Otro sábado, muchas horas de discusión, varias prioridades y pocos acuerdos sobre cómo financiarlas. Esa fue nuevamente la tónica de la reunión que mantuvieron en el Parlamento los diputados del Frente Amplio con representantes del Poder Ejecutivo para estudiar cambios al proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

En términos de prioridades, hay acuerdo en todos los sectores para autorizar al Poder Ejecutivo a destinar 330 millones de pesos de los 960 millones con los que cuenta el Fondo de Inasistencias de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para regularizar la situación de auxiliares de primaria (por ejemplo, personas que prestan servicios de limpieza) cuyos salarios pagan las comisiones de fomento y los directores de las escuelas. En esta situación se encuentran 1.013 trabajadores. También hay acuerdo sobre la necesidad de otorgar una partida extra de 200 millones de pesos a ANEP para cumplir con convenios salariales, dijo a la diaria el diputado de Rumbo de Izquierda, José Querejeta.

Para financiar esta última medida, la bancada y el Ejecutivo manejan dos opciones. Por un lado, hay 60 millones de pesos que surgen de vacantes en el Ministerio de Defensa Nacional que no habían sido contabilizadas en la Rendición de Cuentas. Por otro lado, se propone aplicar una tasa a los slots que recaudaría aproximadamente 200 millones de pesos, aunque el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, quedó encargado de definir una cifra más ajustada de lo que implicaría esta recaudación.

Luego, hay propuestas diversas, sobre las que no hay acuerdo ni está claro de dónde se sacarían los recursos para financiarlas. El Partido Socialista plantea una inversión fuerte en cuidados: propone destinar 400 millones de pesos para los programas de atención a la dependencia severa del Sistema Nacional de Cuidados y 114 millones a los Centros de Atención a la Primera Infancia. Sobre esta última propuesta hay acuerdo en varios sectores. También se considera necesario destinar 92 millones de pesos a los CAIF, 105 millones de pesos para salarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y 40 millones de pesos para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Varios sectores plantean además la necesidad de que se halle la manera de conseguir 39 millones de pesos para financiar la propuesta de la Fiscalía General de la Nación de crear una unidad de atención a las víctimas de delitos, que coordinaría la acción de todas las dependencias del Estado que se encargan del tema.

Querejeta insiste en que los impuestos que se cobrarán a plataformas como Netflix, a partir de las disposiciones de la Rendición de Cuentas que gravan con tributos nacionales las plataformas de servicios que operan en el país, generarán un aumento de la recaudación que debe ser previsto y utilizado. El MEF sostiene que el aumento de la recaudación no será tal porque está disminuyendo lo que se recauda a partir de los impuestos a la televisión para abonados, en la medida en que este servicio está decayendo en consonancia con el incremento en el uso de las plataformas como Netflix. Querejeta aseguró que esto no es así porque la televisión para abonados continúa incrementando sus usuarios. Según el informe “Evolución del sector telecomunicaciones en Uruguay” de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, entre 2011 y 2016 aumentó año a año la cantidad de usuarios de televisión para abonados: pasaron de 593.000 en 2012 a 731.000 en 2016. Querejeta estimó que podrían obtenerse 150 millones de pesos anuales aplicando a Netflix el gravamen previsto en la Rendición de Cuentas.

Por otra parte, en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados no están los votos para aprobar el incremento de la tasa consular y la quita de exoneraciones a los juegos de azar, que serán usados para financiar los recursos extra previstos para la educación en la propuesta inicial del MEF. De todos modos, eso no es problema para el oficialismo: por más que salga negativa la votación en la comisión, los artículos pueden presentarse en el plenario de Diputados, donde sí habría mayoría para aprobar los impuestos, porque el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, adelantó su intención de votarlos.

La cláusula gatillo

En la reunión del sábado varios sectores, entre ellos el Partido Socialista, propusieron incorporar una especie de “cláusula gatillo” en el proyecto de Rendición de Cuentas, que faculte al Poder Ejecutivo a incrementar los gastos destinados a educación y a cuidados si el Producto Interno Bruto crece más de lo previsto.

Consultado sobre esta posibilidad, el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti dijo a la diaria que hay que ser “muy cuidadosos”. “No podemos, porque algunos analistas económicos dicen que va a haber más crecimiento, empezar a gastarlo, como parecería que se ha propuesto. Tenemos que estar seguros de que los objetivos se cumplen”, manifestó. Agregó que “claramente” no está de acuerdo con hacer referencia al crecimiento en la cláusula que se pretende incorporar, pero señaló que “puede haber una cláusula gatillo respecto de otros supuestos que puedan darse, de mayor recaudación o menor gasto, vinculados al déficit fiscal, que es lo que está programado que necesariamente debe ir bajando”. “Podemos aceptar una cláusula programática que diga que, si se dan determinadas circunstancias que aumenten los recursos de Rentas Generales o bajen las transferencias, se podrá entonces ampliar más los créditos del inciso 220, especialmente los vinculados a educación y a lo social, como el INAU. Pero no debe hacerse en función de que se crezca más, porque nadie asegura que si se crece más se pueda bajar el déficit fiscal”, afirmó Asti.

Los representantes del Ejecutivo en la reunión del sábado, entre los que estaba el prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, se comprometieron a trasladar las propuestas de la bancada al presidente Tabaré Vázquez, y hoy habrá una nueva reunión con los mismos actores. Está previsto que el miércoles se empiece a votar el proyecto de Rendición de Cuentas en la comisión.

Defensa del 15 | Aunque no están los votos para aprobar el artículo 15 de la Rendición de Cuentas, que faculta al Ejecutivo a ordenar gastos para cumplir con sentencias judiciales, salvo que esto “afecte la atención de los servicios a su cargo”, el gobierno insiste con la conveniencia de este artículo. El jueves, en la sesión de la comisión, Ferreri aseguró que la intención no es dejar de pagar los juicios en contra del Estado. “La intención es continuar honrando las tradiciones de Uruguay en cuanto al cumplimiento de los deberes del Estado. De esto nos enorgullecemos todos los uruguayos, y queremos dejar constancia de que la intención del Poder Ejecutivo es continuar honrando esas tradiciones. Ahora bien: todos sabemos que en el devenir de los últimos años en muchos casos ha habido una proliferación de juicios y reclamos no sólo a nivel doméstico –como podemos ver que ocurre en la realidad de muchos países–, sino también a nivel internacional, producto de un mundo cada vez más globalizado. Esos juicios que pueden derivar en sentencias están tomando –no sólo en el caso de Uruguay, sino a nivel internacional– otro volumen o dimensión con respecto a los que tenían en el pasado”, señaló Ferreri, según consta en la versión taquigráfica. Insistió en que “nadie está planteando dejar de pagar”, pero agregó que el cumplimiento de los compromisos debe ir “de la mano de la sustentabilidad de las cuentas públicas y la previsibilidad que las finanzas siempre deben tener”.