En junio del año pasado el presidente Tabaré Vázquez acordó con todos los partidos políticos que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) pase de la órbita del Ministerio del Interior (MI) a constituirse en servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. El miércoles en el Parlamento, las autoridades del MI aseguraron que el proyecto de ley para concretar ese cambio se enviará al Parlamento en agosto. El ministro Eduardo Bonomi explicó que el objetivo es que el sistema “esté encaminado a la descentralización acordada con el sistema político” al finalizar el período de gobierno y recordó que el acuerdo multipartidario ponía como plazo máximo para el comienzo del funcionamiento del INR como servicio descentralizado el 1º de enero de 2021. “Si hay condiciones para hacerlo antes, lo haremos antes”, manifestó Bonomi, según consta en la versión taquigráfica de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que estudia la Rendición de Cuentas.

El ministerio defendió el fortalecimiento del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), previsto en la Rendición de Cuentas, y la supresión de los cargos de confianza de director nacional de la Policía Comunitaria y de director nacional de Violencia Doméstica y de Género, creados en la Rendición de Cuentas de 2012. El director general de Secretaría del MI, Charles Carrera, explicó que las funciones de estos dos directores serán absorbidas por la Oficina de Planificación y Estrategia Policial, “que tiene entre sus cometidos la gestión de la labor realizada por la Policía Comunitaria, así como la nueva estructura orgánica en lo que tiene que ver con la violencia doméstica”.

En cuanto al PADO, Bonomi insistió en que ha permitido reducir los delitos en la zona metropolitana. “Antes de que comenzara a funcionar el PADO, el 11 de abril de 2016, las rapiñas habían aumentado 3%, pero terminamos el año con una baja de casi 4%”, destacó el ministro. Agregó que en 2017 continuaron bajando las rapiñas, y que en total se logró una reducción de 13% de este delito respecto de 2015. Con el incremento de 50% de los efectivos del PADO previsto en la Rendición de Cuentas se prevé atender preferentemente las zonas turísticas del país –Maldonado, Colonia y Rocha– y los departamentos de frontera –Salto, Paysandú, Artigas, Rivera y Cerro Largo–. Sobre la frontera, Bonomi sostuvo que “hay un problema muy importante allí”. “En realidad, las fuerzas policiales de uno y otro lado son completamente desparejas. De nuestro lado es mayor, pero lo que sucede es que, en ocasiones, se cruza la frontera para cometer un delito e inmediatamente se vuelve a pasar al otro lado, por lo que nuestra Policía no puede seguir al delincuente que comete el delito, y del otro lado no cuentan con las fuerzas suficientes”, cuestionó.

El 223

En la comisión, el diputado nacionalista Sebastian Andújar cuestionó las declaraciones del subsecretario del MI, Jorge Vázquez, cuando señaló que el policía asesinado en un comercio de Pocitos durante una rapiña estaba cumpliendo con una tarea no permitida. Vázquez respondió que los cuestionamientos que se le hacen intentan adjudicar responsabilidades que no corresponden. “Cuando sucedió el hecho del policía, lo primero que dije fue que lamentábamos profundamente lo que había sucedido”, recordó. Reiteró que en ningún momento culpó al policía fallecido y sostuvo que no admitirá que se le achaque que para él “la muerte de un policía es una cuestión superficial”. “La muerte de un policía es profundamente lamentable, no debería suceder, el responsable es el que lo mató y vamos a hacer el mayor esfuerzo para que termine en la cárcel”, manifestó.

Carrera explicó que el ministerio no tiene una estimación de la cantidad de funcionarios que realizan el denominado “servicio 223”, es decir, que cumplen tareas de seguridad que no están autorizadas, pero aseguró que “la cifra que ha manejado en estos días la opinión pública está sobredimensionada”. Apuntó que hay aproximadamente 1.000 funcionarios policiales con situaciones económicas complicadas. Bonomi remarcó que cuando se habla del servicio 223 como una forma que tienen los policías de “complementar su salario, se comete una falacia, porque es como plantear que está bien contratar en negro a obreros de la construcción para que mejoren su salario”. Recordó las mejoras salariales de los policías en los últimos años y llamó a pensar “si alcanza con mejorar el salario para eliminar la irregularidad del trabajo en negro”.