El camino de la huella

El calendario electoral marca el 7 de setiembre como fecha límite. Para entonces, todos deberán haber entregado las listas de los candidatos que se presentarán a las elecciones presidenciales previstas para el 6 de diciembre. En estos comicios también se elegirán a las dos cámaras del Congreso, que, de acuerdo con la nueva Constitución que entró en vigencia en febrero, pasará a llamarse Asamblea Legislativa Plurinacional. La cercanía de la fecha ha llevado a que el sector de los antievistas -como se denomina a los férreos opositores del gobierno de Evo Morales- se embarque en una carrera contrarreloj para formar lo que consideran la medida más acertada para competir en los comicios: la formación de un frente común y la nominación de un candidato único. Hace tiempo que la idea suena, pero fue en los últimos días que la alianza logró ser bautizada bajo el nombre de Todos Unidos. Incluso, en esta semana, según señalaron portavoces de este bloque a EFE, se formalizaría el nombre de su candidato. El frente es impulsado por varios prefectos opositores como Ernesto Suárez, líder del departamento de Beni y Savina Cuéllar, gobernadora de Chuquisaca. También participa el suspendido prefecto de Pando, Leopoldo Fernández -detenido por la muerte de al menos 13 campesinos en dicho departamento-, además de los comités cívicos de Cochabamba, Beni y Pando, según apuntó el diario boliviano La Razón. Dentro de este grupo los posibles candidatos presidenciales son: el ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, destituido en el referendo revocatorio del 2008, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la politóloga Jimena Costa. A pesar de que este bloque anunció que en breve se nombrará un candidato único para hacerle frente a Morales, el ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes (quien también fue destituido de su cargo el año pasado en el marco del referendo revocatorio), señaló a medios bolivianos que todavía falta consolidar apoyo en otros departamentos como Oruro, Potosí y Tarija, razón por la cual se buscará acercarse a otros candidatos como el empresario Samuel Doria Medina, y René Joaquino, lo que no será tan fácil porque éstos forman el grupo denominado alterevista. Quienes se encuentran en esta posición buscan ser una alternativa al programa del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lidera Morales, pero sin cuestionarle demasiado sus principales líneas. En este sector también se encontraría el ex vicepresidente Carlos Mesa. Por ejemplo, Joaquino -alcalde de Potosí- declaró al semanario Pulso que rechaza cualquier pacto con quien represente el “neoliberalismo”. Agregó que un frente opositor es un “mensaje negativo” para la población, por lo que prefiere presentarse por cuenta propia, ya que además confía en que su proyecto de “izquierda democrática y dialogante” llevará a Morales a una segunda vuelta. Sin embargo, los últimos sondeos dan a Morales un apoyo electoral de 45%, mientras que el grado de aprobación a su gestión se sitúa en 57%. A mucha distancia, se ubica Doria Medina con 11% de apoyo. Además el actual presidente sólo pasaría a segunda vuelta si no logra más de 50% de respaldo, o no consigue 10% de diferencia sobre la segunda candidatura más votada, tal como lo señala la nueva Constitución. Esta posibilidad le da más ventaja al presidente, según explicó a la diaria el politólogo boliviano Fernando Mayorga. A pesar de que Evo tenga el rechazo del elector medio, lo cierto es que sólo con el voto del sector rural, Morales puede pasar el 50%, pero además la oposición va a tener que dividir el voto de esa clase media entre varios candidatos. Esto explica el desesperado intento de ciertos sectores de lograr un frente común para evitar, al menos, que el oficialismo no logre mayoría en la futura asamblea. Para el analista, las diferencias (más el hecho de que algunos candidatos ven en estas elecciones su última posibilidad “biológica” de poder presentarse y otros, la posibilidad de posicionarse de cara a las elecciones de 2014, en las que Evo ya no podrá competir), llevarán a que no se logre el consenso sobre un candidato común. En su opinión, este tira y afloje que a nivel internacional se puede vivir como una tensión típica de tiempos electorales es, sobre todo, una construcción mediática.

El filo de la voluntad

Donde sí se está viviendo un ambiente acalorado es en el proceso del padrón biométrico que comenzó a principios de mes con el objetivo de empadronar a casi 4 millones de bolivianos. La tensión radica en que dicho registro (que el gobierno negoció con la oposición para darle garantías sobre la transparencia de las elecciones), se debe hacer en un total de 65 días, algo que en cualquier parte del mundo podría sonar imposible pero que en Bolivia sí puede ser viable, compartió Mayorga. Según explicó el analista, un gran sector de la población boliviana (que es la que se ha visto más beneficiada por el programa del MAS) aprendió a organizarse para sobrevivir a la pobreza y generó estructuras que posibilitan y regulan la inscripción de estas comunidades rurales. Sin embargo, surgen ciertos temores. Asterio Romero, mano derecha de Morales en la dirección de los sindicatos cocaleros en la zona del Chapare, señaló a Reuters que si bien hay confianza “de ganar de nuevo”, las organizaciones deben trabajar duro y advirtió que lo que sí les preocupa “es que pese al padrón biométrico la oposición busque pretextos para desconocer la segura victoria de Evo”. Su comentario se refería a las declaraciones de algunos políticos opositores como Manfred Reyes Villa, o las del ex presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, que pusieron en duda que se pueda cumplir a tiempo con el empadronamiento y sugirieron el aplazamiento de los comicios para su plena garantía. Para Romero, es claro que algunos “están buscando formas de boicotear las elecciones, quieren que fracase el reempadronamiento que ellos mismos exigieron”. Por su parte, el vocero del gobierno, Iván Canelas, se pronunció en la misma línea al advertir que con ese tipo de comentarios algunos “están con la clara intención de postergar las elecciones, con cualquier pretexto”, pero garantizó que las elecciones se realizarán en la fecha prevista. Manifestó también que existe un “optimismo generalizado” no sólo en el gobierno sino también en la misma Corte Nacional Electoral (CNE), “a pesar de los problemas que se han presentado en algunas regiones”. Canelas aludía a las denuncias de irregularidades por parte de organizaciones sociales, sobre todo en el área rural, en la que se preveía que el registro fuera más rápido. El mayor temor surge con las Cortes Departamentales Electorales de las regiones opositoras. Por ejemplo, Comunidades Interculturales de Bolivia y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) denunciaron que la Corte del Beni estaría “boicoteando” el empadronamiento en varias comunidades indígenas de ese departamento, apuntó Prensa Latina. El propio presidente Evo Morales ha denunciado obstáculos, pero instó a separar la voluntad de la CNE con la de “algunos operarios”, ya que la entidad le ha expresado su anhelo de cumplir con el empadronamiento a tiempo, expresó Morales. De todos modos, aprovechó a instar a la población y las organizaciones sociales que denuncien cualquier dificultad en que se encuentren, ya que para ello se han establecido líneas telefónicas. Por su parte el vicepresidente, Álvaro García Linera, fue menos diplomático. Durante una conferencia de prensa mostró un cartel escrito a mano y con un sello de la CNE que fue encontrado en Cochabamba y que señalaba que “de acuerdo al artículo 153 de Código Electoral, las personas mayores de 70 años no tienen la obligación de empadronarse ni votar”. Al respecto, García Linera advirtió que dicho artículo “establece que las personas mayores de 70 años no tendrán sanción si no votan”, que es diferente, y apeló a un diccionario de la Lengua Española para explicar que la “obligación” es “una exigencia moral que debe regir la voluntad libre, y la “sanción” es una pena o castigo que una ley o reglamento establece”. Punto seguido subrayó que todos los bolivianos tienen la obligación moral de inscribirse y mandó a la CNE a corregir tales “errores lingüísticos”. ■