La noticia la dio ayer Subrayado. La jueza Julia Staricco, responsable del Juzgado Penal de 16º Turno, procesó con prisión a tres personas por “estafa continuada especialmente agravada”. Se comprobó que al menos desde 2011 “reclutaban a personas de asentamientos a quienes les pagaban entre 500 pesos y 1.500 pesos para hacerlas pasar por empleados de empresas fantasmas y de esta forma afiliarlos a una mutualista a través del Fonasa [Fondo Nacional de Salud]”, informó el noticiero. A su vez, la mutualista pagaba al promotor 1.800 pesos por cada afiliado. Según Subrayado, “uno de los promotores afilió en un solo mes a 1.000 usuarios, que le generaron al Fonasa una pérdida de 4.000.000 de pesos, pero la Policía trabaja en más de 31.000 afiliaciones fraudulentas desde 2011”. La estafa fue descubierta por la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo. El estafado es el Fonasa, que administra la Junta Nacional de Salud (Junasa), porque era el que pagaba a la mutualista por los afiliados, pero sin recibir el aporte del trabajador ni el de la empresa, que no existía.

Los tres procesados, dos hombres y una mujer, son de Montevideo, confirmó Staricco a la diaria. También son de Montevideo las mutualistas a las que fueron afiliados los presuntos trabajadores, o al menos eso es lo que la Justicia ha detectado hasta ahora, aclaró la jueza, quien señaló que se formó un presumario y se seguirá trabajando en el caso. Contó que días atrás concurrieron a declarar entre 40 y 50 personas, que eran las que habían sido afiliadas de manera ilegal a la mutualista. De acuerdo con lo que publicó ayer El Observador, “se cree que hay más de 3.000 personas que fueron engañadas y aceptaron ‘inscribirse’ a una mutualista”. También declararon ante la Justicia Arturo Echevarría, presidente de la Junasa, y funcionarios de al menos siete mutualistas, informó Subrayado, que añadió que la jueza le pidió al Banco de Previsión Social (BPS) la nómina de funcionarios para ordenar nuevas citaciones. La estafa incluyó también al BPS, puesto que “dos de las personas, además de ser intermediarios, cobraban subsidios por desempleo cuando en realidad no les pertenecía”, dijo Staricco a este medio. Los afiliados no sólo eran los trabajadores, sino otros integrantes del núcleo familiar; el pago del intermediario al “afiliado” era superior en el caso de que tuvieran menores a cargo.

Con el reajuste de enero de 2017, el Fonasa paga a cada mutualista 6.090 pesos por cada niño menor de un año y 5.202 por cada niña menor de un año; luego, el pago por menores de 19 años va de 953 pesos a 1.783, dependiendo del sexo y la edad. Entre adultos, la cuota más baja (944 pesos) se paga por hombres que tienen entre 20 y 44 años (por mujeres de esa edad son 2.020 pesos, por los costos de la etapa reproductiva); la cápita más cara es la de hombres de más de 74 años: 4.914 pesos.

Controles

María del Rosario Oiz, directora del BPS, se excusó de hacer declaraciones hasta estar en conocimiento de la resolución judicial. No obstante, en diálogo con la diaria afirmó que “hace años” que el BPS viene denunciando situaciones de “empresas truchas”, pero hasta ayer desconocía si esta estafa responde a denuncias hechas por el organismo o por el Ministerio de Salud (MS). Incluso, afirmó que el BPS ha ido cambiando los controles a lo largo de los años, “porque una de las cosas que visualizamos es que generás una forma de evitar una maniobra y aparece otra; eso nos ha permitido detectar algunas situaciones”. Aclaró que hasta el viernes no había llegado al BPS ninguna notificación de la Justicia ni habían sido citados funcionarios de esa institución a declarar en estos días; sí lo habían hecho anteriormente.

Echevarría dijo a la diaria que fue a declarar hace dos semanas. El MS y el BPS darán hoy una conferencia de prensa para informar sobre el cierre del período de “corralito” y, claro está, el tema de la estafa estará sobre la mesa.

El MS ya había advertido, a principios de enero, que estaría alerta ante el delito de intermediación lucrativa -que las mutualistas paguen para captar nuevos socios-, pero esto parece ir más allá: es una maniobra que incluye empresas truchas, trabajadores que no son tales y, en el caso de los dos procesados, una estafa al BPS.

Las afiliaciones de cada trabajador no duraban más de tres meses, advirtió Echevarría, porque “una afiliación de alguien que no paga cae automáticamente a los tres meses”, por el control que lleva el BPS. En ese sentido, la mutualista no puede sacarle tanto el jugo a esa “intermediación” como a las que suelen darse durante el corralito, cuando puede aspirar a tener al trabajador afiliado durante los 36 meses que tienen que transcurrir para volver a cambiar de prestador.