Organizaciones sociales y barriales argentinas se movilizaron ayer en Buenos Aires para reclamar que se trate en el Congreso un proyecto de ley redactado por estas que declara la emergencia alimentaria. La de ayer fue la primera jornada de una agenda de varias actividades que termina el 22 de agosto, cuando acompañarán una marcha de protesta de los trabajadores contra los despidos, que van en aumento en Argentina.

La instalación de ollas populares en varios puntos de Buenos Aires –entre ellos Plaza de Mayo– y el corte de calles fueron algunas de las medidas que estas agrupaciones adoptaron en el marco de la campaña “Un millón de firmas por la emergencia alimentaria”, que se propone reunir ese número de adhesiones para forzar al Congreso a tratar el proyecto de ley de emergencia alimentaria. Con ese objetivo, se armó una agenda que comenzaba ayer, y continúa el jueves, con una jornada nacional de carpas, y el 7 de agosto, con una marcha desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo. El cierre está previsto para el 22 de agosto, cuando estas agrupaciones se sumarán a la “movilización de protesta” a la que convocó la semana pasada la Confederación General del Trabajo. Esta central sindical organizó la movilización después del desalojo de la empresa PepsiCo, cuya fábrica estaban ocupando varios trabajadores que fueron despedidos. Los ocupantes fueron reprimidos por la Policía al desalojarlos.

Justamente, un punto en común entre los reclamos sindicales y los de estos movimientos sociales está en los despidos de trabajadores, que son más de 22.000 en lo que va del año y se concentran en la industria, con 70% del total, según un informe del Centro de Economía Política Argentina. Uno de cada cuatro despidos en el segundo trimestre del año se debió al cierre de plantas de fábricas como PepsiCo, Quilmes y Sancor.

El martes hubo una marcha de miles de personas en rechazo a los despidos y para pedir al gobierno de Mauricio Macri que adopte medidas para paliar la situación. También las condiciones sociales son cada vez más difíciles en Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires viven en situación de calle 4.374 personas, según el primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo porteña, la Auditoría General y 50 organizaciones sociales. Estas últimas criticaron al gobierno de la ciudad, liderado por el macrista Horacio Rodríguez Larreta, al que acusaron de “invisibilizar la problemática” porque en un informe reciente contabiliza en 1.066 a las personas en situación de calle.

Entre los colectivos que se movilizaron ayer figuran Barrios de Pie, la Central de Trabajadores de la Economía Popular y la Corriente Clasista Combativa, que integran una alianza formada el año pasado bajo el nombre Triunvirato de San Cayetano. A la movilización también convocaban el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha. Estas y otras organizaciones exigen al gobierno que permita el tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria, que crea varios programas dirigidos a paliar las dificultades sociales: un relevamiento oficial para detectar a las personas con malnutrición, un Consejo Federal para dar seguimiento a los problemas nutricionales de los niños y un sistema de atención a estos casos. Además, el proyecto habilita al Poder Ejecutivo a aprobar partidas presupuestales extra para políticas dirigidas a enfrentar esta problemática. El proyecto no ha avanzado en el Congreso porque en distintas oportunidades el oficialismo no ha aceptado incluirlo en la agenda parlamentaria.

Además, las agrupaciones exigen al gobierno que atienda la situación social y que invierta todos los recursos que tiene a su disposición gracias a la Ley de Emergencia Social, que se aprobó el año pasado con los votos de la oposición y cuyo principal punto es el pago de un sueldo social complementario –equivalente a la mitad del salario mínimo– para los trabajadores que están en situación de informalidad. Según Daniel Menéndez, secretario general de Barrios de Pie, la ley habilita al gobierno a pagar 180.000 salarios complementarios, pero está pagando sólo 100.000.