La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados recibió ayer a representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma). Además de tocar temas generales, como la incidencia del desempleo en el sector, se trataron otros dos aspectos: la situación de los trabajadores de la ex Fripur y las nuevas restricciones a la pesca artesanal.

Los integrantes del sindicato solicitaron que se extienda el seguro de desempleo para más de 450 trabajadores de Fripur. Carlos Vega, secretario general del Suntma, dijo que a muchos ya se les terminó el seguro, y un porcentaje importante tiene el beneficio hasta el 28 de febrero. De los 900 trabajadores de Fripur, 560 pasaron al seguro y alrededor de 70 lograron reinsertarse en otros rubros. En 2016, la comisión presentó al Parlamento una minuta para extender el seguro. Esta fue aprobada y remitida al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no la autorizó.

El diputado del Frente Amplio e integrante de la comisión Luis Puig (PVP) dijo a la diaria que es una situación que le preocupa. “Nos parece fundamental que se acceda a la extensión de ese seguro de paro especial”, dijo, puesto que los trabajadores plantearon un proyecto de cooperativa para la producción de harina de pescado. “Creemos que la extensión del seguro es un elemento que contribuye al proyecto. No compartimos que desde el MEF no se le dé luz verde”, aseguró.

Puig dijo que “el Estado realizó préstamos a empresarios privados que no fueron devueltos. Existe el convencimiento de que los antiguos dueños de Fripur volcaron esos fondos a otros emprendimientos productivos”, por ejemplo la proveedora de energía eólica Kentilux SA, perteneciente a la familia Fernández. A la comisión ya asistieron los integrantes del directorio del Banco República (BROU) para explicar cuáles fueron los mecanismos de control que se utilizaron para los préstamos. Las deudas con el BROU y el Banco de Previsión Social de los ex dueños de Fripur ascienden a más de 70 millones de dólares.

“En su momento se nos dijo que ese esfuerzo fue para tratar de que no se cerrara Fripur, pero efectivamente cerró y se perdieron 900 puestos de trabajo. La deuda se generó en el mismo momento en que los empresarios violaban las leyes del país y atentaban contra las libertades sindicales. Son los mismos empresarios que ahora tienen negocios florecientes”, afirmó.

Para Puig, Fripur es una demostración de cómo no deben operar los empresarios privados. “Un caso muy concreto que demuestra lo que ha sido el Estado uruguayo durante todo el siglo XX: funcional al enriquecimiento de los empresarios. Los mismos empresarios que cuando tienen que optar por cerrar un emprendimiento no consideran la pérdida de puestos de trabajo. Son los que nos dicen que hay que bajar los costos del Estado cuando se generan subsidios para los que fueron desplazados por ellos”.

En diciembre de 2016, la Justicia adjudicó la venta de Fripur a la empresa canadiense Cooke Aquaculture. Según Vega, hasta ahora sólo tomaron personal de confianza, y no empleados comunes, por lo que la situación de los ex empleados se mantiene igual.

Cabe recordar que en setiembre del año pasado, UTE pidió que la Justicia considerara a Fripur y Kentilux SA como un grupo económico. Kentilux es la propietaria de un parque eólico en San José que le vende energía a UTE, y sus titulares son integrantes de la familia Fernández. El proyecto de producción de energía renovable supuso una inversión de 20 millones de dólares, financiada en 30% con fondos propios y en 70% por el BROU. Fripur cerró en agosto de 2015; en ese momento la deuda de Fripur con UTE llegaba a 27 millones de pesos.

Pesca artesanal

Otro de los planteos realizados por el Suntma fue el tope impuesto a los pescadores artesanales.

Vega dijo que se aplicó una restricción a la cantidad de pescado que pueden capturar. “Pueden traer 2.000 kilos por embarcación por semana, lo que disminuye un gran porcentaje del salario”. Según el representante, en la zona de Nueva Palmira y Carmelo salían tres pescadores por embarcación, y ahora lo hacen sólo dos.

Consultado sobre este tema, Puig dijo que el tope está contemplado en la Ley 19.175, que establece: “Pesca artesanal: es aquella que cumpla con las características respecto al tamaño de la embarcación, la que no podrá superar las diez toneladas de registro bruto y utilice las artes de pesca que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos establezca para cada zona de pesca”.

Puig explicó que hay personas que tienen 13 o 14 permisos de pesca. “Esos no son pescadores artesanales que salen en su chalana, estamos hablando de un proceso de concentración en detrimento del resto de los trabajadores. Estas personas tienen asalariados, lo que desvirtúa lo que se considera un trabajador artesanal”, dijo el representante nacional.