presidente Mauricio Macri, con el propósito de que se desvíe la atención de los casos del Correo Argentino y el ajuste en las jubilaciones.

La detención de Milani provocó diferentes reacciones en el oficialismo, que celebró la resolución judicial y cuestionó la honestidad del gobierno anterior. La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, dijo que el fallo de La Rioja revela la “hipocresía” del kirchnerismo y las organizaciones de derechos humanos, que “defendían al general Milani” a pesar de que existían “sospechas de que había tenido algo que ver con las barbaridades que la dictadura generó” en el país. “Es incoherente”, concluyó en declaraciones a una radio.

En el mismo sentido, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que la sentencia final de la Justicia determinará si el “compromiso con los derechos humanos del gobierno anterior” era una “postura demagógica” o “un compromiso real”. A su vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, acusó a los organismos de derechos humanos de negarle el apoyo a la familia Olivera y haberla “maltratado”.

En tanto, el diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié, hijo de desaparecidos, dijo que recibió “con alegría” la detención de Milani, la cual, dijo, fue posible “gracias a la política de derechos humanos que impulsaron Néstor y Cristina Kirchner” en sus respectivos gobiernos.