Quieren que Montevideo sea un departamento libre de racismo y discriminación. Ayer, la Junta Departamental de Montevideo (JDM) realizó una jornada para discutir sobre cómo lograr eso. Se sugirieron algunas de las posibles acciones a tomar para lograr una convivencia sana en la ciudad. Los panelistas (miembros de la sociedad civil y de organismos estatales) coincidieron en la necesidad de “visibilizar” el racismo y la discriminación, realizar una deconstrucción histórica de los imaginarios sociales, hacer conocer la legislación vigente sobre el tema a las instituciones estatales y realizar campañas de “sensibilización” para que se denuncie.

En la mesa redonda, titulada “Diálogo hacia un Montevideo libre de racismo, discriminación racial y xenofobia”, el Panel I contó con la participación de Ana Agostino, defensora del Vecino; Marcelo Ortiz, representante de Universitarias/os, Técnicas/os e Investigadoras/es Afro-uruguayas/os (UAFRO); Beatriz Santos, de la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo; Martín Delgado, del Consejo de la Nación Charrúa de Uruguay, y Cristina Demarco, de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; fue moderado por la edila frenteamplista Adriana Barros, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la JDM.

La primera en hablar fue Agostino, quien señaló que desde 2014 hasta lo que va de este año, la Defensoría del Vecino ha recibido 22 “asuntos vinculados a discriminación”, y que “van aumentando paulatinamente”. Las denuncias refieren a discriminación por discapacidad, edad, diversidad sexual, migración, género, origen étnico-racial y obesidad. En el caso de los asuntos vinculados a migrantes, Agostino indicó que recibieron el reclamo “directamente de las personas migrantes”, pero también de vecinos que “se quejan” de su presencia. Delgado fue el segundo en hablar, y aseguró que hay una “serie de estereotipos” que se instalaron a principio del siglo XX, como el de “Uruguay Suiza de América”, que excluían, en su concepción de cómo debe ser el país, a los indígenas. “Nosotros no existíamos en esa ciudad”, afirmó. Los indígenas “son del campo, viven en tolderías, son analfabetos. Esa es la única forma posible de ser indígena: estar destinados a extinguirnos, porque el desarrollo nos lleva a convertirnos en ciudadanos de bien”. En ese sentido agregó: 5,9% de la población de Montevideo se reconoce como indígena, “¿cumplen o no con el estereotipo de lo que tiene que ser un indio? Como sólo un par de familias indígenas cumplen el estereotipo, como sólo hay pocas, prácticamente no debería haber política pública”. Delgado afirmó que Montevideo no ha “visibilizado” su presencia, y encima “glorifica a los genocidas y colonizadores”. “¿Podría ser factible la desmonumentalización, una política monumentadora distinta?”, preguntó.

Por otro lado, Demarco señaló que la primera denuncia que recibió la IGTSS fue por persecución sindical a fines de la década del 80. Desde ese entonces, dice, el mundo de los derechos del trabajo se fue haciendo más conocido, y por ende, más denunciado. El año pasado la IGTSS recibió 350 denuncias por discriminación; la mayoría por acoso sexual y moral, las de xenofobia y racismo “no fueron tantas”.

Santos opinó que los municipios deberían poder recibir denuncias por racismo. A su vez, para que la “inclusión deje de ser un tema estadístico”, sugirió “llamar a sala a los responsables de implementar las políticas, para dialogar y descubrir las falencias y virtudes ya instaladas”. Una de las propuestas de la UAFRO fue realizar “tutorías” con adolescentes de ciclo básico de educación pública, y “poner el foco en los afrodescendientes”. “Los indicadores dicen que puntualmente en Montevideo los afrodescendientes tienen un mayor índice de ausencia a nivel de secundaria, y que nuestras adolescentes [afrodescendientes] son madres antes que el resto de la población”, afirmó.