El fallo de la Corte Suprema responde a un recurso presentado por la defensa de Luis Muiña, uno de los condenados por los crímenes cometidos en el hospital Posadas, en Morón. En 2007 Muiña fue detenido y en 2011 se lo condenó a 13 años de prisión por integrar un grupo parapolicial que actuó dentro del hospital y creó allí un centro clandestino de detención conocido como “El Chalet”, recordó la agencia de noticias estatal Télam. Muiña fue considerado responsable de la privación ilegal de libertad y las torturas que sufrieron Gladys Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Roitman, Jacqueline Romano y Marta Graiff. Los cinco fueron detenidos cuatro días después del golpe de Estado, el 28 de marzo de 1976, durante un operativo con tanques y helicópteros con el que se ocupó el hospital. Esa operación fue liderada por Reynaldo Bignone, que por entonces era secretario del Estado Mayor del Ejército y después se convertiría en el último presidente de la dictadura.

La sentencia de Muiña fue confirmada en 2013, y ese mismo año un tribunal dispuso que se aplicaba al caso la Ley 24.390. Otro tribunal, de mayor jerarquía, anuló esta decisión, que le habría permitido a Muiña salir de la cárcel en noviembre de 2016. Pero ayer la Corte Suprema volvió a otorgarle ese beneficio al ex represor.

Una mayoría de tres integrantes de esa corte (Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) consideró que siempre corresponde la aplicación de la ley más benigna a un condenado, sin importar qué delito cometió. Otros dos magistrados (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) estuvieron en desacuerdo porque ese criterio se aplica cuando una ley sucede a otra, y en cada caso “requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”. Entendieron, además, que como los delitos de lesa humanidad son de carácter permanente, durante el tiempo en que se están cometiendo las leyes no se suceden, sino que coexisten.

También el fiscal Martín Niklison consideró que no se aplica a este caso la Ley 24.390, porque esta norma entró en vigencia en 1994 y fue derogada en 2001, por lo tanto no estaba vigente ni al momento de los secuestros ni cuando el procesado cumplía con la prisión preventiva. De acuerdo con Télam, el fiscal señaló que incluso en los años en que estaba vigente la ley, Muiña contó con la impunidad que le daban las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El secretario de Derechos Humanos argentino, Claudio Avruj, se refirió ayer a la decisión judicial: “Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Hay que ser respetuosos del fallo de la Corte. Por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”. De acuerdo con el diario La Nación, el jerarca aclaró que él “permanentemente” condena “el proceso sistemático de desaparición, tortura y muerte” de la dictadura, pero que la Justicia “tiene que ir trabajando y tomando decisiones con total independencia”.

También opinó Cecilia Pando, la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, que defiende a los represores condenados. “¡Excelente fallo de la Corte!”, tuiteó, “Hay que volver al Estado de derecho”.

Muy distinta fue la reacción de Taty Almeida, vocera de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “No les importa nada, basurean la memoria de nuestros hijos. Es un día nefasto”, dijo. También la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió el fallo en declaraciones a la radio AM 750: “Es una estafa a la moral social, nos están destruyendo no sólo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida”. La dirigente agregó que “estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados”, y dijo que “lo que no se juzga y se condena, se repite”.

En redes sociales las críticas de distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos se multiplicaban. En Twitter, la ex presidenta argentina Cristina Fernández publicó: “Hace unos instantes, como en el Juego de la Oca, la Argentina retrocedió 20 años en materia de derechos humanos”. Fernández cuestionó que “los dos nuevos jueces de la Corte Suprema [Rosatti y Rosenkrantz] votaron equiparar el terrorismo de Estado con los delitos comunes”, recordó que “el mismo [presidente] Mauricio Macri dijo que iba a terminar con ‘el curro’ de los derechos humanos”, y consideró que “este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior”, el que ella lideró.