Dirigentes y trabajadores de las cooperativas de consumo se manifestaron ayer en el centro y frente al Palacio Legislativo, en contra de cambios introducidos a la Ley de Inclusión Financiera en un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el jueves 16.

El proyecto, que ahora pasó al Senado, modifica el orden de prelación actual que tienen las instituciones que hacen retenciones de los sueldos y pasividades, y equipara a las cooperativas de ahorro y crédito y a las asociaciones civiles en el mismo nivel de prioridad que tienen actualmente las cooperativas de consumo. El tema “fue tratado sumamente rápido por la Cámara de Representantes, donde las cooperativas de consumo no participaron en la discusión”, planteó Gerardo Montes, asesor legal de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC). Aseguró que la modificación “atenta directamente contra las fuentes de trabajo” de unos 3.600 empleados de las cooperativas de consumo, ya que como la reforma “no respeta la antigüedad de las instituciones, el que comunica primero prácticamente retiene la totalidad de la retención, lo que hace que cooperativas de más de 100 años de historia no tengan la posibilidad jurídica de cobrar los créditos que se les dan a los socios”, explicó.

Montes añadió que el objetivo de la movilización es lograr “una instancia de reflexión en el Senado, para rediscutir el orden de prelación”. La manifestación incluyó varios ataúdes, ya que los trabajadores aseguran que la aprobación de este proyecto significaría “la muerte para las cooperativas de consumo”.