Los números duelen como cada una de las nefastas, inimaginables situaciones que llevaron a –o que no lograron impedir– que 709 personas se suicidaran en Uruguay durante 2016. Las cifras fueron divulgadas ayer por el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el Día Nacional de Prevención del Suicidio, que se conmemora desde hace una década con la intención de revertir la realidad. Una realidad que había tenido un pico histórico en 2002, pero que se repitió en 2016 (ver gráfica). El MSP, acompañado por representantes de los ministerios del Interior y de Educación y Cultura, y de la Organización Panamericana de la Salud, encabezaron ayer el acto oficial en el que, además de las cifras generales, presentaron un video sobre el tema, grabado por un grupo de jóvenes de Maroñas, que hablaba de la necesidad de escuchar y acompañar al otro. Sobre eso insistió Cristina Lustemberg, ministra interina de Salud, quien aclaró que el suicidio es un problema mundial: se suicidan 800.000 personas por año y el número ha aumentado 60% en los últimos 45 años.
Viejas y nuevas propuestas
Lustemberg informó que en mayo el ministro de Salud, Jorge Basso, firmó una resolución que obliga a todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud y a las direcciones de Sanidad Policial y de las Fuerzas Armadas a darles seguimiento a todos los intentos de autoeliminación: en menos de siete días, la persona tiene que acceder a un referente en el ámbito de la salud, con un abordaje integral. Anunció, además, que “en los próximos 15, 20 días” el MSP y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pondrán en funcionamiento una línea telefónica (0800) de atención las 24 horas. Según informó, la línea se implementará en conjunto con el Portal Amarillo. No obstante, mencionó que “hay prestadores que hoy deben tener la obligatoriedad de darles seguimiento telefónico a pacientes que han consultado por algún intento o por depresión mayor”.
Lustemberg recordó, además, que desde 2011 se implementan las prestaciones en salud mental, que ofrecen hasta 16 sesiones gratuitas y grupales para familiares de personas que se hayan suicidado o hayan intentado hacerlo. Otra prestación está dirigida, directamente, a personas que hayan intentado suicidarse: se prevé una terapia individual o grupal de hasta 48 sesiones anuales (y no más de 144 sesiones en total) por un “copago menor”.
Todas estas medidas han sido largamente anunciadas por las autoridades, pero hasta ahora no se ha logrado cambiar la pisada. En una nota publicada por la diaria en 2010, decíamos que Lizardo Valdez, entonces director de Salud Mental del MSP, anunciaba que se crearía un registro obligatorio de los intentos de autoeliminación para poder exigir un seguimiento de los casos, y que se exigiría a los prestadores de salud que ofrecieran a sus afiliados una línea gratuita de 24 horas. Desde entonces, cada 17 de julio se recuerdan estas medidas, que todavía no llegan a implementarse.
En 2015 el MSP definió los Objetivos Sanitarios Nacionales a alcanzar en 2020. Respecto del suicidio, el ministerio se propuso disminuir su incidencia, y tomó como línea de base la tasa de 2014: 17,4 suicidios cada 100.000 habitantes. Los datos de 2016 se alejan más de la meta. Entre las líneas de acción definidas para cumplir con el objetivo de reducir los suicidios, el MSP planteó revisar las prestaciones en salud mental para “analizar la factibilidad de aumentar la cobertura de salud mental a través del acceso a prestaciones psicoterapéuticas” a personas con depresión moderada o severa (mayores de 25 años, hasta ahora no contemplados) y consumo problemático de alcohol. Asimismo, propuso “analizar la factibilidad de reducir el copago para mejorar el acceso al tratamiento por intento de autoeliminación en consultas de: psicoterapia, psiquiatría y medicación por un período de seis meses”. Entre los objetivos estaba, también, establecer el protocolo de seguimiento de los intentos de autoeliminación y asegurar la obligatoriedad para todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud de ofrecer una línea telefónica 24 horas para la atención en crisis en todo el país. El tiempo dirá.
Línea que sobrevive | El Día Nacional de Prevención del Suicidio fue creado a partir de una propuesta de la organización no gubernamental Último Recurso, que desde 1989 implementa diferentes abordajes en Uruguay para prevenir el suicidio: puestos centinela en varios departamentos del país y una línea telefónica, dictado de cursos y talleres. Para eso tiene convenios con diferentes intendencias y, últimamente, con el Ministerio del Interior (MI), para la atención de funcionarios y familiares. Por cuestiones presupuestales, la Intendencia de Montevideo (que daba un sostén económico muy importante) dejó de apoyar a la institución en setiembre de 2016, y pese a que se contactaron con otras instituciones nacionales, ninguna suplantó su aporte. En una nota que publicábamos el 2 de enero, Ariel Montalbán, ex referente de Salud Mental del MSP, anunciaba que se estaba trabajando en un proyecto para desarrollar una línea telefónica que se vinculara con las exigencias que se hacen a los prestadores de salud y, si bien hacía una buena evaluación del trabajo de la ONG, señalaba la necesidad de tener la línea inserta en el sistema de salud. Silvia Peláez, médica especialista en suicidios y directora de Último Recurso, lamentó ayer, en diálogo con la diaria, que la organización no haya sido invitada al acto y dijo que hace 28 años que trabajan el tema y que no debería ocurrir que “un gobierno progresista desconozca a quien está trabajando desde la sociedad civil”. Dijo haber sido consultada por Horacio Porciúncula, de Salud Mental de ASSE, pero que hasta ahora no se ha avanzado en la problemática, y cuestionó cómo se formará en 15 días a quienes tengan que atender la línea telefónica. Peláez dijo que ella y su equipo están “donando su trabajo” para mantener la línea telefónica en pie, con el ingreso del convenio con el MI. Pero no insistió tanto en eso como en los convenios caídos en Cardona, Castillos, Carmelo, Colonia y Fray Bentos, donde autoridades de ASSE les recomendaron a las intendencias no continuar los acuerdos porque ASSE se encargaría de esas funciones, algo que, según afirmó, aún no han hecho, pese a que la ONG había contribuido a reducir significativamente las cifras de suicidio en esas localidades.