La norma que anula las bonificaciones económicas a policías y militares era rechazada por los grupos que participaron del levantamiento del jueves contra el gobierno de Rafael Correa. El proyecto original de la Ley de Servicio Público retiraba bonificaciones a los trabajadores estatales, excepto a militares y policías. Esta excepción fue vetada la semana pasada por Correa y aunque en la noche del domingo asambleístas opositores y oficialistas hicieron un último intento para levantar el veto, ayer se venció el plazo para hacerlo sin que lo lograran. Por eso ayer la ley se aprobó en forma automática.

El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, Fernando Bustamante, indicó a la agencia de noticias EFE que no se llamó al diálogo porque “bajo la coacción y la fuerza no es posible pensar en ningún diálogo sobre nada”.

Entre las bonificaciones que pierden con la nueva ley las fuerzas de seguridad se incluye una que equivale a un salario extra, que recibían cuando cumplían 15 años de servicio, y otra de dos salarios, al cumplir 20 años. El legislador independiente Jimmy Pinoargote consideró que era necesario hacer la excepción que vetó Correa, porque los policías y los militares “no son el burócrata que está sentado en su escritorio, que está atendiendo gente. El policía arriesga su vida, trabaja más del tiempo adecuado”. El gobierno asegura que con los aumentos de sueldo a policías y militares durante su administración se compensa la pérdida de las bonificaciones.

La ministra de Política, Doris Soliz, señaló ayer al diario ecuatoriano La Hora que el presidente Correa descartó la posibilidad de disolver la Asamblea y llamar a elecciones generales. La posibilidad de “muerte cruzada”, una figura contemplada en la Constitución, había surgido el miércoles, cuando los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo parecían no permitir la aprobación de la ley, que entrará en vigor cuando sea publicada en el Registro Oficial.

En entrevista con la agencia de noticias AFP, la ministra señaló que la oposición mantuvo un “silencio cómplice” durante los hechos del jueves y sostuvo que los partidos Sociedad Patriótica, del derrocado ex presidente Lucio Gutiérrez, y el Movimiento Popular Democrático, de extrema izquierda, participaron activamente en el levantamiento, considerado por el gobierno un intento de golpe de Estado.

Soliz aseguró que disponen de imágenes que muestran a dirigentes de estos sectores “dirigiendo los actos” y “agitando desde camionetas de la Policía”, en una actitud que definió como “oportunista y mezquina, que confirma sus posturas antidemocráticas”.

La ministra destacó la posición del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, un fuerte opositor a Correa, que “dio una muestra de madurez” al manifestar que nada “puede resolverse con violencia”.

El estado de excepción que fue decretado el jueves -cuando el presidente permaneció todo el día aislado en el Hospital Policial de Quito luego de ser agredido por los policías que protestaban contra la ley- regiría durante una semana, pero ayer el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, indicó que “en principio” se podría volver a la normalidad hoy, luego de hacer un análisis de la situación.

Ayer Correa volvió a participar en la ceremonia de cambio de guardia de la sede presidencial, el Palacio Carondelet. Aun así, informó la prensa local, su participación fue acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó francotiradores en los tejados.