“Esta ley no garantiza un aporte interdisciplinario”, “54 organizaciones decimos no a una ley estigmatizante”, decían algunas de las pancartas colgadas ayer de tardecita en la plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo. Desde las 13.00, integrantes de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental -conformada por 54 organizaciones de usuarios, familiares, académicas, sociales, de derechos, proyectos comunicacionales, entre otras- se manifestaron frente al edificio anexo del Palacio Legislativo, con la intención de explicarles a los diputados por qué no les conforma el proyecto de ley de salud mental. El texto fue aprobado en octubre de 2016 por la Cámara de Senadores y desde abril está siendo tratado por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados. En las sesiones de comienzos de mayo la mayoría de los integrantes de esa comisión manifestó su conformidad con votar el proyecto rápidamente y sin modificarlo, de modo que no tuviera que ser discutido nuevamente en el Senado y que consiga la aprobación antes de la discusión de la Rendición de Cuentas, para que esa ley pueda incluir el presupuesto necesario para mejorar la atención de la salud mental. “Yo creo que esas son excusas y argumentos para no innovar, para no proyectarse hacia cambios verdaderamente profundos”, explicó ayer Miguel Scapusio, integrante del Servicio Paz y Justicia-Uruguay (Serpaj). Él y Mónica Giordano, de Vilardevoz, detallaron, en diálogo con la prensa, uno a uno los cambios que piden.

Rechazan el término “trastorno mental”. El artículo 1º del proyecto de ley dice que se enfocará “particularmente” en las personas con trastorno mental, y emplea esa denominación 34 veces. “Si esto es una ley de salud mental, no puede ya ir de frente con una definición que tiene que ver con una enfermedad, sino que debería cubrir la complejidad del campo de la salud mental y su multicausalidad. Hacer énfasis en la enfermedad contradice el mismo espíritu de la ley”, explicó Giordano. Scapusio agregó que el uso de ese concepto demuestra un enfoque erróneo y parte “de la ignorancia de las verdaderas causas que generan padecimientos y afectaciones en la gente”. “Parecería que la disciplina psiquiátrica reclama para sí todo el saber sobre el tema”, dijo el referente de Serpaj. Añadió que “este proyecto ratifica una línea médica -biologicista y psiquiatrizante- de que las personas tienen trastornos mentales por causas personales, individuales y biológicas, y que no tienen nada que ver con lo social”. “Son personas usuarias de servicios de salud mental a las que les pasan muchas cosas: estamos preocupados por nuestros niños, tenemos problemas familiares, no nos alcanza el sueldo, nos quedamos sin vivienda; no tenemos un trastorno mental. ¿Eso es causa de un trastorno mental? No, es causa de una afectación que tenemos en tanto personas, habitantes de un país en donde las cosas todavía tienen una gran dosis de injusticia en los aspectos sociales”, reclamó.

Otro de los planteos es que el órgano de revisión de la aplicación de la ley sea independiente y autónomo del Ministerio de Salud (MS), tal como lo es en “todas las legislaciones modernas”, reclamó Giordano, y agregó que, de esa forma, se garantiza que sea independiente del Poder Ejecutivo, de los intereses disciplinares, de los intereses económicos, y que se garanticen los derechos humanos de las personas con problemas en salud mental.

Los voceros reclamaron que si bien el proyecto manifiesta una intención de hacer abordajes interdisciplinarios, el texto no garantiza que eso ocurra en la práctica. Entre otras cosas, no se define qué profesionales integrarán los equipos interdisciplinarios, y se le da a la medicina un rol destacado. Eso ocurre, por ejemplo, al momento de definir las internaciones involuntarias, en las que se reserva para el psiquiatra un rol exclusivo. Pidieron, además, garantizar la intersectorialidad: “Necesitamos todos los saberes puestos en juego, los de los trabajadores sociales, los de los psicólogos, los de los antropólogos, los de los psiquiatras, todos en juego para pensar en la persona de forma integral; eso es fundamental y esto no está garantizado en la ley”, transmitió Giordano.

Scapusio evaluó que “todo el proceso va dejando por el camino una cantidad de aportes que desde hace largo tiempo están haciendo las organizaciones. El proyecto cambia el envase y empeora el contenido, no toma en cuenta los derechos humanos más que en las consideraciones generales”. Dijo, además, que el texto incumple con tratados y convenciones internacionales que ha firmado Uruguay en relación a los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud.

Los voceros calificaron de “sinsentido” que el texto no derogue la Ley de Patronato del Psicópata, una institución integrada por los directores del Hospital Vilardebó y las colonias psiquiátricas, que se eliminarán con esta futura norma, aunque el proyecto no menciona fechas.

Scapusio reprobó que algunos diputados quieran votar el proyecto “a tapa cerrada” y comentó que incluso algunos legisladores “utilizan un argumento de sinceramiento que es sorprendente, y es que los psiquiatras están presionando mucho. Esto es muy extraño, porque sabemos que en la votación de cualquier ley hay grupos de presión, pero que el Poder Legislativo sea sensible sólo a un grupo de presión -que está representado por la psiquiatría-, dejando de lado a los usuarios, a los familiares, a una cantidad de organizaciones y a colectivos de profesionales, nos parece realmente llamativo”, dijo.

Por su parte, Giordano cuestionó el “apuro”. Dijo que Martín Lema (Partido Nacional), en la comisión, había manifestado que se podían buscar mecanismos para que la Rendición de Cuentas aumentara el presupuesto para salud mental, aun sin tener aprobada la ley.

Durante la movilización en el anexo del Palacio Legislativo el diputado suplente de Lema, José Satdjian, les prometió un encuentro para dialogar. El colorado Tabaré Viera los recibió y “quedó asombrado” con que el órgano revisor no fuera independiente del MS, y se comprometió a charlar con Nibia Reisch, diputada de su bancada e integrante de la comisión.

Dentro del Frente Amplio (FA), Giordano comentó que Gerardo Núñez, Macarena Gelman y Gonzalo Civila se han mostrado abiertos a los planteos de las organizaciones, pero no el resto. “Es una sensación entre tristeza y decepción, porque en realidad uno tenía toda una expectativa de que el FA iba a poder tomar este proyecto para profundizar en derechos”, lamentó Giordano.