Un informe anexo a la Rendición de Cuentas presentada el martes revela que en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2016 no se cumplió con el ingreso al Estado de personas con alguna discapacidad (4%) ni con la cuota para los afrodescendientes (8%).

En 2016 ingresaron 36 personas con una discapacidad a los organismos obligados por ley, lo que representa 0,66% de las vacantes generadas. La ley 18.651 establece que tiene que ser 4% del total de vacantes generadas en el año. Si se hubiera cumplido con lo establecido, tendrían que haber ingresado 219 personas con discapacidad. A pesar de estar muy lejos de lo marcado por la ley, la cifra supera la de 2015, cuando ingresaron 22 personas. En los últimos 16 años el pico se produjo en 2014, cuando entraron 75 personas.

El Poder Legislativo fue el que superó la cuota con creces (18,8%), pero la cifra se relaciona con las vacantes, que fueron sólo 16. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a pesar de que ingresó una sola persona, también cumplió con la cuota: 6,7%.

Del total de personas que ingresaron 25 son hombres (69,4%) y 11 son mujeres (30,6%); la mitad tienen entre 30 y 45 años. 60% corresponde a personas con dificultades motrices, de visión y de audición. 63,9% ingresó para cumplir tareas administrativas, seguido por los funcionarios que entraron a servicios generales (25%). La institución en la que ingresaron más personas con alguna discapacidad fue la Universidad de la República (13), seguida por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (siete), mientras que a la Intendencia de Durazno ingresaron cinco. Sobre la Udelar, el documento aclara que no corresponde aplicar el concepto de cargos vacantes, por lo que los datos se tomaron sobre los ingresos totales provistos.

Según el texto, “fueron 30 los organismos del Estado donde no se produjo ningún ingreso de personas con discapacidad, aun con cantidad de vacantes suficiente para dar cumplimiento a lo dispuesto”.

Los organismos de la Administración Pública y las Personas Jurídicas de Derecho Público No Estatal no tomaron a ninguna persona con discapacidad, y en la misma situación están otros órganos del Estado. Desde el año 2000, 459 personas con discapacidad han sido empleadas en organismos del Estado. Mediante el Programa Yo Estudio y Trabajo se incorporaron 15 jóvenes con discapacidad, de los cuales 14 están empleados en Montevideo y uno en Paysandú.

El informe destaca que una persona ingresó al Instituto Nacional de Vitivinicultura y una a la Intendencia de Artigas, pero no fueron consideradas porque no ocuparon puestos permanentes.

El Estado tampoco cumplió con el artículo 4° de la ley 19.122, que refiere al ingreso de personas afrodescendientes. En 2016 entraron 275 afrodescendientes en los organismos públicos estatales. Esto representa 1,78% del total de ingresos en el año, cifra muy alejada del 8% que establece la ley. En 2015 ingresaron 341 personas, y “si bien [en 2016] se da un menor número de ingresos y se observa una mayor distancia del cumplimiento de la cuota con respecto al año 2015, es importante notar también que son más los organismos que contemplaron la cuota en sus ingresos, pasando de 13 a 19”, dice, no obstante, el informe. El Poder Ejecutivo fue el que más porcentaje alcanzó: 3,32%. “En cuanto al cumplimiento, solamente el Ministerio de Educación y Cultura [MEC] cumplió con la cuota establecida en la ley 19.122, con 2 personas afrodescendientes ingresadas, lo que representa un 66,7% del total de sus ingresos”.

Con relación al sexo, entraron más hombres que mujeres: 68% contra 32%. Respecto de las edades, 75% corresponde a personas de entre 18 y 29 años, 21% de entre 30 y 45 y 4% a mayores de 45 años.

La mayoría de los hombres ingresaron en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y en el del Interior (MI).

De los 275 puestos de trabajo que ocupan las personas afrodescendientes ingresadas, 147 pertenecen al personal subalterno del MDN y el MI, 55 cumplen tareas relacionadas con servicios generales y oficios, 27 son administrativos y seis son docentes.

Desde 2014, año en que se comenzó a implementar la ley 19.122, hasta el 31 de diciembre de 2016, entraron 756 personas afrodescendientes en 22 organismos del Estado.