Desde el 30 de agosto hasta el 2 de setiembre, la provincia de Buenos Aires recibirá a emprendimientos autogestionarios y redes de economía solidaria de todo el mundo en el VI Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores”. Para unificar las propuestas que se llevarán a ese encuentro, el Espacio Autogestionario organizó una actividad el sábado en la sede del PIT-CNT. El espacio está integrado por la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, la Coordinadora de Economía Social y Solidaria, y la Universidad de la República (Udelar).

En ese ámbito se manejaron algunas propuestas de políticas públicas para la autogestión elaboradas por el representante de los trabajadores en el Fondo de Desarrollo-Instituto Nacional del Cooperativismo (Fondes-Inacoop), Carlos Aulet, y por Gerardo Sarachu, de la Universidad de la República.

Sarachu sostuvo que las políticas públicas son “un fuerte instrumento para reforzar” o “para enterrar y negar” a la autogestión, y remarcó que las políticas en este ámbito deben ser “controladas socialmente”. En ese marco, Aulet propuso la creación de un observatorio de políticas públicas sobre autogestión. Sarachu evaluó que un sistema de información y seguimiento de las políticas públicas permitirá, por ejemplo, tener datos más certeros sobre el presupuesto que se destina al sector de la economía social y solidaria. También se propuso la creación de un registro único de emprendimientos autogestionarios para tener una base “más real y amplia” para desarrollar las políticas.

Otras propuestas mencionadas por Sarachu y Aulet consisten en unificar la discusión y elaboración de proyectos de ley vinculados a la economía social y solidaria, hoy dispersos, como el proyecto de ley de promoción de la agroecología o el de compras públicas para la economía social y solidaria. Hicieron énfasis en la importancia de un sistema de compras públicas que favorezca a la autogestión, y propusieron que un representante del PIT-CNT y de las organizaciones sociales se integre al Consejo Directivo Honorario de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.

En segundo lugar, apuntaron a lograr una mayor coordinación entre cooperativas y la institucionalidad que desarrolla estas políticas. Sarachu señaló que, en función de un diagnóstico que elaboró la Udelar, en el Estado hay 23 programas destinados a la economía social y solidaria en 11 organismos distintos. Consideró que las políticas podrían ser “más potentes” si todas estas iniciativas estuvieran coordinadas.

Fortalecer la organización

El presidente del Inacoop, Gustavo Bernini, fue el único representante del sistema político que asistió al encuentro. El Espacio de Autogestión había invitado a los legisladores de las comisiones de Trabajo y de Cooperativismo, pero ninguno concurrió. Bernini dijo que el Inacoop está intentando “ganar espacio y legitimidad” para “ser tenido en cuenta e incidir a la hora de desarrollar políticas públicas”. Sin referirse al Fondes y a los recortes presupuestales que ha sufrido, Bernini valoró que estamos en un “contexto político favorable para el desarrollo de la economía social y solidaria”. Advirtió, no obstante, que debe garantizarse que los avances sean “irreversibles”, de modo que si “cambia el contexto político, por lo menos sea más difícil desandar los avances que se puedan conquistar”. Para ello, consideró necesario fortalecer a las organizaciones sociales representativas de la economía social, y contó que el Inacoop realizó convenios de fortalecimiento gremial con ese objetivo.

Bernini afirmó que se está viviendo “un momento político muy especial”, en el que las “herramientas de avance en la economía social están cuestionadas” y “la derecha política y la cultura dominante nos están tratando de tirar afuera de la troya”. Para evitarlo, reclamó “inteligencia y unidad”. El presidente de Inacoop comentó que “es claro que el modelo dominante no es el de la economía social”, sino que este último es “un emergente alternativo que es necesario desarrollar para ganar espacios en el sistema capitalista”. En ese sentido, afirmó que es central la formación en cooperativismo desde la niñez.

Canasta básica

La Cooperativa de Trabajadores Emprendimiento Popular Alimentario de Canelones (CTEPA), productora de fideos, presentó en el encuentro una propuesta para armar una “canasta cooperativa” para vender a organizaciones sociales, sindicales y otras empresas cooperativas. Incluiría ocho productos: harina y polenta (producidas por el Molino Santa Rosa), azúcar y arroz envasados a granel, fideos (elaborados por CTEPA) y salsa de tomate producida por Ágape, una cooperativa conformada por un grupo de mujeres de Las Piedras.

En el encuentro se cuestionó el modelo productivo, que expulsa a los agricultores familiares. Un integrante de Graneco, cooperativa de agricultores familiares ecológicos del oeste de Montevideo, sostuvo que el modelo actual “excluye y rechaza” a los productores familiares, y prueba de ello es que hoy hay 40.000 productores familiares menos que diez años atrás. Destacó, de todos modos, que Graneco ha logrado distribuir sus productos en restaurantes y comercios, y que provee a la Intendencia de Canelones de harina para los comedores.

Durante la actividad se criticó al gobierno actual por “destruir” el Fondes, ya que no se prevén nuevas asignaciones presupuestales en este período, y el Ejecutivo le debe al fondo por lo menos 20 millones de dólares. Aulet reconoció que algunas decisiones políticas “desfavorecieron el origen del Fondes”, pero aseguró que tiene “potencialidades para generar nuevos proyectos, y en eso se está”.

Compras cooperativas

La FCPU lanzará próximamente una plataforma para facilitar las compras entre cooperativas. Ya se puede acceder a la plataforma en el sitio www.facil.coop.