Berríos fue sacado en forma clandestina de su país el 26 de octubre de 1991 y fue hallado sin vida en la costa canaria en 1995. Tras pasar por Argentina recaló en Uruguay, en donde, según se confirmó el martes en el juicio, se contaba con el aval de las autoridades de la época, aunque los testimonios no precisaron si de las civiles o las militares, o de ambas. El que realizó estas afirmaciones fue un ex agente de la contrainteligencia uruguaya, el coronel retirado Wellington Sarli, quien compareció junto a sus compañeros de armas y de causa Tomás Casella y Eduardo Radaelli.

Los tres se mantuvieron en la negativa de haber sido parte de una organización destinada a eliminar a Berríos, pese a que hasta el momento la Justicia chilena ha encontrado pruebas para procesarlos por asociación ilícita y por secuestro. Según la crónica publicada ayer por el diario La Nación, los tres asumieron que sólo “ayudaron” a los agentes chilenos sin saber quién era realmente el químico ni por qué la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno (Dine) lo había sacado del país. Cuando Berríos se escapó de sus custodias en Uruguay y se presentó en 1992 en la comisaría de Parque del Plata denunciando que estaba retenido contra su voluntad y que Pinochet quería matarlo, se supo que la razón para el “exilio” fue que no declarara en su país en la investigación sobre la muerte de, entre otros, el ex canciller Orlando Letelier.

Los tres coroneles uruguayos aceptaron el martes haber ido el 15 de noviembre a la comisaría, una vez conocida la presencia de Berríos. “Fue Casella quien me pidió la casa de Parque del Plata para llevar a Berríos por unos días. Él no me dijo quién era Berríos, a quien yo no conocía, entonces yo confié en Casella porque me dijo que Berríos, a quien nombraban como Tulio Orellana, y otro chileno a quien conocí como Carlos Ramírez, eran conocidos suyos”, declaró Radaelli, según la transcripción del mencionado diario.

Tal como se consignó en su momento, el juicio se encuentra en la etapa de plenario, previa al dictado de condena por parte de Madrid. En ese contexto fue que se produjeron los primeros conflictos entre los militares de ambos países, ya que los chilenos aceptaron aportar información para reducir sus penas. Así quedó claro que el caso Berríos formaba parte de los últimos aleteos del Plan Cóndor, que la operación se financió con fondos secretos que manejaba el dictador Augusto Pinochet, y que la participación uruguaya era a condición de que nunca se estableciera esa conexión.

Plop

A mediados de agosto y a impulso de la defensa de los tres coroneles extraditados en abril de 2006, se produjo el encuentro previo al inicio del plenario entre éstos y los oficiales retirados del Ejército chileno, vinculados a la dictadura y al operativo Berríos. El objetivo era que los mayores Arturo Silva Valdés y Arturo Sanhueza Ros, el coronel Manuel Pérez Santillán y los suboficiales (estos aún en servicio) Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas cambiaran sus versiones. La Nación dijo que los chilenos se negaron, lo cual pudo comprobarse cuando el 12 y el 13 de agosto fueron borrados de la lista de testigos que Radaelli, Sarli y Casella habían solicitado para sostener sus coartadas.

Otra constatación del quiebre del pacto de silencio también tiene que ver con la audiencia del martes, que fue pedida el 14 de agosto por Arturo Silva, procesado por ser uno de los autores materiales del asesinato de Berríos. “Que confiesen lo que saben”, le dijo a Madrid al solicitar la instancia, aceptada formalmente por el magistrado hace dos semanas. El abogado de los uruguayos, Carlos Máquez, declaró el 19 de agosto a Canal 12 que “las declaraciones que se prestaron a policiales chilenos que fueron a Uruguay carecen de la imparcialidad suficiente para constituir una plena prueba”, argumentó Márquez, al tiempo de reafirmar que sus clientes “no han tenido participación en los delitos de los que se los acusa”.

El martes los uruguayos se defendieron e incluso Sarli se mostró molesto con el juez, a quien interrumpió cuando éste lo interrogaba sobre las revelaciones de los encausados chilenos. También se molestó Radaelli cuando Madrid lo consultó sobre lo dicho en el plenario acerca de que él era el contacto en Uruguay con la Inteligencia chilena mientras Berríos estuvo vivo: “Yo nunca llamé a ninguno, ni tampoco recibí llamadas de ellos”, contestó. Sin embargo, después vino la contradicción de Sarli y la afirmación de que todo quedaba en “las más altas esferas”.

Van 1.261 días de concretadas las extradiciones, según recordaba ayer un sitio uruguayo que sigue el periplo de los militares (http://www.casoberrios.com) y es posible que antes de fin de año se conozca la sentencia. El mencionado sitio tiene varias notas en defensa de Sarli, Radaelli y Casella, incluyendo una de Eleuterio Fernández Huidobro opinando que los extraditados son presos políticos. El último artículo publicado tiene fecha de 22 de setiembre. Da cuenta de una condena realizada por un ex integrante de la Juventud Uruguay de Pie (ver nota en esta misma página) ante Uno América, una organización que reúne a personalidades de varios países de la región, señalada como reducto de la derecha más dura y lugar de encuentro de muchos individuos vinculados con las dictaduras que actuaron bajo el ala del Plan Cóndor.