Ayer fueron las primeras reuniones de los consejos de rama del sector público en el marco de la discusión presupuestal y la negociación colectiva. El primer encuentro fue con representantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), luego fue el turno de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y por último de los gremios de la Universidad de la República (Udelar). En todos los casos los representantes del Poder Ejecutivo presentaron los lineamientos generales de la próxima Rendición de Cuentas, que proyecta un crecimiento de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2017, de 2,5% para 2018 y de 3% para 2019. Pese al crecimiento, el gobierno estima que tendrá que cubrir un déficit de 40 millones de dólares, entre otras cosas por recursos que deja de aportar el Banco República, por el aumento de las pasividades y por las transferencias necesarias para mantener la Caja Militar.

El Ejecutivo prevé reintegrar las partidas que fueron recortadas en la Rendición de Cuentas del año pasado a la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), al Plan Ceibal, al Plan Ibirapitá, a planes de infraestructura del área metropolitana y al Instituto del Niño y Adolescentes del Uruguay (INAU), unos 100 millones de dólares, y además aumentará el gasto con tres destinos: 50 millones de dólares para la ANEP, 12 millones de dólares para la Udelar y diez millones para cumplir con el acuerdo alcanzado con el Poder Judicial. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, dijo ayer que en total lo destinado a educación serán 108 millones de dólares, con lo que se llegará a 5% del PIB, lo que pone al gobierno, aseguró, “en ese camino hacia el 6%, que es el que marca el programa del Frente Amplio”.

Por partes

En la primera reunión con la CSEU, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, transmitió que el objetivo del gobierno es prorrogar en 2018 el artículo 4º del convenio que firmaron los gremios de la enseñanza en 2015, que establece un aumento general de 3,53% para docentes, funcionarios y directores. A ese objetivo estaría destinada la partida de 50 millones de dólares dirigidos a la educación, señalaron las autoridades del Ejecutivo, ante lo que la delegación de la CSEU aseguró que eso “tampoco alcanza para cubrir el aumento salarial, ya que la masa salarial de 2014 [datos con los que se negoció el convenio de 2015] creció”, manifestó José Olivera, coordinador de la CSEU y dirigente de los docentes de secundaria. También confirmó esta afirmación el presidente de la ANEP, Wilson Netto, contó Olivera.

En ese punto Andrés Masoller y Alejandro Zavala, del MEF, transmitieron que la propuesta económica de la Rendición de Cuentas estaba “cerrada”, según consta en el informe de la CSEU a los sindicatos, aunque sí es posible modificar la distribución. Tras un cuarto intermedio pedido por la delegación del gobierno, Murro convocó a una nueva reunión para mañana a las 18.00 y explicó que, “sin generar expectativa alguna, se comprometían a hacer un análisis más detallado de nuestros planteos”, aseguró Olivera. El dirigente lamentó que los recursos no son suficientes para la creación de cargos ni para destinar recursos a infraestructura, y consideró que hay “una diferencia brutal para alcanzar a este ritmo el 6% del PIB para la educación”. También dijo que “hay una diferencia importante con lo que piden los organismos de la educación”, ya que la ANEP había solicitado 250 millones de dólares para 2018.

En tanto, en la reunión con los gremios de funcionarios y docentes de la Udelar y de funcionarios del Hospital de Clínicas, los dirigentes también transmitieron que aunque los 12 millones de dólares que se otorgarán a la institución terciaria se destinaran exclusivamente a salarios, sería “totalmente insuficiente” respecto del pedido de la Udelar para adecuación salarial, que está cerca de los 70 millones de dólares para 2018, puntualizó Daniel Olivera, secretario general de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar.

Por su parte, Martín Pereira, presidente de COFE, explicó que los funcionarios de la Administración Central ya tienen un convenio salarial firmado con el gobierno, pero plantearon la necesidad de mejorar la licencia por violencia de género y la reglamentación del horario, para habilitar que cada gremio pueda discutir con los ministerios correspondientes la adecuación horaria. En cambio, los funcionarios de ASSE y del INAU no tienen convenio, y se planteó que recibieran un aumento por encima de la inflación. El Ejecutivo reiteró que no había recursos, pero el viernes en el consejo de rama se seguirá analizando la situación.