FA incluyó entre sus principios la condena al “imperialismo” de Estados Unidos

Las bases del Frente Amplio (FA) y sectores como el Partido Comunista (PCU), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Casa Grande lograron el sábado, en el Congreso de la coalición de izquierda, introducir algunos cambios sustanciales al documento base “Principios y valores” del FA. El Congreso ya había aprobado en noviembre de 2016 el primer capítulo del documento, que entre otras definiciones sumó al carácter “antiimperialista” y “antioligárquico” de la coalición, además de “antipatriarcal” y “antiracista”, y el sábado se votaron los capítulos restantes, referentes a inserción internacional, desarrollo sostenible, vínculo entre Estado y mercado, y definiciones sobre democracia, poder y gobierno.

El primer cambio sustancial que resolvió el Congreso al documento base fue una acusación directa a Estados Unidos de intentar “romper con el proceso de unidad de los pueblos y gobiernos” en América Latina y de promover los golpes de Estado en Honduras, Brasil y Paraguay. “Solamente en la última década, el imperialismo norteamericano intervino militarmente en una gran cantidad de países, en todos los casos dejando un saldo de destrucción material, millones de desplazados, muerte de civiles, imposición de gobiernos a la fuerza y sobre todo, saqueo de los recursos naturales”, establece el texto, ahora parte integrante del documento de principios del FA. La moción, aprobada con la oposición de Asamblea Uruguay, Alianza Progresista -el sector del canciller, Rodolfo Nin Novoa- y el Nuevo Espacio, señala también que Estados Unidos pretende “aislar y satanizar” a Venezuela. Agrega que, ante el fracaso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Estados Unidos propone otros formatos de injerencia, como los Tratados de Libre Comercio (TLC), y encabeza “ofensivas diplomáticas con el fin de beneficiar a los países cuyas oligarquías hacen los deberes del imperio”. Sostiene, además, que las empresas transnacionales buscan “la concentración del conocimiento a través de la propiedad intelectual y el régimen de patentes”, en momentos en que el Poder Ejecutivo somete a consideración del Parlamento el ingreso de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP).

La senadora de Asamblea Uruguay Daniela Payssé dijo a la diaria que su sector votó en contra de esta disposición porque entendía que era demasiado particular para incluirla en un documento sobre principios, y porque no iba con el tono y la redacción del texto.

El diputado Óscar de los Santos, de Alianza Progresista, explicó a la diaria que rechazaron la “formulación” de la disposición porque “no hacía al fondo de la cuestión” y porque “ya hay definiciones programáticas en ese sentido”. Además, evaluó que no era “conveniente” aprobar un texto de ese tenor en este momento, porque “la lectura de buena parte de los medios es de un apriete de sectores del FA hacia el gobierno”. “Y yo creo que no es así. Hay una diferencia entre el rol del partido político, en este caso el FA, con sus definiciones políticas e ideológicas, y la gestión cotidiana de los conflictos que hace el gobierno. [La disposición aprobada] no puede vincularse de ninguna manera con la toma de decisiones del gobierno”, consideró De los Santos.

Mecanismos de defensa

Otro fragmento discutido refirió al concepto de defensa. El documento base considerado por el Congreso sostenía que la defensa regional es un “bien público” y que Uruguay no está “eximido de la responsabilidad de contribuir a ella” con sus “recursos humanos y materiales disponibles”. Casa Grande propuso eliminar esta disposición. El congresal Diego Brum, de ese sector, fundamentó que era necesario suprimir este párrafo porque ingresaba en una definición de defensa nacional sin haberla discutido previamente. “Tenemos distintas visiones sobre la definición y el papel del Ejército, y deberíamos discutirlas” antes de “meter una definición por la ventana”, fundamentó Brum. Finalmente, el Congreso resolvió eliminar esta disposición, con la oposición, entre otros, del Movimiento de Participación Popular.

El Congreso realizó otros agregados al documento base. Por ejemplo, uno que establece que “el Mercosur sigue teniendo relevancia estratégica para el desarrollo, así como Aladi [Asociación Latinoamericana de Integración] y Unasur [Unión de las Naciones Suramericanas]”, los que junto a la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) y la cooperación sur-sur “complementan la proyección de nuestra inserción internacional”. La Celac y la Unasur deben ser, según el documento aprobado por el FA, “actores en defensa de la paz, la no injerencia en los asuntos de otras naciones y la solución negociada de los conflictos”. Otro agregado rechaza los “acuerdos internacionales que afectan la soberanía de nuestro país”; otro establece que “una política internacional de izquierda siempre debe estar al servicio del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”.

En cuanto a las definiciones sobre democracia, hubo una breve discusión en el plenario que se laudó por unanimidad, respecto de la democracia representativa y la “democracia social”. Manuel Ferrer, del comité Cuaró, sostuvo que el FA debe promover una “democracia social” y no una “democracia liberal, exclusivamente representativa”. El ex legislador Carlos Baráibar, de Asamblea Uruguay, puntualizó que, más allá de los matices, “todo el FA debe celebrar que todo el FA es democrático”.