La Confederación de Cámaras Empresariales envió una carta pública al presidente Tabaré Vázquez en la que afirma que el proceso de la aprobación de la Rendición de Cuentas es visto por el sector privado “como una oportunidad para introducir medidas orientadas” a reducir el gasto público para abatir el déficit fiscal. La carta establece que la política fiscal tiene “consecuencias directas en los agentes y en la asignación de recursos”, y que la “escasa monetización” de la economía uruguaya “limita la eficacia estabilizadora de la política monetaria, lo cual hace de la política fiscal el ancla de la estabilidad macroeconómica”.

Para las cámaras, el déficit fiscal oscila hace varios años entre 3,5% y 4%, y durante el período de desaceleración “se decidió no bajar el gasto público para no exacerbar la baja del ciclo, política que ya no tiene sentido sostener”. Según la carta, “se hace indispensable ajustar el gasto y equilibrar las finanzas públicas, encauzar el endeudamiento a una trayectoria sostenible, limitando las distorsiones que provoca el permanente déficit fiscal”. Las cámaras consideran que el gasto público debe ser “abatido y reordenado”, y que los recursos asignados a la Administración Central “deben ser estudiados cuidadosamente y racionalizados”. Entre otras cosas, proponen “avanzar en modificaciones normativas” para evitar “descalabros financieros como el de ANCAP, que perjudican a toda la sociedad”; expresan su preocupación por los “magros resultados educativos”, y proponen que si “se generaran ahorros en áreas menos estratégicas podrían orientarse a la educación, apuntalando sustancialmente las competencias de los futuros trabajadores, condición indispensable para un bienestar integral y sustentable”. “La decisión de aumentar los recursos destinados a la enseñanza, acompañada de metas concretas en el mediano plazo, contará con nuestra cooperación”, afirman.

Finalmente, expresan su oposición “a que se introduzcan nuevos impuestos” y, al contrario, proponen que “se creen las condiciones para bajar las tasas de algunos impuestos”, porque el sector privado “no soporta más impuestos, ni aumentos de tasas de los existentes”.