Andrea Venosa

La falta de personal para el trato directo en el Inisa, sumado a la baja cantidad de propuestas educativas dentro del sistema, producen más horas de encierro para los y las adolescentes

Con estas decisiones se lesionan los derechos de las y los trabajadores y no se cumple por parte del propio Estado con una norma aún vigente, lesionando derechos funcionales y económicos.

Desde 2020 el Inisa viene arrastrando una serie de recortes en su presupuesto que afectan directamente la atención de las adolescencias.

Existen casos de jóvenes sentenciados con más de cinco años de privación de libertad, dado el aumento de las penas máximas que realizó la LUC, lo cual es nefasto para el desarrollo de las adolescencias.

Agrupar a jóvenes de estas características constituye una acción discriminatoria, castigadora, además de un rotundo fracaso en la meta que se debe alcanzar.

Tomamos medidas que en aras de una supuesta protección suman más encierro y conflictividad en las adolescencias, que están impactando muy seriamente las adolescencias privadas de libertad.

Desde marzo se vienen recortando los gastos más importantes del INISA, como funcionamiento y alimentación, que impactan directamente en los derechos de la población atendida.

Esto podría volver al antiguo intercambio de niños con base en las condiciones materiales de las familias, esto es, “ventas de niños y niñas” en forma indirecta o encubierta valiéndose de las necesidades de muchas familias vulnerables.

Asistimos a una crisis en los cuidados que deberíamos brindar a niños, niñas y adolescentes