El debate sobre la regulación de la economía social y solidaria tiene varios años, ya que durante la discusión de la Ley General de Cooperativas (18.407) se planteó la creación del Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social (Inacoopes). Finalmente, no se incluyó a la economía social entre los cometidos del instituto, que terminó siendo el Inacoop, pero se le encomendó a este organismo, por el artículo 187, “realizar propuestas sobre su alcance y regulación [de la economía social y solidaria], de modo de favorecer la formación de un marco jurídico que facilite su desarrollo y promoción”. Con ese objetivo, en 2014 el Inacoop conformó una comisión integrada por varias organizaciones de la economía social, representantes de la Universidad de la República y el Ministerio de Turismo, que trabajó todo el año y generó un borrador de proyecto de ley de economía social y solidaria. Pero en 2015, con el cambio de gobierno, el proyecto “siempre quedó pendiente, porque se nos caía arriba lo del Fondes [Fondo para el Desarrollo], la transición, el nuevo organigrama”, comentó a la diaria el presidente del Inacoop, Gustavo Bernini. Ahora, a impulso de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), se retomó el trabajo sobre el texto que se espera presentar al Poder Ejecutivo y al Parlamento.

El borrador del proyecto de ley define qué se considera la economía social y solidaria y qué figuras jurídicas abarca el sector. Además de las cooperativas, el sector incluye a las empresas autogestionadas, las sociedades de fomento rural y “emprendimientos y redes que favorezcan la soberanía alimentaria, la agroecología y la producción de alimentos orgánicos”, entidades y redes de producción artesanal, asociaciones civiles que brinden asesoramiento y asistencia técnica o financiera a organizaciones de la economía social y solidaria, y, en general, “otras figuras jurídicas cuya naturaleza sea acorde a los principios” que definen la economía social y solidaria. La definición incluye en el sector a organizaciones que no suelen estar en estos ámbitos. De hecho, a la presentación del proyecto de ley que organizó Cudecoop el 10 de mayo en el edificio Mercosur concurrieron representantes del Círculo Católico, Casa de Galicia, la Asociación Española, ANDA y la Comisión Nacional de Fomento Rural, lo que fue considerado positivo por Bernini. “La diferencia de este proceso que comenzó ahora con respecto al proceso anterior de discusión es que ANDA y las mutualistas no participaron antes, y ahora sí; eso es un cambio de calidad importante, y se viene acercando un acuerdo. Es necesario que todas las expresiones de la economía social y solidaria puedan estar participando en algo en común, respetando sus identidades”. La amplitud del sector es importante, reconoció, ya que lo integran “desde organizaciones como ANDA, que tiene 250.000 afiliados, hasta organizaciones por el comercio justo o productores artesanales”, ejemplificó Bernini.

Una vez que haya acuerdo entre las organizaciones de la sociedad civil, el Inacoop presentará el proyecto al Poder Ejecutivo para que este lo presente al Parlamento, ya que hay algunos aspectos de la propuesta sobre los que el Ejecutivo tiene iniciativa privativa, por ejemplo, a la hora de exonerar de impuestos. El artículo 9º del borrador del proyecto de ley otorga al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar excepciones, exoneraciones y reducciones de impuestos (“Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Específico Interno, Impuesto al Patrimonio, contribuciones a la seguridad social y de todo otro gravamen, contribución, impuestos nacionales directos o indirectos de cualquier naturaleza creados o por crearse”) a los emprendimientos de la economía social y solidaria. Diego Moreno, asesor letrado del Inacoop que participó en la elaboración del borrador, explicó que si se aprobara esto, el Inacoop podría elaborar propuestas de exoneración de algunos impuestos para los emprendimientos, y el Poder Ejecutivo podría aprobarlas por decreto, sin necesidad de ley. El proyecto también habilita que los emprendimientos de la economía social y solidaria puedan ser beneficiarios del Fondes y que puedan participar en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo en las compras estatales.

Por otra parte, el texto que está a discusión crea el Registro de Entidades de la Economía Social y Solidaria, que gestionaría el Inacoop, entre los emprendimientos que cumplan con los “principios orientadores” del sector: “prácticas solidarias, asociativas, cooperativas y de ayuda mutua; la participación democrática en la toma de decisiones; la autonomía de la gestión; la primacía del ser humano y del bien común sobre el capital; la equidad social y de género; el respeto a la naturaleza, la diversidad cultural y el desarrollo local, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus integrantes o de la comunidad en procura del desarrollo humano y la democratización de la economía a partir de la producción de bienes y servicios, su distribución, circulación, comercialización, financiamiento y consumo justo y responsable”.