Asistieron a la actividad integrantes de las Comuna Mujer, de organizaciones sociales, secciones departamentales y municipales, y vecinos comunes y corrientes. El público femenino era ampliamente superior al masculino: había cinco varones entre unas 100 mujeres. Al frente de la sala estaba Patricia González, directora de la División de Género, junto a parte de su equipo.

El 8 de marzo el intendente Daniel Martínez anunció que en 2018 duplicaría los recursos de la División de Género. “El aumento del presupuesto de los servicios [para atender situaciones de] violencia basada en género nos obliga a pensar cómo lo vamos a gastar”, explicó González.

Según González, 60% del presupuesto de la división es destinado a atender la violencia basada en género, y cerca de 30% se lo lleva el programa de barrido; el 10% restante es destinado a sueldos y gastos de funcionamiento. Agregó que, además, hay otras unidades departamentales que tienen un presupuesto para políticas de género, como Cultura, que ha destinado un millón de pesos en 2017, o Desarrollo Urbano, que destinará 1.600.000 pesos para políticas de género, con cuestiones básicas pero fundamentales, como es la extensión de luminarias. González dijo que el objetivo de la división es “mejorar el etiquetado de género que nos permita aumentar el monto de inversión en todos los departamentos y en todos los municipios”, lo que favorecerá la transversalidad de las políticas.

Justamente, la transversalidad es uno de los objetivos de la división. En ese plano está también la generación de cambios culturales –González anunció que para eso se desarrollará una política comunicacional destinada a derribar estereotipos de género, así como campañas masivas que aporten a una estrategia sostenida–, trabajar para el “empoderamiento y la participación de las mujeres”, así como por la autonomía económica de las mujeres. Entre otras líneas, mencionó la participación de la Mesa de Mujeres Privadas de Libertad, la incipiente incursión en el área de regulación de prostíbulos de la IM y el programa Ciudad Segura para las Mujeres, de ONU Mujeres. Reconoció que “con menos énfasis” se está trabajando en torno a masculinidades, y en temas de salud sexual y reproductiva, área en la que tienen una línea específica de trabajo.

En cuanto al área de violencia basada en género, específicamente, comentó que los servicios implementados por la IM tienen más de 20 años. Por un lado, está la línea 08004141, que tiene cobertura nacional, gratuita y anónima, para orientar a personas en situación de violencia o a quienes se quieran asesorar para ayudar a alguien que está en esa situación; se anunció que esta línea se fortalecerá. El otro programa que implementa la IM desde 1996 son las Comuna Mujer, que cuentan con dos servicios gratuitos: jurídico y psicosocial. González adelantó que se ampliará el horario de trabajo de ambos servicios y que se buscará que todos cuenten con trabajadores sociales. Se modificará la forma de contratación, que será mediante un llamado público social, de manera que los técnicos contratados puedan cobrar en fecha.

González enumeró los problemas de las administraciones anteriores y lo que han hecho para cambiar la situación. Encontraron que el equipo de trabajo estaba debilitado, y lo fortalecieron ampliando las horas de trabajo y amalgamando el equipo, que estaba locativamente disperso. Dijo que antes sólo se contaba con presupuesto derivado de los convenios, y que no había evaluación externa. Para eso la organización El Paso ganó la licitación e hizo una evaluación “sangrienta pero increíble”, que evidenció los problemas existentes. González criticó que las ONG “trabajaban solas en el territorio”, y por eso se generaron reuniones periódicas con referentes de ONG y buscarán ampliar las alianzas territoriales. Articularán con los municipios, y se espera que eso ayude a resolver los grandes problemas de infraestructura y conectividad que tienen las Comuna Mujer. Se buscará, también, digitalizar la información, puesto que todas las consultas son registradas en papel.

La división definió como prioritario contar con un protocolo de atención; lo elaborará este año, a partir del protocolo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), al que se harán los aportes de quienes trabajan en el territorio.

El acceso a la Justicia fue definido como un área problemática, porque las sedes del Poder Judicial están situadas en el centro de Montevideo, y eso –por cuestiones de dinero, de tiempo y por su propia seguridad– para muchas mujeres representa un obstáculo. González señaló que “las horas de patrocinio son escasas”, pero también inabarcables, por eso la División de Género comenzó a reunirse con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y con la Universidad de Montevideo, que tienen abogados trabajando en el territorio, para generar una alianza.

Dando letra

El micrófono comenzó a circular y los comentarios fueron de todo tipo, desde la preocupación por que un varón se siente al lado en el ómnibus con las piernas abiertas, invadiendo el asiento en el que está una mujer, hasta el que fuma porro en la parada del ómnibus.

Buena parte de los comentarios daban ideas sobre cómo ayudar a las mujeres en situaciones vividas de violencia, como contar con servicios de atención jurídica y psicosocial fuera del horario de oficina y los fines de semana; luego, González comentó que se está considerando ampliarlo algún día hasta las 20.00 y que funcione los sábados de mañana. Se pidieron campañas permanentes que se extiendan más allá de marzo y noviembre, que se usen para eso los espacios en radios y canales públicos, así como los ómnibus.

Otro punto pedido fue contar con “estadísticas depuradas” y distinguir la superposición de vulnerabilidades. En ese sentido, hubo pedidos concretos de representantes de áreas de discapacidad para conocer la cantidad de mujeres que sufren violencia de género, de buscar conocer la cantidad de adultas mayores que están en esa situación, así como de afrodescendientes. Desde el área de Diversidad se pidió trabajar desde la “capacidad de empatía, y no de competencia de agenda”, para atender la superposición de situaciones. Una chica sorda pidió agregar el contacto por whatsapp, más accesible para las personas con esa condición que el teléfono.

Más de una persona pidió hacer seguimiento de los casos, y no tratar a la madre y a los hijos por separado. Un varón preguntó si, así como existen servicios de narcóticos y de alcohólicos anónimos, no se podrá crear un espacio para rehabilitar a “golpeadores anónimos”, y propuso crear una materia de igualdad de género en escuelas y liceos y llevar los servicios a los asentamientos, para que sean más accesibles.