El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, pidió a su par estadounidense, Donald Trump, que evalúe la posibilidad de deportar al ex mandatario Alejandro Toledo “en el marco de las competencias que la ley de migración de Estados Unidos brinda al Departamento de Estado”, según informó la cancillería de Perú en un comunicado. Sobre Toledo pesa una orden de búsqueda y captura desde el jueves por sospechas de que recibió 20 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
Las autoridades peruanas sospechan que Toledo está en la ciudad de San Francisco, donde tiene una casa, y pretenden que Estados Unidos lo deporte a su país de origen para que se someta a la Justicia. Sin embargo, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo el domingo que su paradero es “por el momento desconocido”. También se dijo que el ex presidente podía estar en Israel, país del que su esposa es ciudadana. Sin embargo, la cancillería israelí informó que el matrimonio nunca llegó al país y advirtió que, en caso de hacerlo, no permitiría el ingreso de Toledo hasta que resuelva sus asuntos legales en Perú.
Kuczynski le planteó la solicitud a Trump en una conversación telefónica que mantuvieron el domingo de noche. Unas horas más tarde, el mandatario peruano informó en un mensaje televisado sobre las acciones que está ejecutando su gobierno contra la corrupción pero no precisó cuál fue la respuesta de Trump a su pedido de deportación. “Hemos tomado todas las acciones que las leyes permiten a nivel nacional y en jurisdicciones internacionales para lograr que el ex presidente [Toledo] regrese a Perú para aclarar su situación frente a la Justicia”, dijo.
El ministro del Interior peruano dijo a Radio Programas del Perú que, en caso de que se encuentre en Estados Unidos, Toledo todavía puede salir de allí con libertad porque la Justicia estadounidense todavía no ordenó su detención en su territorio. Explicó que las autoridades estadounidenses solicitaron más documentación para tener toda la información a su alcance antes de proceder a la captura de Toledo.
La Fiscalía de Perú considera que hay indicios suficientes para pensar que Toledo cobró coimas a cambio de conceder a Odebrecht la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur. Por esa razón, lo imputó por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos y decretó su ingreso en prisión preventiva por 18 meses, mientras transcurre la investigación.
El ex presidente salió a defenderse el domingo por primera vez desde que la Fiscalía lanzó la orden en su contra. En un comunicado publicado en Twitter, Toledo aseguró que no es un fugitivo de la Justicia peruana y reclamó presunción de inocencia sobre los delitos que se le imputan. Argumentó que cuando salió de Perú no había cargos en su contra y dijo que colaborará con la Justicia siempre y cuando no lo “prejuzguen” culpable. Agregó: “Voy a defenderme y nunca me rendiré a una cacería de brujas políticamente motivada”.