Hablar del rol de las empresas públicas y de qué papel deben jugar en un proyecto político refiere directamente a los objetivos que ese proyecto se plantea, ya que aquellas son instrumentos muy importantes en cualquier estructura estatal, pero han sido particularmente determinantes en el caso de la formación social, económica y política de Uruguay.

La izquierda social y política atraviesa tiempos complejos en cuanto a los desafíos que la realidad presenta, sobre la que también inciden la acción, el programa y la estrategia desplegada. El pragmatismo como forma política de resolver la contradicción entre lo deseable y lo posible parece haberse hecho dueño del escenario, y las condiciones difíciles que impone el capital se transforman de a poco en las reglas para determinar la estrategia y la táctica.

Lo deseable, más que la consecución objetiva de avances en un sentido transformador, es el rumbo que se asume, ya que la dirección del proyecto desplegado determina el objetivo final, más allá de los tiempos. Lo posible lo determina la correlación de fuerzas existente, y en ese terreno responder a la síntesis que el poder económico plantea significa en muchos casos consolidar lo que no se quiere.

El papel que se les ha asignado a las empresas públicas no financieras ha ido cambiando a lo largo de la historia de Uruguay. Los diferentes rumbos no solamente eran amoldados según la necesidad en cada etapa histórica del sistema global y la consecuente inserción internacional que este determinaba para Uruguay, sino que fueron resultado de correlaciones de fuerza absolutamente dinámicas, que a nivel social y político marcaban su síntesis en concordancia o confrontación con los procesos económicos y políticos mundiales.

Mucha agua ha corrido y corre aún bajo el puente desde aquel impulso de fines del siglo XIX al incremento de la actividad del Estado en la economía como parte de un proceso de modernización y consolidación, hasta la impronta ideológica y material absolutamente prescindente de estas que se impuso en la década del 90. Muchos cambios de rumbo que siempre dejaron su huella.

En la izquierda social y política hay importantes contradicciones acerca del rol que deben tener las empresas públicas. Existe una fuerte tensión entre visiones contrapuestas, tensiones que siempre existieron y que se manifestaban, por ejemplo, por medio de las posiciones respecto de las distintas luchas emprendidas en defensa del patrimonio público, pero que se acentuaron desde el momento en que el Frente Amplio asumió el gobierno, en 2005.

En un contexto económico de crecimiento sostenido por el boom del precio de los commodities, dichas contradicciones quedaron parcialmente solapadas y existió margen para que se tornara bastante difuso el modelo a impulsar, pero luego de 2015 la situación cambió, y las condicionantes económicas marcaron la necesidad de establecer un rumbo claro. Mientras algunos planteaban que era necesario potenciar la inversión para dinamizar la economía y generar empleo, otras voces, mayoritarias, se enfocaron en la necesidad de maximizar las transferencias a rentas generales para equilibrar las cuentas.

Esta contradicción actualmente se está resolviendo en favor de una visión absolutamente desarticuladora de las empresas públicas, no en el sentido de la concepción neoliberal de los 90, pero hay que entender que detrás del tan buscado “resultado fiscal” vienen políticas regresivas que posibilitan el avance del capital privado sobre el patrimonio público.

El gobierno uruguayo sigue apegado a las viejas recetas fondomonetaristas que impiden la expansión del Estado. Es ahí que encontramos el tope de endeudamiento y particularmente el modo de contabilidad de las finanzas públicas. Este último determina que las inversiones sean contabilizadas como gastos en el año fiscal corriente y no se amorticen en el tiempo, lo que determina un desfasaje en los equilibrios macroeconómicos que genera y aumenta el déficit fiscal.

Es absolutamente válido identificar profundas dificultades de gestión, pero estas no se resolverán si se continúa con la estrategia de prescindir de los trabajadores en esta órbita de las discusiones.

Existen diversos niveles de análisis que deben estar presentes para esclarecer tanto el papel que deben jugar en un proyecto político de izquierda como el que juegan efectivamente hoy. Todos los niveles se interrelacionan en forma dinámica, y juntos sintetizan estrictamente el proyecto de país impulsado. Identificarlos acerca elementos sustanciales para definir el futuro.

Las empresas públicas garantizan el acceso a derechos. Para el modo de producción capitalista, los derechos de la población son una anormalidad, ya que el ejercicio de los derechos es, en definitiva, una limitante al patrón de acumulación. Hay derechos básicos que se garantizan desde distintos ámbitos estatales; en lo que refiere a las empresas públicas, garantizan el acceso a servicios imprescindibles para el desarrollo de la vida: agua potable, saneamiento, energía, comunicaciones, entre otros. Esta dimensión del derecho es la principal agredida cuando avanza el capital privado, ya que la mercantilización de cualquier actividad busca la ganancia por encima del interés público. Es imposible consolidar una democracia sin democratizar el acceso a los derechos y los servicios fundamentales.

Las empresas públicas inciden fuertemente en la distribución de la riqueza. Para un proyecto político de izquierda, más allá de las distintas concepciones que puedan convivir en su seno, la dinámica redistributiva de la riqueza en un sentido socializante debería ser un componente central. Pero acá hay que ser bien claros: redistribuir la riqueza no puede significar multiplicar y expandir el consumo; redistribuir significa también resignificar el acceso a la producción material que busca atender las necesidades humanas. Reorientar el excedente económico a la atención de los servicios públicos incrementando su calidad y garantizando su universalidad es una dinámica esencialmente redistributiva.

Pero tiene otra arista fundamental en su incidencia en la distribución de la riqueza: al ser servicios básicos imprescindibles, las tarifas públicas inciden sobre la enorme mayoría de la población. Las tarifas son instrumentos que podrían utilizarse para alivianar peso en los sectores más humildes y recargar a los más pudientes, o, por el contrario, para consolidar las diferencias sociales.

Pueden dinamizar el desarrollo, el conocimiento, la tecnología y el empleo. Las empresas públicas tienen el potencial innegable de reinvertir sus resultados financieros en ampliación y expansión material, y en la investigación y la generación de conocimiento y tecnología innovadora. Históricamente han sido dinamizadoras de la obra pública y el empleo, incluso en su génesis; en varios casos se crean para absorber empresas privadas fundidas o en franca retirada. Pueden utilizarse al mismo tiempo como usinas de producción de conocimiento y tecnología que dispute soberanía en el escenario económico y político internacional.

A su vez, el capital privado nunca desarrollará un proceso intenso de inversión si la rentabilidad no va en consonancia, y al hablar de servicios públicos no existe otra figura que asuma la responsabilidad y la decisión de invertir más allá de la tasa de retorno.

Son fuente sustancial de recursos para el Estado. La rentabilidad de las empresas públicas puede transferirse directamente a las arcas estatales; la única limitante a esta circunstancia son las transferencias que por medio de diferentes lazos se trasladan al sector privado. Esta desviación hacia el sector privado es la forma en que el capital va ampliando sus escenarios de mercantilización y apropiación de riqueza, acumulando por desposesión.

A modo de conclusión, es imprescindible identificar que se está desplegando actualmente un proceso de desarticulación de las empresas públicas, que es reflejo del modelo de desarrollo, retrayéndolas de su propio rol social y dejando espacio al capital privado para mercantilizar servicios. Este proceso ha requerido la deslegitimación de las herramientas sindicales y el debilitamiento del respaldo popular por medio del cuestionamiento de las propias posibilidades de las empresas públicas de dar respuestas a los problemas de la población. Se torna históricamente impostergable cambiar la forma de contabilizar las finanzas públicas y adoptar otro modelo que propicie, o por lo menos no entorpezca, la expansión estatal.