En un contexto de pérdida de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, para el Frente Amplio (FA) es más importante que antes lo que opine la oposición sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Y las reacciones, en general, no fueron favorables.

Dirigentes del Partido Nacional (PN), del Partido Colorado (PC) y del Partido Independiente (PI) cuestionaron la decisión del gobierno de aumentar los impuestos, tanto en el caso de los juegos de azar como de la tasa consular. El diputado del PN Jorge Gandini dijo a la diaria que le “llama la atención” que el gobierno pretenda gravar al “juego legal” y “cambiarle las reglas de juego” a los casinos mixtos y privados mientras “la actividad ilegal crece y prospera” y el turf “está recibiendo dinero” sin pagar impuestos. “Ya dijimos que en principio no votamos ningún impuesto”, remarcó el legislador.

El senador Pablo Mieres (PI) criticó la decisión de aumentar la tasa consular a los bienes importados, porque estimó que impactará en los precios y que puede “generar problemas” con la Organización Mundial del Comercio, que ya le recomendó a Uruguay eliminar esta tasa. “Las importaciones son buena parte de la canasta de productos y bienes que se compran, y esta medida puede tener un impacto sobre la inflación, capaz que muy pequeño, pero no es una señal buena”, evaluó.

El rechazo del senador del PC José Amorín Batlle, vía Twitter, fue más general y con más hashtags. “Más #AjusteFiscalFA. Vázquez y Astori no mintieron una vez, mienten una y otra vez. Un #ImpuestoALasImportaciones lo paga siempre la gente”, escribió. Y en dos tuits posteriores remarcó estos conceptos: “Vázquez y Astori te mintieron en la cara durante la campaña de 2014. Y en 2015, 2016 y 2017. Ahora #ImpuestoALasImportaciones, #PagamosTodos”; “Te prometieron ‘no va a haber más impuestos; al contrario, va a haber rebaja impositiva’ #ImpuestoALasImportaciones es más #AjusteFiscalFA”.

Hubo otras críticas a los anuncios vinculados a la Rendición de Cuentas. Gandini la juzgó “austera, pobre”, con “poca imaginación y pocos cambios de fondo que permitan enfrentar una situación difícil en las cuentas públicas”. Afirmó que no sólo no se cumple con el compromiso fiscal de bajar en un punto el déficit, sino que tampoco se cumple con el compromiso de asignar 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación ni los 240 millones de dólares previstos en el quinquenio para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Tanto en el Presupuesto de 2015 como en la Rendición del año pasado, el Parlamento resolvió quitarle recursos al SNIC y asignárselos a otras áreas, por un monto total de aproximadamente 23 millones de dólares. El presupuesto de este año del SNIC es de cerca de 71 millones de dólares, y el organismo había previsto incrementos para los años siguientes.

En tanto, el aumento presupuestal anunciado para la educación representa 0,1% del PIB, lo que llevaría el gasto en esa área a aproximadamente 5% o 5,1% del PIB, todavía lejos del 6% reclamado por los sindicatos y establecido en el programa de gobierno del FA. Por otra parte, a la coalición de izquierda sólo le quedan este año y el próximo para asignar nuevos recursos, porque no puede hacerlo en año electoral.

A diferencia de Gandini, Mieres evaluó positivamente que exista “una previsión de gasto controlada, austera”, aunque cuestionó que el incremento del gasto vaya para la educación sin que se logren resultados en esta área, a su juicio.

A disposición

El diputado colorado Fernando Amado esperó alguna reunión o información del FA luego de las dos reuniones que mantuvo con el presidente de la coalición, Javier Miranda, pero no hubo señales, según contó el legislador a la diaria. Amado fue el que se mostró más proclive a dar el voto 50 para aprobar la propuesta en la Cámara de Representantes, o al menos quien más coincidió en términos de prioridades con el FA.

El diputado afirmó que está “a la espera, como todos los legisladores”, pero con “particularidades obvias” que surgen de su “predisposición demostrada a la posibilidad de llegar a acuerdos”. Dijo que después de las dos reuniones que mantuvo con Miranda, en las que el FA demostró “voluntad política”, recibió “absoluto silencio por parte del gobierno”. “No he tenido insumos extra, ni el gobierno ni el FA han tenido ningún tipo de contacto [conmigo]. El sentido común me hace pensar que [eso] tiene que ver con que la Rendición de Cuentas ha sido algo difícil de instrumentar en la interna [del FA], pero eso me pone en una situación en cero: sé sólo lo que ha salido en la prensa, no ha habido ningún tipo de gesto adicional”, indicó el legislador.

Sobre las prioridades anunciadas, Amado dijo que le parece “positivo” el incremento del gasto para la educación y que no le “alarman” los impuestos a los juegos de azar. En cuanto al aumento de la tasa consular, señaló que todavía lo está analizando. Amado calificó a la Rendición de Cuentas proyectada de “moderada, responsable” y “razonable” frente a “una realidad de déficit fiscal”.“A veces siento que hay una postura de que no viene bien nada: si la Rendición de Cuentas o el planteo del Ejecutivo es tremendamente jugado, ambicioso, es una irresponsabilidad; si lo plantea al revés, es un gobierno sin ideas que está administrando la realidad. No viene bien nada, siempre hay una excusa”, cuestionó.

Amado advirtió, de todos modos, que, por más que coincida con las prioridades establecidas por el FA para la Rendición de Cuentas, él también tiene algunas propuestas que quiere presentarle al gobierno, aspirando a que sean incluidas en el proyecto de ley. Señaló que se trata de “propuestas que ayudarían a la calidad de vida de la gente”. “Pero yo no soy mano. Mano es el gobierno, y si precisa conformar una mayoría y sumar un voto, el que tiene que hacer el gesto es el gobierno”, advirtió. Agregó que la suya no es una actitud “mezquina ni terraja”, pero que tampoco será “el bombero del FA”.

Por su parte, el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, opinó que las cifras divulgadas implican “muy poco” para la educación. “Sigue siendo la educación el gran déficit de la inversión pública, pero vamos a ver y a analizar qué es lo que nos presentan”, agregó Rubio. En cuanto a los impuestos, el legislador dijo: “Si el impuesto es a los juegos de azar, si el impuesto es al capital, al capital transnacional, si es a la inversión extranjera directa que no paga nada, o al capital financiero, estamos totalmente de acuerdo, es lo que estamos reclamando”.

No subir impuestos

En la tarde de ayer, Astori, el secretario de Presidencia, Miguel Toma, el subsecretario del MEF, Pablo Ferreri, y el director de la Asesoría Macroeconómica de esa cartera, Andrés Masoller, presentaron los lineamientos de la Rendición de Cuentas a las bancadas del FA.

La presentación establece que Uruguay “está transitando un proceso de recuperación económica”, pero “aún no se ha consolidado” y “persisten riesgos importantes”: a nivel internacional se “ha consolidado un escenario más adverso” en los últimos meses debido a las “políticas implementadas por [el presidente de Estados Unidos, Donald] Trump, mayor volatilidad financiera, crisis política en Brasil, dificultades para crecer en la región y persistentes desequilibrios macro”, mientras que en lo interno “la principal preocupación es el déficit fiscal, que se mantiene en niveles elevados en términos estructurales, a pesar de las medidas de consolidación fiscal adoptadas el año pasado”.

Según el documento, las proyecciones de crecimiento de Brasil y Argentina “se han venido ajustando a la baja” y en cuanto a la situación del país, considera que las cuentas públicas “continúan tensionadas” y que la economía “crece por encima de lo proyectado, pero el empleo sigue cayendo”.

Ante este panorama, se plantea que la próxima Rendición de Cuentas debe elaborarse con “prudencia y responsabilidad fiscal”, y es necesario considerar como lineamientos generales la revisión del escenario macroeconómico para los próximos años, teniendo en cuenta “los elevados riesgos que enfrenta” la economía uruguaya, el ajuste de la proyección de ingresos, e incorporando “no sólo el mayor crecimiento esperado, sino también el efecto de la baja de la inflación sobre la recaudación”, la contribución de las empresas públicas a Rentas Generales y la pérdida de otras fuentes de ingresos. “Se están verificando importantes incrementos de gasto endógenos”, en particular prestaciones pagadas por el Banco de Previsión Social (BPS) y transferencias al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRFFAA) que “restringen las posibilidades de asignaciones presupuestales adicionales”. El documento detalla que el aumento del crecimiento genera 200 millones de dólares adicionales a partir de 2018, pero la caída de utilidades del BROU representará una pérdida de 90 millones de dólares por “varios años”. A su vez, el gasto en prestaciones de seguridad social crece por encima de lo proyectado: 100 millones de dólares de asistencia al BPS y 50 millones de dólares de transferencia el SRPFFAA al año sobre lo previsto. Se prevé para la Caja Militar una transferencia total en 2017 de 546 millones de dólares.

Por esto, por mayor crecimiento hay 200 millones de dólares, pero a esa cifra hay que restarle la no distribución de ingreso del BROU a Rentas Generales por 90 millones de dólares (200 menos 90 = 110 millones de dólares), y si a esta suma se le resta la asistencia al BPS y las transferencias al SRPFFAA (150 millones de dólares), queda un saldo negativo de 40 millones de dólares.

Además, se proponen incrementos “para continuar el proceso de mejora de los salarios docentes y para solucionar parte del diferendo salarial con el Poder Judicial de 72 millones de dólares (50 para el convenio salarial de la Administración Nacional de Educación Pública, 12 para la Universidad de la República y diez para el Poder Judicial).

Entonces, para “no deteriorar la situación fiscal es necesario obtener ingresos permanentes por 112 millones de dólares a partir de 2018” (que salen de los 40 de saldo negativo más los 72 de incrementos).

Para esto se propone recaudar 510 millones de pesos por medio del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas en los premios de los juegos de azar, y por medio del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas en la Quiniela; y 2.800 millones de pesos mediante el incremento de un punto porcentual en la tasa consular a las importaciones de bienes en el Mercosur, y de tres puntos de la misma tasa en las importaciones extra Mercosur. Esto redundará en una recaudación de 3.310 millones de pesos, equivalente a 112 millones de dólares.

Después de la presentación Astori explicó que el aumento previsto para 2018 “se compone de la siguiente manera: 100 [millones de dólares] ya están aprobados por el Parlamento y tienen su financiamiento correspondiente. ¿Cuándo fueron aprobados por el Parlamento? En el Presupuesto que presentamos en 2015, y luego la Rendición de Cuentas del año pasado difirió para 2018. Esos 100 millones [de dólares] se van a aplicar en 2018 y son un incremento del gasto. Y allí se tienen en cuenta todas las prioridades que el país se fijó oportunamente: educación, seguridad pública, sistema de cuidados, vivienda, etcétera”. Luego dijo que además de lo destinado a educación, se incluyó “la primera cuota de pago a los funcionarios del Poder Judicial, que acordaron un régimen de saldar la deuda que el Estado tiene con ellos. Hemos acordado con los magistrados, con los fiscales, con los defensores de oficio y con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un pago de 30 millones de dólares en tres cuotas. Hoy estamos incluyendo en 2018 la primera cuota, que son diez millones de dólares”. Astori también habló de las limitaciones y restricciones por “el gasto endógeno” y por la decisión del gobierno de “no seguir incrementando la carga tributaria sobre las personas y la actividad productiva”.

Protesta vecinal

El 21 de julio tendrá lugar la cumbre del Mercosur en Mendoza, Argentina. Si bien todavía no hay un pronunciamiento oficial de la cancillería argentina sobre la decisión de Uruguay de aumentar la tasa consular a los bienes importados, se trata de un tema de preocupación para el país vecino. En 2008, Argentina planteó una queja formal ante la Comisión de Comercio del Mercosur por la tasa consular de 2% que aplica Uruguay a todos los bienes importados, con excepción del petróleo crudo, los bienes de capital y los bienes en régimen de admisión temporaria. El gobierno de Luis Alberto Lacalle había derogado esta tasa en 1991, tras la creación del Mercosur, pero el tributo fue impuesto nuevamente por el gobierno de Jorge Batlle en medio de la crisis de 2002. Durante el primer gobierno del Frente Amplio se anunció la intención de eliminar la tasa, e incluso esto se dispuso normativamente en 2008, pero luego se volvió para atrás. Ahora, el gobierno pretende que en esta Rendición de Cuentas se incluya una disposición que suba la tasa consular a 3% para los países del Mercosur y a 5% para los países extrabloque, con excepción de aquellos con los que Uruguay tiene acuerdos que lo prohíben, como México.

En 2008, Argentina solicitó ante la Comisión de Comercio del Mercosur que Uruguay le otorgara el mismo trato que a México respecto de la tasa consular. En la respuesta a la queja, Uruguay argumenta que la tasa consular se impuso “en ocasión de la grave crisis de 2002”, que “no tiene efectos de significación para los socios” y que se trata “de una medida de corto plazo y está prevista su eliminación”, según consta en el acta de la Comisión de Comercio, reunida del 5 al 7 de agosto en Montevideo. Allí los representantes del gobierno uruguayo también argumentaban que la tasa consular era de 4,5% al inicio del primer gobierno frenteamplista y que luego se redujo a 2%. “El impacto de esta última [la tasa consular] sobre las importaciones de los demás Estados parte es absolutamente marginal”, argumentaban, y agregaban que “si bien las restricciones fiscales han demorado el proceso de desmantelamiento de la medida, es claro el firme propósito del gobierno de culminarlo en el corto plazo”.