Nacional

El miércoles mataron a Carlos Trasante Rodríguez en el módulo 8 del Comcar. Había caído preso el 29 de febrero, tenía 35 años. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Crisoldo Caraballo, dijo a la diaria que están esperando los análisis forenses para determinar la causa de muerte. Este es el segundo asesinato en el módulo 8 este año, y el tercero en el Comcar. Según planteó el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, los tres homicidios se podrían haber evitado si la cárcel “funcionara” y no fuera “un contexto explosivo”, donde prima la violencia por falta de actividades psico-socioeducativas.

Ayer mataron a uno de los denunciantes de los hechos de represión policial del 29 de febrero en el Penal de Libertad. El hombre, de unos 40 años, murió desangrado por una puñalada en la axila en el sector B del quinto piso. Internos denuncian que permiten a los presos salir al patio "con cortes y que se maten entre ellos”.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, anunció el lunes en el consejo de facultad que renunciaría a su cargo después del 27 de junio, cuando se cumplan seis años desde que asumió ese cargo. Si bien en el consejo fue más escueto a la hora de explicar los motivos de su decisión, Arim hizo saber a sus allegados que su determinación de renunciar se debe principalmente a “comportamientos corporativos y rentistas” de algunos consejeros docentes y a que no quiere, como decano, avalar esos “funcionamientos perversos”.

La Institución Nacional de Derechos Humanos publicó ayer un informe sobre la ocupación del edificio del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública en setiembre de 2015, en particular sobre la denuncia por malos tratos presentada por dirigentes de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria luego de que fueron detenidos en el marco de la ocupación (que en realidad era de gremios estudiantiles de varios liceos).

“Cuentas claras” se denominó el foro organizado por el Banco Mundial que tuvo lugar ayer y hoy. Autoridades y expertos provenientes de diversos países de la región discutieron sobre corrupción y transparencia en la gobernanza pública. El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de Argentina, Alfonso Prat-Gay, señaló los casos de corrupción de los gobiernos kirchneristas, mientras que el presidente del Banco Central uruguayo, Mario Bergara, defendió a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ante el juicio político al que se intenta someterla, y dijo que si este resulta positivo a favor de destituirla, lo que vendrá será “probablemente corrupción”.

Mientras las compañías navieras y las terminales portuarias intentan recuperar lentamente lo perdido por las trabas portuarias impuestas por el gobierno de Cristina Fernández, el monitoreo ambiental de la planta de celulosa de UPM y del río Uruguay, permanece sin definiciones. Hasta ahora persiste un obstáculo importante para trabajar en esa dirección: Argentina aún no nombró a su delegación en la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es la que se está encargando del monitoreo ambiental de UPM.

Raúl Sendic llevaba ya unos cuantos días sin ser noticia, pero ayer se conocieron las cifras gastadas por el Parlamento en el viaje que el vicepresidente realizó, junto a otras 13 personas (siete legisladores y seis funcionarios), a Lusaka, capital de Zambia, para participar en la 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, y la calma se quebró.

Las conclusiones del primer informe sobre los repartidores en motocicleta o deliveries, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), muestran que en ese sector la formalidad es poca y los peligros son muchos. La mayoría de la empresas fueron sancionadas, apunta el MTSS, y por motivos variados

La Institución Nacional de Derechos Humanos inició una investigación de oficio por discriminación a mujeres en empresas de ómnibus, que se disparó a raíz de las notas de prensa sobre el cierre de la empresa Raincoop y la eventual absorción de sus líneas y trabajadores por parte de COME y otras empresas.