El ex presidente de Chile y candidato a la reelección Sebastián Piñera dijo que si es electo nuevamente otorgará prisión domiciliaria a los represores de la dictadura que tengan enfermedades terminales y estén encarcelados. “Por una razón humanitaria, debiéramos no indultar, sino cambiar la prisión en una cárcel por la prisión en su domicilio, para que pueda morir con dignidad junto a sus seres queridos, que es un derecho que tienen todos y cada uno de los seres humanos”, dijo el candidato de derecha.

Desde que confirmó su candidatura, Piñera se ha comprometido a corregir “todo lo malo que ha hecho el gobierno actual”, liderado por la presidenta Michelle Bachelet. Entre otras cosas, dijo que derogará, al menos parcialmente, la reforma que dispone la gratuidad universal en la educación terciaria.

Sin embargo, fue su anuncio sobre los represores de la dictadura el que generó más polémica. Este es un tema que nuevamente está sobre la mesa en Chile, porque en el último mes murieron tres condenados por delitos de lesa humanidad por enfermedades terminales mientras cumplían su condena en el penal especial de Punta Peuco. A raíz de esa situación, Raúl Meza, abogado de varios ex militares presos, anunció que presentará un recurso de protección ante Bachelet para que ella se pronuncie sobre la situación. El tema también causó polémica en diciembre, cuando familiares de los presos pidieron el indulto presidencial para los mayores de 70 años que sufren enfermedades terminales, una solicitud que fue rechazada.

El pronunciamiento de Piñera generó reacciones incluso del oficialismo. “Ha quedado claro que ya no es el candidato de la centroderecha, sino el de la derecha dura, de aquellos que van a Punta Peuco, de aquellos que dicen: ‘¡Viva Chile, viva Pinochet!’”, manifestó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, que de forma interina está liderando la cartera en lugar de Mario Fernández.

Las declaraciones de Aleuy motivaron una respuesta en la oposición de derecha: Cecilia Pérez, que fue portavoz del gobierno de Piñera, dijo en su cuenta de Twitter que se trata de una “escandalosa intervención electoral” del gobierno. Por su parte, el vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente, que respalda la candidatura de Piñera, dijo que constituye una reacción de la coalición de izquierda, Nueva Mayoría, porque “le tienen miedo” a Piñera, “le tienen pánico, porque saben que es la candidatura de la mayoría de los chilenos”.

Piñera sí tuvo un respaldo en el oficialismo: el del ministro de Justicia, Jaime Campos, que dijo públicamente que “todos los condenados tienen derecho a morir con dignidad”, aunque también consideró que es “legítimo” que se pida que esto no se aplique a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. En todo caso, Campos cree que este tema debe ser regulado por ley y no depender exclusivamente de la voluntad presidencial y los indultos.

El viernes, varias decenas de personas protestaron frente al Palacio de La Moneda, convocadas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para exigir el cierre de la cárcel destinada a criminales de la dictadura de Augusto Pinochet. La protesta se repite todos los viernes, desde hace 32 semanas. “Demandamos el cierre del penal Punta Peuco para los violadores a los derechos humanos y el término de las libertades a los genocidas que cumplen condena”, dijo a la agencia de noticias Efe Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación. Los familiares de las víctimas han denunciado que Punta Peuco es una cárcel “cinco estrellas”, con canchas de tenis, terrazas para hacer asados, comodidades que no tienen otros centros de detención pero sí este.