Las autoridades municipales de Chicago demandaron ante una corte federal al Departamento de Justicia estadounidense por haber retenido fondos por valor de 3,2 millones de dólares. Estaba planeado que estos recursos se destinaran a comprar vehículos, pistolas taser, radios y equipo para la Policía. El alcalde de la ciudad, Rahm Emanuel, manifestó que la ciudad no se dejará “sobornar” por el gobierno federal de Donald Trump. “Somos y vamos a seguir siendo una ciudad que da la bienvenida a los inmigrantes”, afirmó.

Cuando el Ejecutivo estadounidense puso en marcha su ley antiinmigración ilegal, alguna ciudades de Estados Unidos se posicionaron en contra y declararon que cumplirán sus propias normas en lugar de las nuevas obligaciones de perseguir a las personas indocumentadas que fueron dispuestas por el gobierno de Trump.

Trump amenazó a estas ciudades –llamadas “ciudades santuario”– con no hacerles llegar fondos federales si se declaraban en rebeldía, y este fue el primer caso de conflicto legal entre las partes. Emanuel hizo hincapié en que si no se rechaza ahora la retención de los fondos, se corre el riesgo de que el gobierno federal intente después congelar otros recursos federales destinados a Chicago.

Las medidas contra las que están actuando estas “ciudades santuario” son aquellas que pretenden que las policías locales cooperen más intensamente con los federales en el ámbito de la inmigración. Por ejemplo, que la Policía local preste sus comisarías a las fuerzas federales; o que la ciudad, mediante su departamento de Policía, deba dar un aviso de que va a liberar a un inmigrante ilegal 48 horas antes de hacerlo.

La respuesta legal de las “ciudades santuario” se basa en poner en práctica de manera efectiva la ordenanza “Welcoming City”. Así, la Policía de Chicago no está obligada a cooperar ni a avisar a autoridades federales, a menos que exista una orden explícita.

La agrupación socialcristiana Proyecto Resurrección, formada por seis iglesias, se posicionó también a favor de las medidas de Emanuel. El director ejecutivo de la organización, Raúl Raymundo, declaró: “El trabajo de la Policía de Chicago consiste en mantener buenas relaciones con toda la comunidad y encargarse de la seguridad pública, ellos no son agentes de ICE [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]”.

Por su parte, el fiscal general estadounidense, Jef Sessions, hizo pública ayer la postura de la institución federal que dirige: “Cumplir con la ley o renunciar a los dólares de los contribuyentes”. Además, cuestionó el desempeño político de Emanuel con una rudeza que destacó la prensa de su país. “El dinero de los contribuyentes federales no ayudará a una ciudad que se niega a ayudar a sus propios ciudadanos”, dijo Sessions, y manifestó su asombro por el aumento “del crimen en Chicago, con un número de asesinatos en 2016 que supera al de Nueva York y Los Ángeles juntos”.