La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados votó ayer el proyecto de ley de salud mental, incluyendo todas las modificaciones propuestas por la bancada de diputados del Frente Amplio (FA). En diálogo con la diaria, el diputado del FA Gerardo Núñez evaluó que uno de los cambios más importantes es haber fijado una fecha para el cierre de las estructuras asilares y monovalentes: 2025. Tal como adelantó ayer la diaria, los diputados sustituyeron en algunos artículos la expresión “trastorno mental” por “personas usuarias de servicios de salud mental”, y en otros casos la quitaron porque la mención no era necesaria. Para internar de manera involuntaria a alguien, se acotó la condición de “riesgo grave de daño inmediato o inminente para la persona o para terceros” a “riesgo de vida inminente para la persona o terceros”. Se definió crear un proyecto de ley que amplíe las potestades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) para que incluya una relatoría especial en derechos humanos y salud mental que sea independiente del órgano de contralor que dependa del Ministerio de Salud. Se obliga a notificar a la INDDHH acerca de las internaciones voluntarias e involuntarias. Según lo propuesto, el consumo problemático de sustancias psicoactivas ya no será abordado sólo desde las políticas de salud mental, sino desde una perspectiva integral.
Mónica Giordano, de Radio Vilardevoz y de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, evaluó que los diputados “hicieron un maquillaje” al sacar el término “trastorno mental” sólo en algunos artículos; por ejemplo, dijo que lo dejaron en todo el capítulo de interinstitucionalidad. “¿La interinstitucionalidad sólo va a atender a las personas con trastorno mental y no a las personas que tienen otras problemáticas de salud mental?”, preguntó. Insistió en que “trastorno mental” estigmatiza y recordó que Uruguay ha sido observado por organismos internacionales por usar términos peyorativos. Apuntó que “tiene que ver con el paradigma de la enfermedad y no con el paradigma de la salud”, y que si bien en la exposición de motivos el proyecto se refiere a la salud mental como “un campo complejo, multicausal”, el articulado tiene “un enfoque y una lectura del padecimiento psíquico pura y exclusivamente sanitarista”, definido sólo por la psiquiatría.
Giordano reprobó que los diputados no se hayan animado a crear un órgano de contralor independiente, y dijo que “se acorrala a la INDDHH sin darle herramientas”, porque se verá desbordada; lamentó que las observaciones de esta no sean vinculantes. Dijo: “No conforma esta falta de escucha hacia un montón de reclamos de organizaciones sociales, de organismos internacionales y de la INDDHH. Enoja la imposibilidad de pensar una salud mental y hacer un cambio radical en el modelo de atención”. Señaló además que “con estas contradicciones e incongruencias que tiene la ley, es muy difícil pensar que no vamos a seguir reproduciendo la lógica manicomial, que no vamos a seguir reproduciendo solamente el abordaje más sanitarista de la salud mental, que las violaciones a los derechos humanos desaparecerán cuanto antes; es difícil poder visualizarlo”.