Gladys Cuervo era enfermera del hospital Posadas en 1976, cuando ese centro fue tomado por represores de la dictadura argentina. En el operativo, que incluyó tanques y helicópteros, participó Luis Muiña, el represor que fue beneficiado por el fallo del 2x1 de la Corte Suprema, que acortó su pena de prisión. En una entrevista con el diario Página 12, Cuervo contó que todavía tiene en el cuerpo las cicatrices de las torturas que sufrió durante los dos meses que estuvo secuestrada en El Chalet, el centro de detención clandestino que se instaló dentro de ese hospital. Diez de sus compañeros de trabajo siguen desaparecidos.

Cuando conoció el fallo de la Corte Suprema, Cuervo manifestó su asombro y su malestar, pero agregó que eso no le haría “bajar los brazos”. Días después, presentó ante ese mismo tribunal un pedido para que anule ese pronunciamiento. Si bien el Congreso argentino aprobó una ley que impide la aplicación del beneficio del 2x1 a otros represores, el fallo en el caso de Muiña no fue modificado.

Según informaron Página 12 y Clarín, en el escrito que presentó su defensa ante el tribunal, Cuervo recordó que las leyes argentinas prevén que la Corte Suprema declare un fallo nulo, en cualquier etapa del proceso judicial, en caso de que se vean afectadas normas constitucionales. Además, solicitó que en caso de que el tribunal no acepte anular su fallo, sí acceda a revocarlo, teniendo en cuenta que no escuchó a las víctimas antes de emitirlo. Recordó que, en otro juicio, la Corte Suprema resolvió revisar su propia sentencia -en ese caso lo hizo para evaluar si prevalecían las leyes del país o las internacionales-. Los representantes legales de Cuervo señalaron que hay varias normas que contemplan el derecho a las víctimas a presentar sus quejas en procesos como este. El reclamo de Cuervo también se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibió otros varios en reacción a esta resolución de la Corte Suprema argentina.