El diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay, Frente Amplio –FA–), actualmente presidente de la cámara baja, fue quien firmó e impulsó el proyecto de ley sobre cambios al derecho de autor que acordaron la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU). El proyecto fue presentado a mediados del año pasado en la cámara baja por diputados del FA y del Partido Independiente, en rechazo al proyecto que tiene media sanción del Senado y que había sido criticado por AGADU y la CUL.

Ante la noticia de que ahora los diputados del FA analizan introducirle modificaciones, Mahía sostuvo que esto significa cometer “un error tras otro”. Entre otros, la titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), María Julia Muñoz, el Consejo de Derechos de Autor (CDA), que funciona en el ámbito del MEC, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, el Núcleo Interdisciplinario sobre Recursos Educativos Abiertos y Accesibles, y el Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de la República, cuestionaron varios aspectos del texto.

La iniciativa acordada entre la FEUU, la CUL y AGADU, e impulsada también por el PIT-CNT, “fue la respuesta al proyecto de ley que venía del Senado y lesionaba los derechos de los trabajadores de la cultura”, opinó Mahía, que consideró que “la virtud del acuerdo de los actores sociales está, entre otras cosas, en que ubica un punto de acuerdo de posiciones originalmente contrapuestas”. Señaló que las críticas que el CDA hizo al texto del acuerdo “no son nuevas” y sugirió que “sería bueno saber si también representan a los delegados no estatales del Consejo”. Mahía recordó que la bancada de diputados del FA respaldó el acuerdo en diciembre “y en marzo resolvió apoyarlo como proyecto de ley”, por lo que, a su entender, “todo acuerdo que se promueva desde el FA debería contar con el acuerdo expreso de los involucrados”. “Me llama la atención que quienes se alinean, un día sí y otro también, con el llamado ‘bloque social de los cambios’, no lo hagan con respecto a un tema tan sensible como es el derecho a vivir del trabajo de quienes generan la cultura y el conocimiento”, opinó. El diputado sostuvo que continuar en la línea del proyecto aprobado en el Senado significaría “que los creadores paguen con su trabajo el acceso al conocimiento y la cultura que demanda la sociedad”; en su opinión, los instrumentos deberían ser otros.

Florencia Ualde, abogada de la FEUU que participó en todo el proceso de discusión de los proyectos, reivindicó que el acuerdo “es parte de un consenso que se generó entre varios actores involucrados, en el que todos vimos la necesidad de tener que ceder algo de nuestras posiciones originales para que salga” el proyecto de ley. Explicó que hace cuatro años que se discute este tema “y, al menos para la FEUU, es muy importante que se apruebe”. “Pensamos que con el acuerdo se trataba de lograr cierto equilibrio necesario para que las cosas salgan”, sostuvo. Reconoció que el texto acordado “es más restrictivo que el original” que había presentado la FEUU, pero aseguró que “es lo posible, y lo que lo enriquece es haber logrado el acuerdo con las otras organizaciones”, como AGADU y la CUL, que cuestionaron duramente el proyecto original. Consideró que el proyecto acordado “puso el tema sobre la mesa, y nada obsta que más adelante sigan agregándose modificaciones y siga profundizándose en el tema”.

Ualde señaló que espera que la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja, que actualmente discute el tema, convoque a las distintas organizaciones involucradas en el texto.