Fernández fue citado a instancias de la oposición para echar luz sobre dos aspectos. En 2006 y en el marco de la denominada ley concursal que estaba siendo redactada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fernández aconsejó no derogar el artículo 76, pero “omitió” decir que él mismo lo había sugerido por escrito en un informe jurídico. También, que la iniciativa original llegó a sus manos sin esta propuesta.

“Está todo suficientemente claro. Fue muy breve. Mañana tendrán la versión taquigráfica, pueden extraer las conclusiones”, dijo Fernández al ser abordado por la prensa. “Lo cierto, lo real y lo concreto es que luego de la única oportunidad que tuve de examinar y tomar contacto con el proyecto de ley final, en razón del cargo que desempeñaba -en agosto de 2006-, la opinión o consejo que di fue no derogar el artículo 76”, dijo el ex canciller en su anterior comparecencia, según consta en versión taquigráfica.

Por ese motivo acudieron también dos asesores del MEF, Ana María Segovia y Javier Gomensoro, quienes participaron en el proceso de elaboración de la ley. “El doctor Fernández no recordaba ese informe jurídico. Pero la abogada jefa [Segovia] dijo que la sugerencia de derogación no provino de Jurídica de Presidencia sino que era a Fernández a quien por natural formación en materia de derecho penal le confiaban todos los temas de esa índole”, declaró el senador blanco Carlos Moreira.

Su par frenteamplista Mónica Xavier consideró que “sobre esto habrá diferentes opiniones” pero “es inequívoco que cuando hubo que votar y pudo tener consecuencias la derogación el doctor Gonzalo Fernández fue quien advirtió al Poder Legislativo que no lo hiciera, porque podía conllevar una liberación en aquel momento, en 2006”. En 2008, durante la sesión parlamentaria que votó la derogación, Fernández advirtió por teléfono al diputado blanco Álvaro Lorenzo que “no pasaría nada” con el caso de los hermanos Peirano porque había cambiado de carátula y la fiscal había pedido procesamiento por otro delito.

“Si existieron eventuales contradicciones como dice la oposición fue porque hubo algunos elementos en archivos del Ejecutivo que obviamente nadie tiene en su poder y, como cualquier proyecto, puede tener idas y vueltas”, concluyó Xavier. En aquella conversación telefónica Fernández también afirmó que la ley 2.230 “no se había aplicado nunca en los anales de la jurídica uruguaya” y que por ende la derogación del artículo 76 no afectaría otros casos.

Complicado y aturdido

El segundo aspecto por el que fue citado Fernández fue por la publicación de Brecha, dos semanas atrás, en la que se señalaba que el ex secretario de la Presidencia tenía una clienta que fue procesada en octubre de 2007 por el artículo 43 de la ley 2.230. En ese sentido, Moreira indicó que el ex jerarca “dio un informe técnico”, pero que los integrantes de la comisión quedan a la espera de la respuesta de la Suprema Corte de Justicia, a la que el martes pasado enviaron una nota solicitándole datos sobre la cantidad de procesamientos por la ley 2.230 desde 2000 y en qué situación se encuentran actualmente.

Sobre este punto el senador colorado Ope Pasquet explicó a la diaria que Fernández “se confundió” porque se trataba de “un caso complejo”. “Según explicó, en primera instancia su clienta fue absuelta, en segunda fue condenada, pero finalmente el Tribunal de Apelaciones la eximió del delito de insolvencia societaria fraudulenta y la condenó por el artículo 43 de la ley 2.230”, detalló Pasquet. “Se confundió con esto, se olvidó de decir que defendía a [Juan Domingo] Ratti y también se olvidó del informe jurídico porque no guardó copia de los miles que hizo”, concluyó.

El martes se volverá a reunir la comisión por última vez para realizar las consideraciones finales, y en dos semanas convocará a una sesión extraordinaria del plenario a la que, seguramente, se llegará con dos informes, uno del oficialismo y otro de la oposición.