La “incertidumbre segura” de quedarse en la calle cunde entre cientos de familias en la ciudad de Montevideo. Pero cientos es sólo una forma de decir, quizá poco aproximada, ya que los sujetos de a pie no tenemos herramientas para saber cuántos desalojos forzosos se promueven en esta ciudad ni en los demás rincones del país. Quién sabe por qué motivos, no hay un registro que sistematice y explicite tal información, o, si lo hay, no es de acceso público.

De los desalojos forzosos nos enteramos remotamente cuando algún caso trasciende en la prensa, con enfoques que no ayudan a plantear el problema en clave de derechos humanos. El nudo de la vulneración del derecho a la vivienda se diluye en el intento de escandalizar que producen algunas noticias. Así, por ejemplo, fueron los días con bombardeos mediáticos sobre los desalojos de La Quinta, Parque Guaraní o La Solidaria, para que las cosas sigan como están y el olvido haga su trabajo.

A estos casos que ven la luz les subyacen otros, iguales o peor de penosos por su invisibilidad, como la situación de los vecinos de 25 de Mayo e Ituzaingó. Allí viven 23 familias, es decir, más de 100 personas. En su mayoría, se trata de población migrante de nacionalidad peruana. Esta comunidad funcionó bien hasta que el año pasado apareció un cedulón de desalojo; entonces, empezaron los desencuentros, las riñas, la desesperación por buscar una solución. Al poco tiempo, otro cedulón con otro desalojo; lo cierto es que no se entendía mucho, y todavía sigue sin entenderse: el primer cedulón es genérico, el segundo es para algunos padrones pero nombra a personas de todo el edificio. Hay dos desalojos, dos expedientes que corren paralelamente en el mismo juzgado y están identificados con unos pocos números de diferencia.

A estos desalojos los promueven sociedades anónimas y abogados que trabajan en representación de terceros que, a su vez, son testaferros. Es decir, las tramas que se tejen por detrás de los intereses económicos.

Desde hace meses el Centro de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CDH) trabaja con esta comunidad para encontrar alternativas. Además de la clásica ruleta de las prórrogas de lanzamiento, haciendo el juego formal del derecho, se promovieron peticiones administrativas (que nunca fueron contestadas) ante Presidencia y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), solicitando reunión para exponer la situación y buscar posibilidades de realojo. Luego se llevaron a cabo sucesivas asambleas para discutir la situación y pensar estrategias de acción; a una de ellas comparecieron funcionarios de la administración.

Las fuerzas humanas concatenadas no alcanzan cuando no hay dispositivos institucionales creados especialmente para atender y atacar ciertos problemas. Los desalojos forzosos no son un tema relevante en la conciencia colectiva; no se discute jurídica o políticamente el derecho a la vivienda, menos aun el de propiedad. A pesar de que el artículo 45 de la Constitución dice que “todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa”, no hay un protocolo de acción para evitar los desalojos forzosos, ni una política pública de realojo de las personas que ocupan de forma precaria.

Para el caso de 25 de Mayo, la solución lograda hasta el momento consiste en ofrecer garantías de alquiler gestionadas en coordinación directa con el MVOTMA antes de la fecha de lanzamiento.

Se tenía fecha de lanzamiento el 20 de julio; como el proceso de gestión de las garantías es lento, pero avanza, se decidió presentar una última prórroga, amparados en el Decreto-ley 15.301 y su Ley modificativa 17.495, que faculta al juez a suspender los desalojos en invierno en casos en que en el inmueble haya niños o ancianos, sumando a ello una nota del Ministerio de Desarrollo Social en la que se da cuenta de la coordinación en la que se está trabajando junto con el MVOTMA.

Vecinas y vecinos padecen del sufrimiento prolongado de que mañana, pasado o la semana próxima el desalojo saldrá. No sabemos si se podrá concretar el proceso de garantías antes de esa incógnita fecha; casi como una cuestión de suerte. No sabemos cuántas familias más en otros sitios del país tienen fecha de lanzamiento y no tienen a dónde irse. No sabemos cuándo empezaremos a discutir colectivamente el derecho a la vivienda y a la propiedad, para construir una respuesta a todo esto.

Roberto Soria