La reforma laboral aprobada en Brasil tuvo rápido eco en el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo, pero generó un contundente rechazo del gobierno y no parece entusiasmar mucho al resto del sistema político.

Uruguay ya había manifestado en el seno del Mercosur su preocupación por la iniciativa, pidiéndole a Brasil que, en el ejercicio de la presidencia pro témpore del bloque, “reúna a los órganos sociolaborales” del bloque para analizar sus posibles impactos. El gobierno uruguayo considera que con una normativa de estas características el país norteño ganaría competitividad a costa de cercenar derechos laborales, una práctica que, según dijo el canciller Rodolfo Nin Novoa, se ha buscado evitar. Las expresiones de Nin –sumadas a algunas de tinte similar del titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro– le valieron un llamado al embajador uruguayo en Brasil al Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, aunque, según Nin Novoa, se trató de una simple “conversación informal” que no significó ningún tipo de protesta.

Pero la propuesta de Corallo de traer expertos en legislación laboral brasileños para estudiar la posibilidad de promover en Uruguay algunos aspectos de la reforma aplicada en ese país tuvo como efecto la amplificación en el gobierno de las voces discordantes con esa propuesta. Ayer, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, se sumó a las críticas a aplicar una política de este tipo. Durante un desayuno de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, el jerarca dijo que “los avances de la sociedad no se deben dar a costa de depredar a algunos actores”, y que no concibe el desarrollo si este implica “un retroceso en los derechos de las personas”.

Otra que habló al respecto fue la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse: “Me parece un pésimo ejemplo la reforma laboral de Brasil. Sería un gran paso atrás si pensáramos en cosas similares”, sostuvo en declaraciones recogidas por Radio Uruguay. También el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Loustaunau, se sumó a las críticas. En declaraciones al mismo medio, describió: “Es como que si dieran vueltas al reloj hacia atrás, pero muy hacia atrás”. También sostuvo que le preocupó la “poca reacción” que tuvieron los sindicatos brasileños y los organismos de control internacional, como la Organización Internacional de Trabajo, “que no ha hablado de esto”.

Pero para el MTSS no fue suficiente con la palabra de sus dos autoridades principales. Ayer, en el sitio web del ministerio se publicó un comunicado de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas en el que esa organización manifiesta su rechazo a “la presión que pretende ejercer el gobierno ilegítimo brasileño ante las preocupaciones del gobierno de Uruguay por el impacto de la Reforma Laboral aprobada recientemente en Brasil”. Para la confederación, la preocupación del gobierno uruguayo es justificada, porque “es un hecho ya comprobado el impacto negativo de las reformas aprobadas para los/as trabajadores/as, ya que flexibilizará aun más las normas laborales, ampliará la tercerización y abaratará el ‘costo laboral’ brasileño, lo que repercutirá negativamente en toda la región. Ya desde Argentina el gobierno de ese país ha anunciado la necesidad de adaptarse para poder competir con el ‘costo Brasil’, lo que no es otra cosa que una carrera hacia el fondo, disminuyendo derechos laborales y realizando mayores ajustes sociales recesivos”.

No tiene amigos

En el resto del espectro político, la reforma laboral que impulsa Brasil tampoco parece estar ganando demasiadas adhesiones. El diputado nacionalista Pablo Abdala fue otro que no se mostró muy afín con emular la reforma que se impulsa en Brasil. “No soy partidario de este tipo de reformas a lo Temer, ni en el contenido, ni en el procedimiento. Las sociedades no pueden dar marcha atrás, mucho menos por imitar a un país vecino”, sostuvo el diputado, que agregó que Uruguay ha sido pionero en el tema “y no sólo en los últimos diez años, sino en toda su historia”. Abdala sostuvo que “los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste de la competitividad”, cuando “hay otros temas para corregir y solucionar antes, como el costo del Estado, el gasto público, los impuestos y las tarifas”. Además, sostuvo que una reforma de estas características no puede ser impuesta por una mayoría circunstancial del sistema político, sino que debe ser construida “en base a acuerdos”, con el Estado actuando como “árbitro”.

El diputado Fernando Amado (Partido Colorado) dijo a la diaria que la reforma brasileña “recorta conquistas de los trabajadores que fueron largamente peleadas y que implicaron un gran proceso de acumulación para lograrlas”. “Y a un batllista, que le es muy cara esa forma de interpretar la necesidad de los trabajadores de tener una protección del Estado para sus derechos, le despierta una reacción negativa, de condena, por eso tenemos que estar enfrentados a esa eventualidad”, agregó el legislador. Para Amado, con esta reforma el gobierno de Temer “aprovecha la oportunidad” para sumarle “otra mancha al deterioro democrático” de ese país.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, en tanto, consideró que la reforma laboral que promueve Brasil implica un “problema” para Uruguay, en la medida en que le da al país norteño un “diferencial de competitividad” a su favor “que debe llevar a la preocupación y al análisis”. Sin embargo, consideró fuera de lugar la iniciativa del gobierno de discutir este tema en el Mercosur. “Cualquier análisis serio de la normativa del Mercosur indica que es un tema que Uruguay no puede reclamar allí; con un nivel de integración más acabado, probablemente sería otra cosa, pero no lo hay”. Para Mieres, la reforma que promueve el gobierno de Temer es “radical” y “en muchos aspectos, rechazable”. No obstante, aseguró que las relaciones laborales “enfrentan una situación de cambio del mercado de empleo en el mundo, y eso va a pasar también en Uruguay”. Según el senador, “hay que buscar la manera de adecuarnos al contexto internacional viendo qué ajustes podemos realizar para no perder puestos de trabajo, pero buscando la manera de no afectar a los trabajadores”.

En tanto, Santiago Pérez del Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social durante parte del gobierno de Jorge Batlle, también cuestionó algunos puntos de la reforma. En diálogo con Canal 12, criticó que un acuerdo individual pueda valer más que los convenios colectivos: “Cuando negocia individualmente, el trabajador queda con menos posibilidad de negociar, porque es un poco ‘firmá acá o andate’. En cambio, cuando se negocia colectivamente ya es otro cantar. En cuanto al contrato individual..., en eso se fueron de mambo. Creo que es un típico abuso”. Según agregó, lo más impactante de la reforma brasileña es “que las embarazadas y las mujeres que están amamantando puedan trabajar en lugares insalubres”.