Al culminar su primera semana en Buenos Aires, el ex coronel Manuel Cordero ya tiene quien lo defienda. En la particular cartera de clientes de Eduardo Sinforano San Emeterio, sobresalen los nombres del ex represor Juan Carlos De Marchi (condenado por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Corrientes), de la apologista del terrorismo de Estado argentino Cecilia Pando y del hoy primer militar uruguayo extraditado por violaciones a los derechos humanos, en este caso por requerimiento de la justicia argentina.

Que Sinforano asuma la defensa de personajes con semejante prontuario no es casual. En 1971 ingresó al Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) para luego pasar a ser el chofer del general Otto Paladino, el jefe del centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, el campo donde se concentraba fundamentalmente a los detenidos extranjeros que caían en Buenos Aires, en su mayoría uruguayos. Hacia fines de 1976 ingresó al grupo de tareas 4 (dependiente del Servicio de Informaciones de la Fuerza Aérea argentina) para luego, tras la disolución de éste, en 1979, volver a la SIDE. En 1980 comenzó los estudios de Derecho en la Universidad de Belgrano.

Luego de tanta agua bajo el puente, las vueltas de la vida ven hoy a Sinforano defendiendo a su ex secuaz Cordero, también conocido como “303” o “303 Carlos” por ser el tercer jefe del centro de torturas. Pasados los primeros días de desconcierto y resignación, “303 Carlos” logró 48 horas de calma en una cama del Hospital Militar Central gracias a los buenos contactos que tiene su patrocinante en los ámbitos castrenses.

En dicho nosocomio se le estarían realizando los estudios solicitados por el juzgado a fin de determinar su real estado de salud y resolver en qué unidad quedará finalmente detenido a la espera de su juicio.

En tal instancia, uno de los tantos querellantes que tiene la causa Plan Cóndor y en la que está imputado Cordero es el Centro de Estudios Legales y Sociales, cuyos letrados patrocinan a los familiares de María Emilia Islas de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernández y Juan Pablo Recagno Ibarburu, todos secuestrados y desaparecidos en Argentina.

En torno a Cordero todo es hermetismo. Más aun cuando se intenta acceder a una información, aunque más no sea que un simple dato. En el hospital en el que está alojado se rehúsan a dar detalle sobre el paciente: derivan al interesado al área de prensa del Estado Mayor General del Ejército argentino, en donde, comportándose con toda corrección, esgrimen las disculpas del caso y solicitan dirigirse al Juzgado Criminal y Correccional Nº 7. Allí los teléfonos suenan sin que nadie los atienda, un poco a causa de la feria judicial y otro tanto para bajar los niveles de exposición a los que se ha visto (y se verá) sometido el subrogante juez Norberto Oyarbide.