Durante dos años, representantes del Poder Judicial, del sistema penitenciario y de la sociedad civil trabajaron en la elaboración de un protocolo de actuación para la atención de niños y adolescentes cuyos responsables están privados de libertad. El protocolo se aprobó en setiembre de 2016 y se lanzó el viernes 12, en una conferencia en el Ministerio del Interior (MI), en la que el ministro Eduardo Bonomi buscó colocar otros dos temas en la agenda: pidió acortar el tiempo que los niños viven con sus madres en la prisión y contar con un “purgatorio”, una institucionalidad intermedia en la que internar a jóvenes mayores de 18 años que están bajo la órbita del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

El protocolo fue firmado por el MI, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), INISA y el Comité de los Derechos del Niño-Uruguay. Uno de los principios del protocolo fue “establecer las bases para la coordinación interinstitucional para los casos en que la actuación policial, judicial o penitenciaria pueda influir en la eventual vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”, dice el texto. Se define la articulación interinstitucional en los 12 casos en que se aplicará: detención -in fraganti o planificada- de la persona en presencia o no de niños; detención a la espera de resolución judicial y permanencia en unidades de ingreso y derivación; alojamiento en unidades de internación de mujeres con hijos, de mujeres embarazadas y el nacimiento de niños en cárceles; visitas; prisión domiciliaria, preegreso y excarcelación.

Inédito

“Es la primera vez que los tres poderes del Estado firman un protocolo, atendiendo la protección integral de niño, niña o adolescente en esta situación especial de vulnerabilidad”, dijo Rosario Burghi, asesora del MI en materia penitenciaria. En cuanto a su aplicación, comentó que las instituciones firmantes formaron una comisión de seguimiento y que se capacitó a 160 funcionarios designados por instituciones que capacitarán a sus compañeros a nivel nacional.

Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, saludó en la conferencia de prensa la “capacidad de articulación” de las instituciones y que se contemplen todas las etapas del proceso, desde la detención al egreso. Bonomi dijo que “en el protocolo no está suficientemente establecida la actuación policial durante la detención” y que dentro del MI deberán trabajar en torno a ese punto.

Lo mismo destacó, en diálogo con la diaria, Lía Fernández, quien trabajó en el protocolo en representación del Comité de los Derechos del Niño. Sostuvo que ningún país de América Latina contaba hasta ahora con un protocolo enfocado en los niños que viven en estas situaciones. “Es la primera vez que se sientan los tres grandes actores que se tienen que sentar para pensar este tema: el sistema judicial, el sistema penitenciario y el sistema de protección a la infancia. No hay experiencias previas al respecto”, comentó. Agregó que muchas veces el foco ha estado en los niños que viven en las cárceles con sus madres, pero que casi no se habla “del 99,8% del resto de los niños, que son los que viven las detenciones, los allanamientos, las visitas”.

Fernández participó en la capacitación a los 160 funcionarios y notó que los del MI no registraban la situación de los niños durante los allanamientos. “En estas capacitaciones los policías transmitían que es una situación de mucha adrenalina, de mucha violencia, en la que queda en un plano absolutamente secundario la situación de esos niños”, relató, señalando una “tensión” entre la seguridad y la garantía de los derechos de los niños.

Según Fernández, uno de los puntos pendientes es considerar “cuáles son las políticas de seguridad y cuál es la tendencia, que sigue existiendo en Uruguay y en América Latina, del encarcelamiento como la única respuesta a las situaciones de inseguridad o de seguridad ciudadana, con los impactos secundarios que eso genera, no sólo a quien es privado de libertad, sino a sus hijos e hijas”.

Otras leyes

Bonomi dijo que el protocolo “es un paso muy fuerte”, pero que tiene limitaciones, concretamente “leyes que se tienen que aprobar”. La primera es “hasta qué edad los menores pueden estar acompañando a la madre en un centro de privación de libertad. Mientras que a nivel internacional se considera un máximo de dos años, nosotros lo permitimos hasta los cuatro y, por la vía de excepción, hasta los ocho años. Esto no significa que los menores acompañen a las madres privadas de libertad, sino que ellos son privados de libertad”, dijo, y pidió fijar el límite en los dos años. Agregó que los niños no pueden crecer en una cárcel, “asumiendo hasta una forma de hablar que es propia de la cárcel”, sin embargo no comentó nada sobre las recomendaciones del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario presentadas en marzo, que apuntan a crear un programa nacional de atención a madres presas con sus hijos a cargo basado en pequeñas unidades –como era El Molino, experiencia cortada en 2016- y en estimular las medidas alternativas a la prisión.

Según el ministro, se necesita, además, una ley para que los infractores mayores de 18 años no estén internados en centros de privación de libertad con menores de 18. Esas situaciones ocurren cuando un muchacho tiene que seguir cumpliendo medidas socioeducativas luego de los 18, o cuando, por ejemplo, se fuga sin haber completado la pena, comete un delito por el que va preso a una cárcel de adultos y, al ser liberado, debe terminar de cumplir la medida socioeducativa. “La protección del menor implica separarlo de quien dejó de ser menor, delinquió como mayor, pasó por un establecimiento de rehabilitación de mayores y vuelve al INISA; esta situación requiere una ley”, afirmó Bonomi, que argumentó que quienes pasaron por el Comcar “empujan a los otros menores a las prácticas y los duelos” de ese sitio. En atención a esto, propuso que se establezcan tres niveles: “Un nivel de menores de 18, un nivel de mayores de 18 y un purgatorio, que es intermedio; quien sale” de la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez [ex Comcar] “o de otra cárcel tiene que ir a un nivel intermedio, y no a donde están los menores de 18. Incluso habría que ver si quien llega a los 18 no tiene que pasar un nivel intermedio”.

Consultada por la diaria sobre este tema, Fernández opinó que “lo ideal sería pensar en otras alternativas a la privación de libertad, más que seguir pensando en instituciones”. Manifestó que en la cárcel de mujeres de Montevideo hay 30 mujeres que viven con sus hijos, y que la mayoría están presas por el delito de microtráfico y otros delitos menores. Fernández consideró que “el debate es más profundo” y que hay que pensar diversas estrategias para que “la única respuesta no sea institucionalizar”, en lugar de estar pensando cuál es la edad en la que el niño tiene que estar con estas mujeres, porque “estamos hablando de 30 mujeres”.