Después del Consejo de Ministros de todos los lunes, el prosecretario de la República, Juan Andrés Roballo, dio detalles sobre el proyecto de ley que busca ofrecer una solución a las personas mayores de 50 años perjudicadas por el régimen de AFAP. En conferencia de prensa, Roballo dijo que el articulado incorpora los “reclamos centrales” de las organizaciones. El gobierno estima que 30.000 personas podrían adherirse a las disposiciones de la ley. Para salir de la AFAP y pasar a cobrar la jubilación mediante el Banco de Previsión Social (BPS), las personas deberán solicitar una entrevista en el plazo de un año a partir de la aprobación de la ley. El BPS brindará detalles para que puedan decidir si optan por continuar en el sistema mixto o no. Una vez realizada la entrevista, la persona tendrá 90 días para tomar una decisión. La consulta es obligatoria y quien no concurra a la audiencia en el BPS no podrá ampararse en la ley. “Esto termina siendo una garantía para la persona”, aseguró Roballo.

La adhesión a la norma será por franjas. “Se comenzará por las personas que hayan tenido 56 o más años al 1º de abril de 2016, luego habrá un segundo colectivo, de personas entre 53 y 55 años, y por último, un tercer colectivo, de personas de entre 50 y 52 años”, explicó el prosecretario.

Según la exposición de motivos, la propuesta garantiza que el dinero de las desafiliaciones vuelva al BPS por la creación de un fideicomiso cuyo beneficiario será el BPS y cuyo fiduciario será autorizado por el Banco Central del Uruguay.

El proyecto tiene el visto bueno del PIT-CNT. El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, dijo a la diaria que “hay satisfacción” porque el Poder Ejecutivo encontró una solución para que “los trabajadores vuelvan a la seguridad social con sus aportes. Es un salto de calidad muy importante. Hay aspectos técnicos que se irán evaluando”, dijo. Un colectivo que quedó afuera del proyecto es el de los jubilados damnificados. Pereira aseguró que “es un tema no resuelto, al que hay que buscarle una solución”. A pesar de que el PIT-CNT no sabe el número exacto de los jubilados perjudicados por el cambio de régimen, estima que son entre 2.000 y 3.000 personas.

Ramón Ruiz, representante del Sector Trabajadores del BPS, dijo a la diaria que el articulado presentado por el Poder Ejecutivo contempla todos los puntos de la propuesta de la central sindical. “Lo que escribimos está contemplado en un 100%. Esto fue un logro y un avance importante, va a ser un hito, porque, por primera vez, trabajadores que estaban obligados a estar afiliados a una AFAP van a poder salir”.

Ruiz dijo que hay una pequeña diferencia, y que el proyecto prioriza a los que tienen más de 56 años, mientras que en la redacción del PIT-CNT se especificaba que se tendría en cuenta a “todos aquellos que tenían más de 50 años al momento de aprobada la ley”. De todas formas, dijo que es un matiz, porque “todos los cincuentones no se van a poder asesorar desde el primer día. No iban a venir todos el primer día, y el BPS no podría atenderlos. La ley hace una priorización porque hay personas que en su trabajo tienen casi la obligación de jubilarse a los 60 años, y hay algunas actividades en las que el retiro es imperativo”.

Hoy el equipo que representa a los trabajadores ante el BPS asistirá a la reunión del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT para seguir analizando el texto.

Sobre las personas que ya se jubilaron con el régimen mixto, Ruiz recordó que el presidente Tabaré Vázquez ya había anunciado que no serían tenidas en cuenta. “Uno de los temas que el PIT-CNT va a tratar de cambiar en el Parlamento es que se amplíe el alcance de esta ley para los trabajadores jubilados perjudicados. Hay que buscar una redacción que tenga viabilidad política, porque para que se apruebe se necesitan votos. Además, la redacción tiene que ser jurídicamente correcta”.

Ruiz señaló que la ley no debería ser retroactiva. “Hay que ver a partir de cuándo. El perjuicio no se va a corregir desde el momento en el que se jubilaron. Si hay voluntad política, todo se puede hacer, pero es difícil lograr consenso en estos temas”, señaló.

El representante de los trabajadores recordó que el reclamo siempre fue para las personas mayores de 50 años perjudicadas por el sistema. “Nunca dijimos que todos los cincuentones estaban perjudicados por el sistema. Las AFAP plantean que a muchos les sirve, y es así. No pensamos que a todos les va a ir mal. El argumento de las empresas es para minimizar el logro del PIT-CNT”. Ruiz destacó el artículo que asegura el asesoramiento de las personas, porque la decisión tiene que ser tomada con toda la información. “No a todo el mundo le sirve pasar al BPS. No queremos hacer lo que hacen las AFAP, que afilian a gurises de 20 o 25 años sin toda la información. No va a haber una desafiliación compulsiva, va a ser informada”, aseguró. Ruiz vaticinó que “en estos días se va a dar una discusión muy fuerte, las empresas dicen que es mejor que [la desafiliación] se haga al final de la vida. Lo que están haciendo es defender su negocio, porque si se sigue hasta el final de la vida laboral, van a continuar cobrando comisiones, que son su verdadero lucro”. Ruiz dijo que República AFAP cobra 21%, mientras que Sura e Integración cobran casi la tercera parte de la trasferencia.

Al final del camino

El diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez dijo a la diaria que lo mejor es que los trabajadores decidan pasar al régimen de transición al final de su período de actividad, para que “elijan a cartas vistas y al final del camino”. Según el representante nacional, las personas que se retiren con más de 60 años serían beneficiadas por el régimen mixto. Lo mejor es que “el traslado sea caso a caso y cuando la persona se va a jubilar. También es lo mejor para el Estado, porque, en el caso de que los cincuentones se queden en el sistema mixto, el Estado no va a tener que poner la diferencia”.

Una de las preocupaciones de Rodríguez es que el dinero del fideicomiso se use para otras finalidades. “Habría que ver si no debería haber algún integrante del Ejecutivo o de los interesados. Es algo que hay que analizar en profundidad”, aseguró. El diputado aseguró, también, que el texto presentado hace que los trabajadores decidan en un plazo “exiguo”.

El diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada coincidió con Rodríguez en que el pasaje debería ser al final de la vida laboral; de todas formas, afirmó que la propuesta es una solución, aunque “no la mejor”. “El principio es que los que se vieron obligados a pasar al sistema mixto no cobren menos que lo que cobrarían si se jubilaran sólo por el BPS. Una forma es calcular cuáles fueron los aportes y hacer un nuevo cálculo”, aseguró. Para Posada, la propuesta del Ejecutivo es especulativa y causa incertidumbre al trabajador que se acerca a la hora de su retiro.