Igual que el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, Pablino Cáceres fue sacerdote. Pidió permiso a la Iglesia Católica para asumir el cargo que hoy tiene en el Ejecutivo paraguayo, como titular de la Secretaría de Acción Social (SAS), que tiene rango de ministerio. Si bien no tiene un historial de militancia política partidaria, sí contaba con experiencia en el trabajo social en zonas pobres del país cuando aceptó, en 2008, esa tarea de gobierno. El mes pasado, la oposición le puso las cosas más difíciles cuando el Parlamento recortó el presupuesto destinado a sus políticas y la SAS pasó de contar con casi 120 millones de dólares para planes de protección social a disponer sólo de 72,5 millones.
Cáceres visitó el viernes Montevideo para participar en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros del Área Social del Mercosur, y conversó con la diaria acerca de la lucha contra la corrupción que intenta dar la actual administración paraguaya, los planes de Acción Social, sus objetivos y las resistencias y dificultades que encuentra para cumplirlos.
-¿Qué desafíos enfrentó su secretaría para dar una solución a la pobreza en Paraguay?
-Los últimos censos estiman la pobreza extrema en 19% de la población total, 1,2 millones en una población de 6 millones de personas. El porcentaje creció en los últimos años de la administración anterior, es una de nuestras pesadas herencias, algo que intentaremos revertir en estos próximos cinco años. Nuestro país sale de una larga dictadura [1954-1989] y, si bien ya tenemos unos años de democracia, hasta el 20 de abril de 2008 [fecha de las elecciones paraguayas que ganó el presidente Fernando Lugo] permaneció instalado hegemónicamente un partido político [Partido Colorado] que a su vez trajo una situación de desgaste, de corrupción, de prácticas viciadas. Es una herencia bastante pesada para nuestra administración, hay que desarticular prácticas instaladas y hacer nuevos planteamientos en busca de participación, de transparencia, de gestión sana. Estamos en ese proceso todavía. En este primer tramo de gestión hicimos un trabajo intenso y logramos ampliar la cobertura de programas de protección social, la Transferencia Monetaria con Corresponsabilidades [TMC, semejante al Plan de Emergencia que se implantó en Uruguay] creció siete veces desde que asumimos, teníamos 14.000 familias en agosto del año pasado, resultado del trabajo de tres o cuatro años de la administración anterior, y lo ampliamos a 102.000 familias en 15 meses. Es un trabajo importante, lo que no quiere decir que no requiera ajustes o que no tenga aspectos a mejorar. Por buena que sea la gestión que hagamos siempre va a requerir ajustes, pero es un resultado importante.
-Lugo consideraba un desafío combatir prácticas de corrupción instaladas en la administración pública. ¿Cómo manejan esa situación desde su secretaría?
-Realizamos un trabajo interesante en cuanto al combate a la corrupción y a transparentar y sanear nuestra gestión. Eliminamos el despilfarro que existía antes, ya no hay desvíos de fondos muy escandalosos como sí hubo en la institución. Lo veo como un logro muy importante, aunque no podemos decir que lo controlemos 100%. También debimos gestionar toda la presión social que venía de movimientos y grupos sociales muy amañados, o por lo menos sus dirigentes, que estaban instalados en la institución y que aprovecharon recursos y privilegios, incidiendo en forma negativa en las respuestas a las demandas sociales, obstaculizando la implementación de políticas sociales coherentes y transparentes. También presentamos denuncias formales al Ministerio Público y estas situaciones están siendo investigadas profundamente. Fruto de eso, ya fueron imputadas en mayo unas 25 personas, entre ellas la anterior ministra [Judith Andraschko], algunos funcionarios del SAS y de otras instituciones públicas y líderes sociales. Esto no es una lista acabada, es una primera determinación del ministerio, muy importante, que avaló nuestra búsqueda de mayor transparencia y de combate a la corrupción. Justamente antes de venir vi un informe de la Procuraduría de la República que, si bien no pude ver a fondo, reflejaba una impresión mucho más positiva y saludable de la corta gestión que llevamos, y gracias a todo esto creo que estamos recuperando la credibilidad y el respeto de la población hacia la secretaría.
-¿Cómo van a hacer para continuar aumentando la cobertura con los recortes presupuestales que sufrió el ministerio por parte del Parlamento?
-Debo decir que para este año teníamos como objetivo llegar con la TMC a 120.000 familias y llegamos a 102.000, aunque tenemos datos de los demás. No vamos a poder llegar a esa meta en 2009 porque los recursos con los que contamos no nos alcanzan, no por dificultades de nuestro equipo o por falta de gerenciamiento. Y posiblemente tengamos dificultades también el año próximo debido a esta situación, bastante delicada, con el Parlamento. El recorte es un 40% de presupuesto, lo que va a producir un fuerte impacto, especialmente en la población beneficiaria de nuestros programas de protección social. No sólo se va a sentir en la TMC, sino también en nuestro programa de regularización de asentamientos, Tokohá, en guaraní, que significa ‘hábitat’, el ambiente donde uno vive, se integra y desarrolla su vida. Es una palabra muy amplia y muy oportuna para esta nueva política de atención integral a las familias de los asentamientos. No se trata sólo de darles casa o un pedazo de tierra para vivir, sino también de atender integralmente a las familias, su convivencia con los demás, su relación con la comunidad, su incorporación a la sociedad, y no ir construyendo guetos en los que el aislamiento y la discriminación los sometan otra vez a situaciones de exclusión y de inequidad. Hay otras propuestas, de generación de empleo, de articulación entre comunidades, para que estas ayudas puedan completarse con mecanismos y herramientas que ayuden a estas comunidades y a estas familias a activar por sí mismas recursos que les permitan vivir dignamente, vivir mejor. Todos estos planes son posibles, y tenemos que poder hacer mucho más, si contamos con el presupuesto. Por eso este año lanzamos una campaña cuyo eslogan es “sin presupuesto no se puede”.
-El recorte presupuestal fue dispuesto por la oposición en el Parlamento y estuvo acompañado de cuestionamientos a las políticas del gobierno, en este caso las políticas sociales, tanto las de su cartera como las que se impulsan desde el despacho de la primera dama, la hermana del presidente, Mercedes Lugo. ¿Qué opina de las críticas a estos planes sociales?
-Muchos parlamentarios critican que estos programas son asistencialistas y que promueven la haraganería y la dependencia. Tienen razón: si estas acciones no vienen acompañadas de otras que promuevan las capacidades de las personas, es posible que se caiga en dependencia y se reduzcan al asistencialismo. Tratamos de que no sea así, pero esto tiene doble filo. Intentamos que nuestra propuesta sea integral, pero es un proceso, no se puede pretender que aquellas familias que reciben una ayuda del Estado al día siguiente ya estén activando los recursos que les permitan superar la extrema pobreza. No se supera de la noche a la mañana. Son años y años de exclusión, de discriminación, de olvido, que vivieron comunidades enteras en nuestro país y eso no es algo que se pueda levantar de la noche a la mañana, pero estamos trabajando para superarlo. Todo esto incomoda al Parlamento, hay una actitud perversa de debilitar las políticas sociales del gobierno de Lugo.
-¿Piensa que su cartera y sus políticas fueron perjudicadas por esos intentos de la oposición de hacerle difíciles las cosas al gobierno?
-Es una actitud bastante mezquina de los legisladores, y lo digo con mucho pesar: son mis compatriotas, autoridades que fueron electas por el pueblo, en su mayoría por gente que vive en vulnerabilidad, que los eligió y hoy en día sufre las consecuencias. Dicen que nuestra secretaría tiene una baja ejecución presupuestaria, algo que no es cierto. Nosotros presumimos que su apreciación se reduce y se remonta a lo que sucedió durante el mes de junio, cuando sí tuvimos dificultades, entre otras cosas, porque tuvimos que reconstituir el marco legal para realizar diversos programas y eso nos llevó mucho tiempo. Recién en junio, julio, pudimos realizar los primeros desembolsos. Pero hoy la ejecución presupuestal de la SAS llega a 70%, incluso en algunos programas llegamos a 100% de ejecución, y ellos no consideran eso. Además, está la denuncia que nos hacen de que supuestamente nosotros utilizamos estos fondos para realizar proselitismo y repetir los vicios del clientelismo que existían en la administración anterior, pero nunca nos acercaron evidencia, ningún elemento que nos permita corroborar y eventualmente corregir esos vicios. Nuestro trabajo es mejorable y criticable, estamos abiertos a las críticas, pero estas denuncias son irresponsables. Si existe ese tipo de situaciones somos los primeros interesados en despejar todo tipo de duda y en transparentar nuestra gestión. Desde el Parlamento instalaron, con mentiras y medias verdades, la necesidad de reducir los recursos de la SAS, y contribuyeron poco y nada a mejorar nuestra gestión. Ésos son los argumentos del Parlamento que descuartizó nuestro presupuesto, es una palabra un poco agresiva, pero refleja la realidad. Por eso es que, posiblemente, este año no sea muy favorable para la SAS, pero tendremos oportunidades de revertirlo.
-¿Es posible mejorar la relación del oficialismo, o, al menos, de su secretaría, con el Parlamento?
-Nos reclaman una mayor comunicación, un mejor relacionamiento, una confianza mutua fortalecida, y vamos a empeñarnos en eso. Yo no provengo de un sector político, no hago militancia y trato de mantener distancia, pero también me siento muy libre de trabajar con todos ellos. Esa distancia probablemente no sea bien vista por los sectores políticos que buscan tener mayor incidencia y mayor presencia en la institución. No lo están consiguiendo, porque pusimos cierta barrera alrededor de la SAS. Cuando se trabaja con la protección social no queremos que tengan injerencia colores ni ideologías partidarias o políticas: queremos que estos programas sean, en lo posible, inmunes a todo tipo de factores que puedan entorpecer, desvirtuar o empañar nuestro trabajo. Ellos nos dicen “bueno, pero por qué se ponen así, si pueden pedir una ampliación presupuestaria”, pero ya tuvimos ese discurso el año pasado y tememos que el año que viene suceda lo mismo. Si no nos devuelven nuestro presupuesto, posiblemente tengamos que tomar algunas determinaciones muy drásticas y muy dolorosas, como recortar el beneficio a familias que ya están dentro del sistema. Llegamos a 102.000 familias; es posible que cuando este recurso presupuestario no permita avanzar en la cobertura tengamos que desligarnos de cierta cantidad de familias, aproximadamente 50.000 o 60.000, que quedarían fuera del programa.
-En Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una secretaría enfocada a atender la situación de la mujer. ¿Cuál es la situación de las mujeres en Paraguay?
-En muchos casos son ellas las que mueven la economía familiar, en general son las que mejor desarrollan la capacidad administrativa de las familias, optimizan los recursos, los estiran lo mejor y lo más que pueden para el cumplimiento de sus fines, y también para ir activando otros recursos. Son ellas, las jefas de hogar, las que preferentemente reciben estas ayudas. Se hicieron algunas muestras con las producciones de estas mujeres -artesanías, comestibles, trabajos en tela- que demuestran que, en medio de su pobreza, no se quedan de brazos cruzados con la ayuda que reciben. Ellas buscan activar recursos que les permitan ir superando de a poco su situación. Esta capacidad de activar herramientas despierta una conciencia nueva, más participativa, más comprometida, y, en el fondo, esa conciencia es la que molesta a ciertos sectores políticos que ven la amenaza de un desprendimiento importante de este sector, que en la historia fue cautivo de los intereses de políticos de turno. Nosotros creemos que esa amenaza hace temer a esta clase política.
-Como integrante del Ejecutivo paraguayo, pero también como sacerdote, ¿qué opina de las demandas de filiación que ha recibido el presidente Lugo?
-Primero, yo creo que eso ayudó a comprender la realidad humana en que vivimos los que elegimos el camino sacerdotal: no por ser consagrados o religiosos dejamos de ser humanos, somos de carne y hueso. Igual, hay que entender que hay una campaña para desprestigiar no sólo al presidente sino a su gobierno y a quienes integramos su equipo, que viene de aquellos sectores que tienen todos los recursos a mano: recursos económicos, influencias políticas, incluso poderes del Estado que mantienen la estructura de la anterior administración, el poder judicial, el legislativo, el tribunal de justicia electoral, incluso el Ministerio Público. Entonces se complica más todavía hacer un proceso de cambio, que fue uno de los pilares fundamentales de la propuesta de Fernando Lugo al ser electo. Como él siempre dice, nadie dijo que va a ser fácil, y el primer tramo de nuestra gestión muestra que hay una fuerte resistencia.