En 2008, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Penal del vecino país por presuntas irregularidades en la importación de vehículos libres de impuestos por parte de diplomáticos de las embajadas de Uruguay, Chile, Cuba, Bolivia, Perú, Ecuador, Rusia, Bielorrusia, Paquistán, Armenia, Nigeria y Marruecos. La denuncia surgió a raíz de una auditoría interna que realizó el Departamento de Franquicias de la cancillería del vecino país, que concluyó que entre 2004 y 2007 los diplomáticos importaron automóviles con beneficios impositivos de hasta el 58% de su valor para luego venderlos a precio de mercado. Uruguay y Argentina habían firmado durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Carlos Menem notas reversales que habilitaban a los diplomáticos a comprar vehículos libres de impuestos y venderlos luego de transcurridos 90 días a costo de mercado.

La situación involucraba a varios funcionarios de la sede diplomática uruguaya en ese período, incluyendo a los embajadores Alberto Volonté (del Partido Nacional, designado por el ex presidente colorado Jorge Batlle, que se desempeñó como tal entre 2000 y 2005) y Francisco Bustillo (también del Partido Nacional, designado por el ex presidente frenteamplista Tabaré Vázquez en 2005). Bustillo dejó la embajada en 2009 y actualmente se desempeña como jefe de gabinete del canciller Luis Almagro.

A raíz de la denuncia del gobierno argentino, en febrero de 2008 el canciller Reinaldo Gargano ordenó a Bustillo anular las notas reversales entre ambos países que habilitaban esta situación. En tres oportunidades la cancillería uruguaya ratificó la inmunidad diplomática de todos los funcionarios involucrados, que los libra de ser indagados por la Justicia: durante las gestiones de Gonzalo Fernández, Pedro Vaz y la actual de Almagro. Todas las decisiones se tomaron a raíz de informes jurídicos y políticos. Las fuentes enfatizaron que “no se trata de impunidad sino de inmunidad”, y que se sigue de esta forma “una posición histórica no sólo de Uruguay sino de todos los países” en atención a lo dispuesto en la Convención de Viena (que regula precisamente la inmunidad)”, que prevé la protección del diplomático “frente al peso del otro Estado” y garantiza su trabajo “con total independencia del poder del otro Estado”.

Jurídica y ética

Dos semanas atrás, la división Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores finalizó la investigación administrativa interna sobre el tema y entregó los resultados al canciller. Se concluye que los funcionarios hicieron en algunos casos “un uso exagerado de esos beneficios”, pero que no violaron ninguna norma nacional ni internacional, ni tampoco se saltearon ningún trámite en la cancillería, la aduana o la impositiva del vecino país. “Las notas reversales vigentes se prestaban para todos los excesos, porque permitían la importación de un auto por año para los funcionarios en general y dos por año para los embajadores”, advirtieron las fuentes. Precisamente, la investigación constata que durante su gestión, Volonté importó y vendió once autos, y Bustillo, tres. Más allá de que no se violaron normas en el proceso, y de que las autoridades del ministerio no tomarán ninguna medida contra Bustillo porque estaba amparado por la normativa vigente, se proyecta para el año próximo establecer límites más estrictos al uso de franquicias para todos los funcionarios diplomáticos radicados en el exterior. Concretamente, se piensa en la posibilidad de permitir importar sólo un auto por embajador, con opción a dos, indicaron las fuentes.

No obstante, las autoridades del ministerio entienden que en el caso de Bustillo, hay un “ensañamiento particular” de sus pares argentinos, por el papel que le cupo en las negociaciones por la planta de celulosa de UPM (ex Botnia), ya que fue la persona que el ministerio “mandó al choque” con el vecino país.