Esta semana puede ser decisiva para la resolución de la crisis política que vive Honduras desde el 28 de junio, día en el que un comando militar asaltó la residencia presidencial y expulsó del país a Manuel Zelaya. Representantes del mandatario depuesto y del gobierno golpista llegaron el viernes a un acuerdo, por el cual se estipuló, entre otros puntos, que le corresponderá al Congreso decidir si Zelaya debe ser restituido o no en su cargo.

Según el cronograma del acuerdo, hoy se instalará una comisión verificadora, integrada por dos representantes hondureños y dos de la comunidad internacional (uno de ellos será el ex mandatario chileno Ricardo Lagos). Esa comisión controlará que se cumplan los puntos acordados, entre ellos, que el jueves, a más tardar, se instale un gobierno de “unidad nacional”.

Sin embargo, aún no hay fecha definida para que el Congreso se reúna. Se encuentra en receso porque la mayoría de los parlamentarios están abocados a la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre. También a esa votación se refiere el acuerdo. Las partes legitiman esas elecciones para garantizar el restablecimiento de la institucionalidad en el país.

Desde el viernes, los legisladores hondureños son el centro de la atención mediática porque serán ellos, en definitiva, los que tendrán en sus manos la llave de la solución al conflicto que vive su país. Claro que son los mismos que el 28 de junio legitimaron el golpe y aprobaron por unanimidad la investidura de Roberto Micheletti, el actual presidente de facto de Honduras. Pero tras el acuerdo, los zelayistas iniciaron contactos con los miembros del Congreso. Uno de los hombres clave en este juego es Porfirio Lobo, el candidato presidencial del opositor Partido Nacional, rival del Partido Liberal, al que pertenecen tanto Zelaya como Micheletti. Los votos del partido de Lobo pueden ser decisivos para la postura que adopte el Congreso.

Zelaya -quien permanece en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de setiembre- manifestó cierta satisfacción pero también cautela. Ayer el mandatario derrocado insistió en que el jueves deberá estar conformado el nuevo gobierno, aunque también admitió la posibilidad de que el Congreso rechace su restitución. En ese caso, daría por roto el acuerdo. En un mensaje transmitido por la radio Globo, Zelaya señaló: “espero que el Congreso Nacional tenga la sabiduría de enmendar el golpe de Estado con el fin de encontrar la reconciliación del pueblo hondureño”.

En respuesta, la vicecanciller del gobierno de facto, Martha Alvarado, acusó al presidente depuesto de intentar crear una atmósfera de inestabilidad y de poner en una situación precaria el acuerdo. Pero en una postura aun más radical se encuentra el Frente de Resistencia contra el golpe de Estado, que anunció su decisión de mantener el boicot a las elecciones, hasta que Zelaya sea restituido en su cargo. Así lo hizo saber el dirigente Juan Barahona, en declaraciones reproducidas por la agencia EFE. “Mientras no se dé la restitución del presidente Zelaya no se participará en las elecciones”, anunció Barahona.