Atrás parecieron quedar las rispideces, los cuestionamientos a la imparcialidad, y la retórica nacionalista con la que la dictadura de Honduras se justificaba para impedir que una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) se hiciera presente en el país. Ayer, al finalizar la visita que desde el lunes realizaba una delegación de la OEA, los halagos les ganaron a las críticas que desde hacía días propinaba el régimen golpista. El blanco de los ataques del gobernante de facto Roberto Micheletti -que desde el 28 de junio está al frente del régimen que derrocó de su cargo al presidente Manuel Zelaya- había sido el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a quien acusaba de favorecer a Zelaya en el conflicto hondureño. Dado que el secretario general del organismo era integrante de la delegación que viajó a Honduras, los golpistas habían retrasado la visita, que finalmente tuvo lugar esta semana. “Al señor Insulza le pido disculpas, le hablo honestamente, de todo corazón, yo siento que usted es el secretario general”, afirmó Micheletti, quien dijo haberse sentido “dolorido” porque Insulza no se había reunido con sus representantes cuando visitó Honduras el pasado mes de julio. “Sin embargo, hoy lo recibimos con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto y con toda la admiración por su lucha en la OEA”, añadió Micheletti, aunque no por eso aceptó los términos del acuerdo que le habían propuesto los cancilleres de la delegación. La misión de la OEA tenía como cometido que fuera aceptado por el régimen el pacto conocido como Acuerdo de San José, que surgió de la mediación entre el gobierno constitucional y el de facto que asumió el presidente costarricense, Óscar Arias.
Esto fue “lamentado” por los integrantes de la delegación, que instaron a “todos los sectores de la sociedad hondureña a considerar favorablemente la suscripción del Acuerdo de San José que [...] contiene los elementos necesarios para el diálogo y la reconciliación, para la restauración del orden constitucional y el Estado de Derecho”. En apoyo a la misión, el gobierno estadounidense decidió suspender a partir de hoy la emisión de visados para hondureños no inmigrantes y casos de no emergencia, según indicó ayer el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly. Esta decisión fue adoptada como “consecuencia de la renuencia del régimen de facto de Honduras a firmar el Acuerdo de San José”, afirmó Kelly, quien reiteró el apoyo de su gobierno al plan impulsado por Arias. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch emitió un comunicado pidiendo a Washington que implemente medidas de presión específicamente destinadas contra los funcionarios golpistas, como congelar sus cuentas personales en Estados Unidos. También el juez español Baltasar Garzón, que ayer participó en Honduras en un foro sobre “Evolución del Derecho Penal Internacional frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos”, se pronunció sobre la situación de ese país. “A mí no me cabe en la cabeza, a mis 53 años, que haya una forma diferente de entender las cosas que dentro de las vías democráticas”, afirmó Garzón, y añadió que no podía estar de acuerdo “con un anacronismo” como era un golpe de Estado. Según la agencia EFE Garzón declaró: “No puedo estar de acuerdo con ello, no lo estuve en la época del franquismo de España, no lo estuve con posterioridad, no lo estoy ahora, pues en este caso hablo con la autoridad que me da ser ciudadano español, que sufrió durante muchos años una dictadura”. ■