Desde 1988 la vida de Rivero ha oscilado mucho. Fue policía, se convirtió en delincuente y conoció de cerca el otro lado de la ley. Después fue guardaespaldas del vicepresidente de la República, tuvo un período de cuatro años como asesor en materia de seguridad en el Parlamento, hasta que a fines de 2001 se dio a la fuga de Uruguay. Funcionarios de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) estaba a punto de capturarlo, tras comprobar que durante todos esos años el hombre había seguido asociado al delito.

Casi seis años después de haber sido librada una orden de captura internacional por el Juzgado Penal de 17º Turno, se produjo su detención, el 10 de mayo de 2007 en Argentina. A más de dos años de aquella instancia, que estuvo a cargo de Interpol, parece que los plazos procesados se van acortando y, de acuerdo con la información recabada por la diaria, es probable que Rivero finalmente regrese al país para enfrentar a la justicia por delitos de contrabando, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El 23 de junio de 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los argumentos planteados por Rivero -mediante su abogado Pedro Pablo Pusineri- alegando que no era procedente la extradición de su cliente. El “recurso de hecho” -así se denomina el mecanismo activado por la defensa- recorrió todos los tribunales hasta llegar al máximo órgano, que calificó de “inadmisible” el planteo, antes de devolverlo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de Canicoba. Fuentes cercanas al caso estimaron que, en caso de que el magistrado finalmente resuelva entregar al imputado a la justicia uruguaya, la acción puede concretarse antes que termine el año.

Sin embargo, de este lado del río, en el Juzgado Penal de 17º Turno no se tiene conocimiento de la última decisión de la Corte Argentina. Sí se enfatizó que el expediente está prácticamente paralizado desde 2001, ya que, si bien hay otros sospechosos e implicados, sólo Rivero tiene una situación comprometida desde el punto de vista procesal, al tiempo que es el único que puede destrabar algunos de los misterios que su ausencia mantiene a salvo.

El poder, el poder

Entre 19 y 20 de julio de 1989 tuvo lugar la 20ª sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Eran tiempos en los que Luis Alberto Lacalle corría con viento a favor para convertirse en el sucesor de Julio María Sanguinetti. Meses después lo lograría.

En aquella instancia parlamentaria, los legisladores del Partido Nacional le plantearon, entre otras, las siguientes preocupaciones al entonces ministro del Interior, Antonio Marchesano: “I) Medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para garantizar la seguridad individual ante el notorio incremento de la delincuencia en el país. II) Participación de algunos miembros del cuerpo policial en recientes hechos delictivos”. Uno de los protagonistas fue Alberto Zumarán. Entre los temas marcados por el legislador, hubo una parte dedicada a la corrupción policial.

“Otro caso que se inscribe en la temática de lesionar la disciplina y el principio de autoridad del Instituto Policial, se produce en la Jefatura de Policía de Florida. Luego de reiteradas denuncias, el señor subjefe, inspector Presa, detuvo al subcomisario Artigas Rivero y al oficial Manuel Porto. A ambos se les incautaron diversos objetos ilícitos. Una vez remitidos a la justicia, fueron procesados por abigeato y contrabando. No sólo no se les formó Tribunal de Honor, sino que cuando recuperaron su libertad, el ministro los reincorpora al servicio. El subcomisario Artigas Rivero pasa a la Seccional 21ª y el oficial principal Manuel Porto a la 8ª. Dada la resistencia que esto produjo en el departamento de Florida, ambos pasan en comisión a Institutos Penales”.

Espalda con espalda

Menos de un año después, las oscilaciones de la vida hicieron que Artigas Rivero se convirtiera en el guardaespaldas del entonces vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre, quien años después se convirtió en defensor de Porto contra el Estado, ya que en 1997 fue dado de baja tras un nuevo procesamiento (encubrimiento del crimen de la joven Sheyla López en Rivera). Los buenos oficios del abogado Aguirre hicieron que en 2001 recuperara su puesto y cobrara los salarios que no había percibido. Cuando Lacalle y Aguirre terminaron su mandato, tampoco Rivero quedó a la deriva. En 1997 Borsari lo acogió en su despacho como asesor en materia de seguridad, aunque casi nunca iba a trabajar (Rivero), tal como en su momento lo reconocieron otros allegados al legislador herrerista. Y meses después de que Porto volviera al Estado, su socio en el crimen (Rivero) lo abandonaba ante la inminencia de su captura. Fue en diciembre de 2001 cuando se conocieron sus vínculos con el contrabando y con Borsari. Semanas antes de fugarse -como el propio ex policía lo reconoció en una entrevista desde la clandestinidad con Caras y Caretas- le notificó a Borsari que abandonaría el trabajo.

Durante su período en el Parlamento, los investigadores de la DGRTID pudieron demostrar que el patrimonio de Rivero había crecido estrepitosamente hasta ascender a unos 10 millones de dólares, incluyendo una estancia de mil hectáreas en Florida, varios vehículos y cuentas bancarias bien nutridas. Todo eso gracias a dominar una tajada importante del contrabanado mercosuriano. Cuando el caso Rivero cobró estado público, Borsari se mostró sorprendido, dijo que no estaba al tanto de la vida privada de su secretario y que con él “se desempeñaba como con Gonzalo, correctamente”. También dijo que antes de sacar conclusiones había que dejar trabajar a la justicia sin interferir con esa tarea.