Después de 14 días de paro, los trabajadores de la arrocera Arrozal 33 llegaron a un preacuerdo con la empresa y levantaron el campamento sindical que habían instalado en el cruce de la ruta 18 con el camino Arrozal Treinta y Tres. El preacuerdo implicó el levantamiento de las sanciones a las dos delegadas sindicales que habían sido suspendidas tres días por participar en una asamblea de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines y su reintegro (una de ellas había sido enviada al seguro de paro). Además, la empresa acordó pagar una hora extra por traslado a los trabajadores que viven en Vergara (al comienzo de las negociaciones los trabajadores reclamaban el pago de dos horas extras, mientras que la empresa estaba dispuesta a pagar media hora). Por último, se acordó conformar una mesa de negociación para discutir condiciones de trabajo y mejoras salariales. El preacuerdo se alcanzó el domingo con la empresa y el lunes, después de que la asamblea de trabajadores lo aprobara, y pese al feriado, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Treinta y Tres se firmó un acta para ratificarlo.

Si bien el conflicto parecía encaminarse a una solución, ayer, cuando los trabajadores se presentaron a iniciar la jornada laboral, la empresa había resuelto modificar el lugar de trabajo y la tarea a un grupo de entre seis y siete trabajadores. En ese grupo, que suele hacer tareas de laboreo y cosecha y al que le encargaron hacer labores de desagüe, había dos delegados sindicales electos durante los días que duró el campamento, y algunos trabajadores que se afiliaron al Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA). Todos habían adherido a la medida de paro y al campamento sindical, que reunió a 60 trabajadores de la empresa. “Se les dijo que no se realizarían tareas de cosecha habituales por el mal clima, pero sabemos que no es así, que es una medida de represión hacia los trabajadores que tomaron la medida de lucha, porque fue un día de trabajo normal en la cosecha”, explicó Marcelo Amaya, dirigente del SUTAA, en diálogo con la diaria. Amaya contó que los trabajadores no aceptarían el cambio de trabajo a menos que la orden llegara por escrito, lo que no sucedió en toda la jornada. Para el dirigente del sindicato arrocero, esta medida implica no respetar el preacuerdo firmado: “el trato era que hubiera diálogo permanente con los trabajadores y el respeto a los convenios firmados”.

Sobre la mesa de negociación, Amaya dijo que algunos temas se discutirán en la mesa bipartita con la empresa y los trabajadores, en referencia a las propuestas de mejoras salariales y discusión sobre las condiciones de trabajo. Pero, en paralelo, otros temas se discutirán en una mesa tripartita, en la Dirección Nacional de Trabajo. En ese caso, se refiere a “violaciones e incumplimientos de los convenios firmados, y la categorización de los trabajadores”. Por un lado, los trabajadores de la empresa aseguran que no se cumple con un convenio de 2006 que estableció que se debe pagar el jornal cuando, por razones ajenas al trabajador, ese día no puede trabajar (por ejemplo, cuando hay herramientas o vehículos rotos, o por cuestiones climáticas). A su vez, a raíz de este conflicto la empresa planteó, por escrito, según informó Amaya, la posibilidad de pagar media jornada en estos casos. “Es demasiado descaro: queda en evidencia por escrito que viola el convenio. Ellos lo tomaron como una propuesta del sindicato a discutir, cuando era una denuncia”, añadió el dirigente. Respecto de la categorización, Amaya indicó que en el sector rige que sólo puede haber trabajadores “semiespecializados” por un año, ya que luego deben pasar a la categoría “especializados”, pero que, no obstante esto, hay trabajadores que hace hasta cinco años que están contratados como “semiespecializados”. Estos dos puntos, añadió el dirigente, implican irregularidades y, por lo tanto, créditos laborales impagos, por lo que deben discutirse en el MTSS.

Amaya también puntualizó que el lunes, al ratificar el preacuerdo en el MTSS, la empresa introdujo una cláusula para limitar a los trabajadores de las chacras el uso de la hora extra por traslado, cuando según el dirigente el preacuerdo era que fuera para todos los trabajadores que viven en Vergara. “Los trabajadores no quedaron conformes con el preacuerdo. Sin embargo, firmaron para poder iniciar una mesa de negociación y restablecer las relaciones laborales, pero la empresa insiste con estas pequeñas trampas, y me parece que el MTSS debe jugar de otra manera”, opinó Amaya.

Este será el planteo central de los trabajadores de SUTAA esta mañana, cuando se presenten ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. “El ministerio es el que debe controlar y regular estas cuestiones; la Inspección [General de Trabajo] ha ido muchas veces a esta empresa, y debe tomar cartas en el asunto”, consideró el dirigente.