El Juzgado Letrado en lo Penal de 16º Turno tendrá hoy una nueva audiencia por la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y al Banco de Previsión Social (BPS), por la que, desde fines de febrero, fueron procesadas 25 personas. Entre ellas están las procesadas por el delito de intermediación lucrativa, que implica el cobro de dinero por afiliar a una persona en una institución de salud.

El viernes 31 la jueza Julia Staricco procesó a dos personas: un hombre de 63 años y su pareja, una mujer de 43 años, que trabajaban para las mutualistas Cudam y Círculo Católico, según informó Subrayado. Pero la mayor novedad del viernes fue el allanamiento que la jueza ordenó al despacho, en la Junta Departamental de Canelones, del edil Álvaro Puerto, electo por el Partido Nacional y que ahora integra el Partido de la Gente. Según informó anoche Subrayado, Puerto era gerente comercial del Círculo Católico. La jueza dictó una orden de captura internacional para Puerto, que está fuera del país desde el jueves. Según Subrayado, en el despacho del edil se encontraron boletas de una empresa falsa vinculada al Círculo Católico y que era base de la maniobra fraudulenta mediante la cual se captaban socios para esa mutualista. La estafa ronda el millón de pesos y abarca un período desde enero de 2016 hasta ahora.

Por este hecho declaró el viernes el presidente de la Junta Departamental de Canelones, Juan Ripoll (Frente Amplio). En diálogo con la diaria, Ripoll se excusó de dar detalles por estar todo bajo secreto de presumario, pero aclaró que “no hubo dolo contra la Junta”, como trascendió en la prensa durante el fin de semana, cuando se dijo que Puerto presentaba en la Junta las boletas de la empresa falsa y las cobraba como gastos de trabajo.

Mónica Ferrero, la fiscal del caso, explicó a la diaria que la situación del edil ameritará la elaboración de una vista “más fundamentada”, algo que no se ha hecho con los últimos procesamientos. “Los últimos procesamientos son del mismo tenor, básicamente de empresas falsas en las que los titulares afiliaban a gente en forma irregular”, dijo, y agregó que “seguramente cuando tengamos resuelto lo del edil, esa vista va a ser más fundamentada, porque sería un hecho nuevo dentro de toda la maniobra, dado que hay documentación que es importante analizar”.

“Ante informaciones vinculadas a presuntos ilícitos cometidos por un edil electo por el Partido Nacional y que milita desde hace unos meses en nuestra colectividad política, la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido de la Gente ha resuelto suspenderlo hasta tanto se pronuncie la Justicia, disponiendo también el pase de los antecedentes al Tribunal de Disciplina, tal como lo establecen nuestros Estatutos”, comunicó el viernes la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido de la Gente.

En diálogo con la diaria, Daniel Peña, diputado canario por el Partido de la Gente (electo por el Partido Nacional), expresó su sorpresa por lo ocurrido y acotó que está esperando a comunicarse con Puerto, algo que no ha podido hacer. “Fue como un balde de agua fría”, dijo. Añadió que la empresa del edil estaba al día con el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva. De todos modos, prefirió separar del partido el accionar del edil: “Es un tema que no pasa por la agrupación. Es un tema privado, de su trabajo, y con la Junta, es un tema privado de cada edil, no pasa por la agrupación”. Según trascendió en la prensa, Puerto ya había sido indagado por la jueza Staricco meses atrás, pero entonces no se había comprobado ningún ilícito. Al respecto, Peña dijo haberle preguntado a Puerto, pero “nos dijo de su inocencia, y luego de las actuaciones de la Justicia se había desprendido que era como decía él, entonces no tuvimos mucho más que avanzar”. Aclaró: “Ni siquiera teníamos sospechas; era alguien a quien teníamos en la mejor de las consideraciones”.